La denuncia contra el director de AFE, Robert Bouvier

Debo decir que su análisis resulta superficial, incompleto y jurídicamente insuficiente. No alcanza con citar una excepción prevista en el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución; es imprescindible analizar el contexto en el que ocurrieron los hechos. El derecho constitucional no se interpreta aislando una frase de la norma e ignorando la realidad sobre la que debe aplicarse.

Los propios organizadores identificaron la actividad como un encuentro político de los sectores Vamos Uruguay y Ciudadanos del Partido Colorado. Todos los dirigentes realizaron discursos de naturaleza político-partidaria. La única excepción fue el momento en que Pablo Lanz presentó a Robert Bouvier, precisamente porque conocían las limitaciones constitucionales que pesan sobre quien integra el directorio de un ente autónomo, dijo: “esto no es una reunión política”, justo después de arengar al partido colorado e iniciar su discurso con carácter político.

La excepción prevista en el artículo 77 numeral 4 de la Constitución refiere a la concurrencia de directores a organismos partidarios cuyo cometido específico sea el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración. Esa excepción jamás puede utilizarse para justificar la participación en actos políticos abiertos, con militancia, prensa, discursos y posicionamientos partidarios.

Existe una diferencia evidente entre concurrir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado o a otro organismo técnico de elaboración programática, y asistir a un acto político ante una multitud. En el primero se estudian políticas públicas; en el segundo se hace política partidaria.

Por eso resulta equivocado el análisis del señor Villaamil. Omite el contexto, que es precisamente el elemento que permite determinar la verdadera naturaleza jurídica del evento.

Respecto al audio mencionado por Robert Bouvier, corresponde hacer una precisión. Si efectivamente existe un audio que considera favorable a su posición, lo razonable sería que lo aporte íntegramente a la Jutep para que forme parte del expediente y sea valorado por el organismo.

Sin embargo, ese audio resulta irrelevante para el núcleo de mi denuncia. No necesito un audio para demostrar la naturaleza política del acto. Su sola presencia en un evento de esas características (con banderas, micrófonos, prensa y correligionarios dando discursos políticos) constituye el hecho que debe analizarse.

Como suele decirse coloquialmente: si tiene cuatro patas, cola, bigotes y maúlla, difícilmente pueda sostenerse que no es un gato.

A ello se suma un elemento particularmente preocupante. El periodista Mauricio Sanner manifestó públicamente, durante una emisión de Radio 89.3, de Florida, que Robert Bouvier expresó que AFE era “un club de pastabaseros”.

Si ello efectivamente ocurrió, queda demostrado que no estaba realizando un informe técnico sobre la gestión de AFE. Estaba realizando una valoración política en un acto político.

Pero además, esas expresiones merecen un profundo rechazo por otra razón. Estigmatizan a personas que padecen consumo problemático de drogas, reduciendo una realidad compleja y dolorosa a un insulto político.

Cabe preguntarse cuántas de esas personas habrían tenido otra oportunidad en la vida si hubieran contado con un empleo digno, estabilidad económica y posibilidades reales de desarrollo.

Es inevitable contrastar esa realidad con la situación de AFE, en la que el propio Robert Bouvier reconoció públicamente su amistad con Pablo Lanz y, posteriormente, este fue contratado directamente por el organismo una vez finalizado el subsidio de $ 375.000 correspondiente a su anterior cargo político; a su amigo lo contrató con una remuneración cercana a los $ 160.000 mensuales, con dinero de los impuestos de doña María y don José. Ese y otros antecedentes vinculados a contrataciones, asesores y utilización de recursos públicos serán analizados para determinar si corresponde promover nuevas actuaciones ante la Jutep u otros organismos competentes.

AFE no atraviesa su difícil situación por culpa de quienes sufren adicciones. La atraviesa como consecuencia de años de malas decisiones administrativas y políticas. Mientras tanto, quienes realmente tienen responsabilidades de conducción parecen encontrar siempre espacio para contratar amigos, crear cargos de confianza o aumentar la estructura política del organismo.

Finalmente, será la Jutep quien analice los hechos y emita el informe que corresponda, o se intente deslindar por razones de incapacidad estructural debido a su bajo presupuesto. A partir de allí, serán los órganos constitucionalmente competentes quienes deberán evaluar las eventuales consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de esos hechos conforme al ordenamiento vigente.

Mi denuncia nunca tuvo como objetivo una persona en particular. Tiene como finalidad defender un principio republicano: que quienes ejercen funciones de dirección en el Estado respeten los límites que la propia Constitución les impone.

La Constitución no es un adorno ni una recomendación. Es la norma suprema que limita el ejercicio del poder y protege la neutralidad de quienes administran el Estado. Quien acepta integrar el directorio de un ente autónomo también acepta las restricciones constitucionales propias de ese cargo.

Y si, además de participar en un acto de evidente naturaleza político-partidaria, se utilizan expresiones que estigmatizan a personas en situación de vulnerabilidad por sus adicciones, el problema deja de ser únicamente constitucional. También es un problema ético, humano y político.

Los uruguayos merecen autoridades que respeten la Constitución. Pero también merecen autoridades que comprendan que detrás de cada persona con una adicción existe una historia de sufrimiento que nunca debería transformarse en un agravio pronunciado desde una posición de poder.

Juan Esequiel Ibarra Álvarez