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La controvertida decisión del Poder Ejecutivo de designar a un contralmirante del Cuerpo de Prefectura como comandante en jefe de la Armada ha dividido las aguas en la interna de la Fuerza. Si bien, para quien escribe, esta designación es una clara contravención a lo establecido en la Ley Orgánica de la Armada, inexorablemente su tratamiento caerá en el complejo y subjetivo ámbito de las interpretaciones donde cada postura argumentará basándose en “la mitad” de la biblioteca más favorable a los intereses. Alguien dijo alguna vez a su Departamento de Asesoría Legal, “yo ya sé lo que no puedo hacer, su trabajo es justificar legalmente lo que sí quiero hacer”. Tal parece que este singular concepto puede haber inspirado a los letrados que asesoraron al Poder Ejecutivo, emplear esa mitad de la biblioteca, esa palabra ambigua o ese concepto amplio que empleó el redactor —en este caso, de la Ley Orgánica de las FF.AA.—, para concluir lo que quieren o necesitan que se concluya. Es como esa sarcástica frase marinera empleada cuando se quiere arribar a una decisión preconcebida, “empezar el cálculo de corte de estrellas para atrás a partir del punto donde se quiere estar”, y, si a esto se le suma la conveniente aplicación de aquel tan célebre como vergonzoso concepto de que “a veces lo político está por encima de lo jurídico”, frase que reflejaba el desprecio por las normas que tenía un expresidente al que se le perdonaba cualquier dislate o desvarío mental, el resultado no puede ser otro que esta polémica y discutible designación que, como ya varios han expresado, no se relaciona con la persona del contralmirante designado ni con su reconocido profesionalismo en su área de especialidad que es la Policía Marítima… no la guerra naval y todo lo que significa su alistamiento en tiempos de paz.
Tampoco se cuestiona al Cuerpo de Prefectura, imprescindible componente del poder marítimo de la nación. Desde el momento mismo de la designación, destacados especialistas en la materia han generado informes críticos muy precisos desde el punto de vista legal, refiriéndose no solo a las frías palabras de los artículos de las leyes, sino a la interpretación de su espíritu, citando para ello a relevantes juristas contemporáneos, así que no ahondaré en este aspecto, pero sabiendo que cuando inevitablemente se planteen formalmente los reclamos, las discusiones serán eternas, es la especialidad de los políticos, se interpelará, se contraargumentará, la batalla será en el ámbito legal dejando de lado algo conceptual que es tal vez más importante y que en realidad motiva este escrito. ¿La clase política quiere una Armada? Es más, ¿quiere Fuerzas Armadas? ¿Entiende, acaso, que un país que se precie de soberano debe estar al menos en “disposición“ de defender por la fuerza, si es necesario, a su territorio y a su gente? ¿Entiende la clase política que, de lo contrario, no somos una nación soberana, sino un simple pedazo de tierra con gente arriba? ¿O acaso aplicarán la doctrina Tabaré Vázquez cuando el conflicto de los puentes, amenazando con pedir ayuda militar a los Estados Unidos? ¿Entiende el poder político que la redacción de la misión de la Armada dice “(…) Defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país” y que esa palabra, “defensa”, implica llegar a la acción directa en caso de agresión o bien “disuadir” para prevenir posibles agresiones? Sobre esto último, ¿saben los políticos que la disuasión es el producto de capacidad, multiplicado por disposición a emplear medios militares y que es un “producto” no una suma, lo que significa que, si algún factor es cero, el resultado es cero?
Son propios de resignados e ignorantes los conceptos “somos chicos y duramos cinco minutos en un enfrentamiento bélico” o “¿contra quién nos vamos a pelear?”. No pasa por ahí, no estar en disposición política de defender militarmente lo nuestro no es solo resignar nuestra soberanía, es resignar nuestra dignidad, así duremos esos cinco minutos que los que ideológica y conceptualmente contrarios a las Fuerzas Armada dicen cada tanto. Pero para que ello no suceda, la conducción de las Fuerzas desde el nivel político para abajo debe ser absolutamente profesional, no se debe ni improvisar un ministro de Defensa normalmente designado por cuota político partidaria o por confianza, ni un comandante en jefe, ya que el primero debe tener clara cuál es la política de Defensa del país basada en las verdaderas hipótesis de conflicto y en la capacidad de los medios de que se puede disponer, y el segundo, “operacionalizarla” y asesorar profesionalmente, para lo cual debe ser idóneo en el manejo técnico profesional y táctico de los medios navales, en este caso, y esto no se logra emitiendo un despacho de designación, sino que se basa en una sólida carrera de más de 35 años donde se haya adquirido más experiencia de Comando de Unidades de Línea que en despachos y escritorios, en cursos de especialización en operaciones de guerra naval, en interoperabilidad militar con sus pares y, fundamentalmente, en planificar y conducir en diferentes etapas de su carrera operaciones con los tres componentes del Poder Naval.
El poder político tiene que entender que una Fuerza Armada no es ni un ente ni un organismo público donde su presidente o director es 100% político y se maneja con mandos medios asesores, ni es un burócrata prolijo en el manejo de los papeles y los rubros, un comandante militar, manda él, y para ello debe saber de qué se trata. Insistimos una vez más, estos conceptos no van en desmedro del señor contralmirante designado ni del Cuerpo al que pertenece, pretenden ser un sinceramiento profesional, el mismo que debe tener la clase política... Y aquí vuelvo a lo del principio: ¿la clase política quiere Fuerzas Armadas o quiere una Guardia Nacional? ¿Quieren FF.AA. para apagar incendios forestales, evacuar inundados, rescatar náufragos o cocinar cuando hace frío? Si es solo para eso, son carísimas. El poder político debe tener coraje y ser claro y no “policializar” a las Fuerzas Armadas con decisiones y acciones que, solapadamente y por la vía de los hechos, inevitablemente conduzcan a ello. ¿Es el gobierno independiente a la hora de definir a sus FF.AA. o es un obediente rehén del rol que para ellas quieren los nuevos órdenes mundiales? Las Fuerzas Armadas nunca darán superávit financiero ni ganancias materiales, darán ganancia en soberanía y en dignidad a la nación.
