Uruguay está viviendo algo que no había ocurrido del mismo modo antes, el Frente Amplio gobierna en condiciones desfavorables. No me refiero únicamente a un entorno económico global adverso o a las presiones fiscales, sino a que, por primera vez, la ciudadanía está en condiciones de evaluar a todos los partidos que han gobernado en circunstancias difíciles.
Durante los primeros gobiernos del Frente Amplio, la bonanza de los commodities facilitó un ciclo de crecimiento extraordinario que permitió financiar políticas sociales expansivas. La coalición republicana, en cambio, gobernó entre 2020 y 2025 en medio de una pandemia global, restricciones fiscales y un entorno externo adverso. Esas condiciones funcionaron siempre como variable de confusión en la evaluación ciudadana de la gestión. Hoy, por primera vez, el electorado puede ver el abanico completo, todos los partidos principales han gobernado, y todos lo han hecho en alguna combinación de condiciones favorables y adversas.
Esto tiene consecuencias políticas que van más allá del ciclo electoral inmediato. Si el Frente Amplio enfrenta dificultades, la coalición republicana podría presentarse como una alternativa que ofrece una esperanza de recuperación. Pero esa esperanza tiene un límite estructural que ambos bloques deberían comprender, las condiciones externas no dependen de quién gobierna. El precio de la soja, la tasa de interés de la Reserva Federal, la demanda china de alimentos o el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria son variables que ningún gobierno uruguayo controla. La ciudadanía lo sabe, aunque no lo articule en esos términos. Y cuando lo sabe, la promesa electoral de mejora económica tiene rendimientos decrecientes como argumento de persuasión.
En ese contexto, los partidos que logren anticiparse a esta dinámica tendrán ventajas estratégicas reales. Anticiparse significa no esperar a que el descreimiento se profundice para proponer reformas, sino utilizarlo como señal temprana para impulsar un proceso que propongo llamar regeneración democrática.
Cuando aparecen signos de descreimiento y de posible degradación de la legitimidad política, la respuesta casi automática es proponer reformas electorales. Pero la regeneración democrática auténtica exige más que eso. Requiere revisar las estructuras del poder político con la madurez de reconocer que algunas instituciones ya no cumplen las funciones para las que fueron diseñadas, o que las cumplen con una eficiencia y visibilidad que no se corresponde con su costo institucional y económico. No se trata de un debate ideológico sobre el tamaño del Estado, sino de una reflexión técnica y política sobre qué sirve, qué no sirve y qué puede mejorarse.
Esa reflexión incluye al menos tres frentes, el rediseño del Poder Ejecutivo, el sistema electoral nacional y el régimen departamental. Los tres pueden encararse con voluntad política dentro de este período de gobierno.
Reformar el Poder Ejecutivo y el sistema electoral
El Estado uruguayo cuenta hoy con 14 ministerios. La percepción ciudadana va hacia la reducción, no hacia la expansión, y esa reducción puede procesarse por la vía legislativa ordinaria. Racionalizar el aparato ministerial, reducir duplicaciones funcionales y concentrar capacidades en órganos con masa crítica son medidas que solo requieren voluntad política. En la misma línea, revisar la naturaleza y dimensión de los directorios de las empresas del Estado —sin privatizar ni debilitar el rol estatal en sectores estratégicos— permitiría una gobernanza más eficiente y transparente, con amplio respaldo ciudadano.
La reforma que considero más importante, sin embargo, es la eliminación de la figura del subsecretario de Estado en su configuración actual. Los subsecretarios tienen poca o ninguna función asignada con claridad, operan como una segunda jerarquía difusa y consumen recursos políticos y presupuestales sin aportar visibilidad ni rendición de cuentas pública.
Propongo remplazar esa figura por una Jefatura de Gabinete en cada ministerio, al mismo nivel que los directores generales de Secretaría. Esa jefatura concentraría las funciones políticas de coordinación, mientras los directores generales de Secretaría se ocuparían de las funciones administrativas. En caso de ausencia del ministro, el jefe de Gabinete lo sustituiría, tal como hoy puede hacerlo un ministro respecto de otro, sin quitar esta posibilidad.
