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Un tema importante por estos días es la propuesta de Ley de Presupuesto Nacional presentada por el gobierno electo y a consideración de nuestro Parlamento. Esta ley es de las más importantes porque concentra en un solo instrumento la planificación financiera del Estado y define en gran medida la política pública para todo el período de gobierno.
El Presupuesto Nacional prevé cuánto se gastará e invertirá, en qué y cómo se financiarán ese gasto y esa inversión (cuánto con impuestos y cuánto con deuda pública). Por tanto, sirve como herramienta de control por parte del Parlamento y de la ciudadanía. Una vez aprobado, su cumplimiento es obligatorio para toda la administración pública.
Visto desde la perspectiva de los cuidados que el Estado brinda a sus ciudadanos, el Presupuesto Nacional es como una frazada que los abriga. Esta puede ser más amplia y más gruesa (mayor nivel de gasto o mejor asignado), y de este modo proporcionará más calor, o más estrecha y más fina (menor nivel de gasto o peor asignado), no pudiendo cuidar a satisfacción en los momentos de mayor necesidad. Si es más estrecha, además, lo más probable es que no alcance a cubrir a todos y algunos permanezcan a la intemperie. En este caso pasa lo que ya conocemos con las frazadas cortas: la subimos para taparnos el cuello y la cabeza y se nos destapan los pies.
Cada país, como cada familia, tiene que determinar responsablemente su presupuesto (elegir su frazada). No es razonable que se proponga gastar lo que quiere, sino lo que puede. Y si necesita endeudarse lo hará, pero hasta cierto punto en el que la deuda sea repagable, porque de lo contrario la penuria será aún mayor en el futuro.
Actuar en forma responsable es priorizar. Pocas personas pueden darse todos los gustos. La mayoría no puede. Y por tanto tiene que elegir en qué gastará o invertirá. Lo prudente es que lo haga primero en lo más importante y lo más urgente. Tal como debe hacer el Estado a través del Presupuesto Nacional.
Así, entonces, la propuesta de Presupuesto presentada hace unos días por el gobierno al Parlamento es la expresión del proyecto de gobierno con sus respectivas prioridades. Y, en grandes líneas, esa expresión no propone grandes transformaciones, esto es objetivo. El monto total de gasto e inversión es apenas algo mayor al previo y las redistribuciones entre diferentes áreas y conceptos refieren a un porcentaje relativamente bajo del total.
Lo que se prevé es que la frazada siga cubriendo lo mismo que hasta ahora, corriéndola apenas hacia la descubierta primera infancia y sus familias, quienes, muy probablemente, sigan descubiertos en buena medida como hasta ahora.
Uno hubiera esperado un énfasis más decidido hacia la resolución de los principales problemas detectados —que son compartidos por todos—, esto es, la protección de la primera infancia y la adolescencia temprana, la mejora de la seguridad ciudadana y un mayor impulso a una educación pública de calidad. Dado que el nivel del gasto público ya está alto para nuestras posibilidades, necesariamente debía haberse postergado a algunos sectores que no están tan desfavorecidos para redistribuir el apoyo estatal hacia las prioridades antes comentadas. Esto no ha ocurrido, al menos en la forma necesaria para poder luego apreciar un cambio suficiente en relación con las últimas.
Se habló mucho de crear un impuesto a los más ricos para financiar lo que se destinaría a la primera infancia. Nadie discutió que se debía asignar un mayor presupuesto a la mejora de las condiciones de vida de la primera infancia. Lo que sí se discutió fue cómo se financiaría. Muchos no aceptaron el nuevo impuesto, entre ellos el propio equipo económico, lo cual suponía que los recursos necesarios se obtendrían de la reasignación de gastos. Y esto se hizo pero —creo— en forma insuficiente.
El tiempo de los sueños, de las consignas, de los eslóganes, de las efectistas propuestas programáticas del partido actualmente en el gobierno quedó atrás. Sirvió para acceder al gobierno. Pero ahora toca gobernar. Y esto se puede hacer con cierta responsabilidad, como felizmente parece pretender el actual equipo económico de gobierno a juzgar por el nivel del Presupuesto presentado —no muy diferente del Presupuesto anterior—, o sin ella, como lo sería pretender tomar como plan de gobierno para el período a lo previsto en las Bases Programáticas 2025-2030 de la fuerza política, como muchos dirigentes frentistas querrían.
Como dije antes, el Presupuesto es la expresión de las prioridades de gobierno para este período quinquenal. Y convertirlo en ley aprobada da ciertas garantías. Aunque sabemos que luego podrían ser eventualmente sancionadas otras leyes que borren con el codo lo que se escribió con la mano (además, siempre se puede echar mano de aquello de que “lo político está sobre lo jurídico o legal”). No es probable que esto ocurra mientras continúe el actual equipo económico de gobierno. Pero en su momento más de uno querrá cambiarlo para comprar una frazada más grande y de mayor espesor, no importa cómo ni cuándo esa compra se financie. Veremos lo que ocurre.
