Sr. director:
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáExiste una importante controversia en torno a la problemática de la caja profesional, sus causas, las responsabilidades de los distintos actores y las posibles soluciones.
En el acta de la sesión de directorio de fecha 8 mayo de 2025, se encuentran expresiones del director designado por el Poder Ejecutivo Dr. Rodríguez Azcue sobre el actual gobierno: “Su equipo económico está integrado por aquellos cuadros del Cr. Danilo Astori, que tuvieron 15 años de gestión, los más brillantes de la historia (...) En cada lugar de trabajo del gobierno hay un cuadro del equipo del Cr. Astori y un cuadro del equipo del ministro Oddone (...) ese equipo de gobierno, que fue el más prestigioso en la historia del Uruguay”.
No estoy en condiciones de validar ni refutar tales aseveraciones, pero sí me interesa tomarlas como ciertas para preguntarme cómo fue que resultó posible que tal contexto de excelencia en materia de conducción económica no se trasladara de forma alguna a la institución, a través de los directores designados por el Poder Ejecutivo.
Dentro de los 15 años de gobierno indicados por el señor director Rodríguez tenemos casi siete, los más cercanos en el tiempo, en que los directores designados por él fueron el Dr. Ariel Nicoliello y la economista Adriana Vernengo, ambos investidos durante la presidencia de José Mujica.
Habiendo observado las actas de tal período, yo no pude identificar ni una sola propuesta por parte de ellos para mejorar los ingresos de la caja profesional. En tal período, en que hubo más de 5.500 resoluciones, se puede observar que en solo 11 de ellas los delegados del Poder Ejecutivo quedaron en minoría; sin duda coparticiparon en el rumbo de la institución.
Una sola de esas 11 resoluciones presentaba impacto económico, muy menor: se opusieron a una contribución que la caja resolvió mantener (2 de julio de 2014) para una asociación que brindaba (entre otras actividades) clases de gimnasia a pasivos de la caja profesional.
En sentido contrario y con mayor impacto económico, ambos sí votaron afirmativamente (3 setiembre de 2014, 22 de junio de 2016 y 27 de setiembre de 2018) la renovación por dos años de ajustes por encima del mínimo legal en prestaciones que la ley, en su artículo 106, habilita, siempre que estuvieran dadas las condiciones económicas para ello; en ninguna de estas tres instancias hubo votos negativos por parte de algún director.
Respecto a la Ec. Vernengo se puede agregar que no fue aportante a la caja profesional,1 aunque su remuneración como directora le permitía con total holgura pagar la mensualidad en cualquiera de las 10 categorías existentes. A pesar de ello, increíblemente en la sesión del 16 agosto de 2018 opinó: “La detención en 2da. tiene que ver con la miopía, las personas no piensan en el futuro y prefieren pagar menos ahora.” Era más productivo reflexionar sobre la situación que adjetivar a los perjudicados por esta.
Desde la detención mencionada hasta el abandono (declaración jurada de no ejercicio) fueron las opciones que muchos profesionales no tuvieron más remedio que tomar ante la imposibilidad de seguir aportando con base en una escala de sueldos fictos que en absoluto se condecía con sus ingresos y crecientes obligaciones, entre otras, algunas de carácter impositivo creadas en el mismo período de enunciada brillantez respecto a la conducción económica.
Hoy, parece existir consenso en eliminar el descalce existente entre los ingresos por timbres profesionales2 que ajustan por IPC, mientras que las prestaciones ajustan por IMSN, tal erosión fue evidente en los dos últimos ejercicios y se podría considerar una temática propia, aunque no exclusiva, de los economistas. Resulta penoso haber perdido tanto tiempo (¡e ingresos!), especialmente cuando el tema fue claramente señalado en el seno del directorio el 17 de octubre de 2019 al presentarse el Rep. N.º 402/2019 elaborado por la Asesoría Técnica de Planificación y Control de la Gestión.
También es de destacar que el Cr. Omar Sueiro, quien fuera director de la CJPPU designado en el gobierno de Tabaré Vázquez, publicó sobre este mismo asunto una nota en abril de 20233 cuyo título fue: “Un problema creado por el Estado que debe y puede solucionar el Estado”.
Reconozco que no tengo una respuesta clara a la pregunta inicial, para llegar a ella debería realizar especulaciones. Prefiero apostar a que en estas horas finales del plazo convenido exista transparencia y real vocación de encontrar soluciones para una institución que enfrenta dificultades similares a las de todos los sistemas previsionales.
Atentos saludos.
Fernando Bengochea
Afiliado CJPPU N.º 37636, jubilado.
1. El proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo parece querer enmendar (ex-post) esta situación: “Los profesionales representantes del Poder Ejecutivo podrán ser activos, con o sin declaración de ejercicio, o jubilados”. Considero que, si el fundamento es que dan preferencia a la idoneidad y/o capacidad frente a la pertenencia, podrían incluso haber sido algo más audaces; ejemplos de personas sin título universitario pero con trayectorias y logros destacados tenemos desde Leonel Viera, en el ámbito nacional, hasta Frank Lloyd Wright, en el internacional.
2. Considero oportuno remarcar que los timbres, además de ser el equivalente o sustituto del aporte patronal, solo recaen en quienes requieren los servicios en alguna (no todas) de las ramas profesionales y no de toda la sociedad, como se sigue expresando por parte de ciertos actores por error o mala intención.