El jefe de Gabinete actuaría como el brazo ejecutor del ministro, único interlocutor ante la Unidad de Delivery del Poder Ejecutivo, responsable de traducir los objetivos programáticos en resultados medibles y de remover los bloqueos que suelen estancar la gestión pública. Esto establece una rendición de cuentas vertical y clara; ante el retraso de un proyecto prioritario, la responsabilidad no recae sobre el técnico de carrera, sino sobre quien tiene la autoridad política para exigir resultados. Es el modelo que ya utilizan con éxito Australia y Reino Unido.
En el plano electoral, la reforma posible pasa por un replanteo del mecanismo de selección de candidatos. Las elecciones internas, en su diseño actual, generan un ciclo excesivamente largo y ya no producen los incentivos de deliberación que justificaron su creación en 1996. La alternativa es volver a un sistema de candidaturas múltiples por partido —hasta tres candidaturas presidenciales por lema—, elegidas por convenciones partidarias integradas a partir de los votos obtenidos en las elecciones nacionales de octubre, sin necesidad de una interna previa.
Con candidaturas múltiples, la fórmula presidencial deja de tener sentido, porque equivale a una segunda elección dentro de la elección. Propongo eliminar la elección directa del vicepresidente, la responsabilidad de ese cargo pasaría al primer senador de la lista más votada del candidato presidencial ganador. El cargo de vicepresidente, como tal, dejaría de existir, y la línea de sucesión comenzaría en ese senador, quien presidiría un Senado ampliado a 31 miembros y la Asamblea General. Es una reforma que profundiza la separación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La reforma pendiente en los departamentos
Cierro esta serie de propuestas para la regeneración democrática con el nivel de gobierno donde, a mi juicio, existe el consenso ciudadano más claro y menos discutido: el departamental.
La reforma más urgente es limitar la relección inmediata de los intendentes, guardando coherencia con lo que ya rige para la elección nacional. Es una reforma constitucional políticamente viable, aunque algunos intendentes en ejercicio la resistirán. Es la señal más clara que el electorado envía sobre la demanda de renovación.
La introducción de la segunda vuelta en las elecciones de intendentes motiva más debate, porque la opinión pública aparece dividida casi en partes iguales, con una dimensión estratégica evidente para cada bloque político. Pero la segunda vuelta tiene una virtud que va más allá del cálculo electoral, obliga a los candidatos a construir mayorías más amplias y otorga mayor pluralismo al sistema de partidos departamental. Este esquema podría extenderse también a la elección municipal.
La desaparición de la mayoría automática en las juntas departamentales —hoy el partido ganador recibe automáticamente la mitad más uno de los ediles, sin importar el resultado real de la elección— es, de las reformas planteadas, la que tiene mayor apoyo ciudadano. Sustituirla por representación proporcional obliga al intendente a construir acuerdos para gobernar, lo que es estructuralmente sano para la democracia departamental, aunque políticamente más exigente.
Finalmente, la reforma más resistida dentro del sistema político, pero más aclamada por el electorado, es establecer un límite absoluto de períodos como intendente a lo largo de toda la vida. Los argumentos en contra son conocidos: restricción de la libertad de los ciudadanos a ser candidatos y riesgo de desprofesionalización de la política local. Son argumentos que merecen consideración. Pero la señal del electorado es clara, y un margen de cuatro períodos es lo suficientemente amplio como para que no exista un costo real de profesionalización, más aún teniendo en cuenta que la relección inmediata ya no existiría.
Estas cuatro reformas —límite a la relección inmediata, segunda vuelta, representación proporcional en las juntas y límite absoluto de mandato— requieren una reforma constitucional de fondo. Además, necesitan la misma voluntad política que reclamé en las propuestas anteriores para el Poder Ejecutivo y el sistema electoral nacional: reconocer que ciertas estructuras ya no cumplen la función para la que fueron diseñadas, y actuar en consecuencia antes de que el descreimiento se profundice.
Si el sistema político no se anticipa al desgaste que ya está en marcha, alguien más lo hará por él. Los datos son el punto de partida. Las reformas, la conversación que debemos tener.
Lic. Christian Nieves Lauz
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