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    La “caja militar”

    Sr. director:

    El Servicio de Retiros y Pensiones de las FF.AA., alias Caja Militar. La ajustada presentación jurídica que sigue tiene por objeto ubicar el motivo del presente escrito.

    Este servicio estatal tiene su origen en la Ley 3739 del 24 de febrero de 1911. Se le confiere personería jurídica el 12 de noviembre de 1942 por el decreto ley 10.273 con dependencia del MDN. Actualmente es la Unidad Ejecutora UE 035 (con funciones específicas) del inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”. Su denominación oficial actual es Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA).

    La razón medular de esta publicación se puede resumir apelando a la conocida frase: “llamemos a las cosas por su nombre”, lo que simplemente significa proceder con honestidad en la comunicación, evitando la ambigüedad y la reticencia.

    Cubriendo ya muy largo período (se pierde la noción de tiempo cuando algún vocablo se ha incorporado en el uso y costumbre de la población), prácticamente todos los estamentos de nuestra sociedad —políticos y periodísticos, principalmente— que tratan aspectos de la seguridad social militar lo hacen, indefectiblemente, refiriéndose a ella como la “Caja Militar” y dejando, además, subyacente la sensación de que este organismo es una suerte de inductor y origen de otras problemáticas sociales.

    La asignación de tal “título” deambula entre un eufemismo y un prioritario sofisma, pero ambos desorientadores para el común de la gente consumidora de noticias. En efecto, cuando aparecen grandes titulares denunciando déficits financieros de cualquier tipo, orden, volumen, y en área pública o privada, allí, aunque más no sea en algún renglón final o disimulado tono de voz emerge la mención a la famosa “Caja Militar”. Y no solo ocurre con referencia a su nombre (que sería lo menor para el caso), sino sustantivamente —reiteramos— la citan directa o indirectamente como parte causante del eventual nuevo problema económico surgido.

    Ahora bien, a raíz de una reciente entrevista de la diaria” (10 de junio de 2025) a la ministra de Defensa Nacional señora Sandra Lazo, podríamos rescatar una cuota de objetividad sobre los señalamientos anteriores. Y al respecto, me adelanto a reformular la frase referida al inicio: “llamemos a las cosas por su nombre y pongámoslas en su verdadero lugar”.

    De hecho, varias expresiones de la jerarca tienen una sola y sencilla lectura, veamos algunas:

    Partiendo de la última transferencia al SRPFFAA (583,5 millones de dólares) aprobada por el gobierno a comienzos de junio de este año, la ministra nos trajo enfáticamente a la memoria —al acentuar— que la entidad es una “prestación exclusivamente estatal”. Lo que deja en claro su carencia legal de autonomía económica y financiera en la gestión de las prestaciones que atiende.

    Enseguida, en el mismo orden objetó: “Es muy sencillo salir con titulares de que se colocó una inyección de tanto o cuánto dinero a la caja militar si no sabemos de qué estamos hablando”.

    Y agregó a continuación: “Esta semana vamos a propiciar una reunión entre los integrantes de la caja militar y el ámbito civil del ministerio para comprender de qué estamos hablando y así transparentarlo hacia la sociedad”.

    Finalmente, a modo de inferencia, remarca lo que se puede calificar como un novedoso matiz: “ejercer pedagogía ciudadana”; obviamente, refiriéndose a cuando se trate cualquier asunto vinculado al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

    Por último, aguardemos que estas exteriorizaciones de la ministra se conjuguen con las respectivas acciones.

    Saluda a usted atentamente.

    Coronel Carlos O. Angelero