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Este año las circunstancias me llevaron, por primera vez, a intentar estudiar la Rendición de Cuentas. No leerla por arriba ni quedarme con los titulares: estudiarla y entenderla. Y no toda, que hubiera sido imposible, sino un puñado de temas que me interesan particularmente y que suelen quedar al margen de la discusión, como los vinculados a la protección ambiental y el bienestar animal.
Al fin y al cabo, el accionar de gobernantes y legisladores debe estar sometido al control atento del ciudadano común. Y el ciudadano común soy yo.
Tremendo desafío.
La Constitución lo pensó de una manera bastante sencilla: el Poder Ejecutivo debía presentar al Legislativo una explicación de cómo había ejecutado el presupuesto del año anterior y, si hacía falta, pedir los ajustes correspondientes. Se rendían cuentas. Sencillamente eso. Un balance, una explicación y la posibilidad de corregir el rumbo.
Con los años, sin embargo, la Rendición fue creciendo hasta convertirse en otra cosa. Hoy ya no es solo un balance. Es un proyecto de ley extenso que modifica normas de las materias más diversas, crea organismos y elimina otros, redistribuye competencias, incorpora regulaciones nuevas y, cada tanto, incluye artículos que uno lee dos veces preguntándose qué tienen que ver con la ejecución presupuestal. Muchas veces, nada. Pero ahí están.
Dentro del articulado podemos encontrar la creación de varias instituciones nuevas, con sus directores, gerentes y consejos asesores. Podemos ver que para ascender a teniente 1º en la Justicia militar habrá que tener título de procurador, que el Ministerio de Ambiente podrá decomisar las armas del cazador ilegal, que junio será el Mes del Ambiente. Sabremos cómo se integra el tribunal que otorga el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual y que el personal subalterno militar tendrá tres años más para terminar el ciclo básico. Entre otras tantas cosas de importancia.
El resultado de todo esto es un proyecto de ley de una complejidad enorme. Y esa complejidad, en los hechos, funciona como una barrera difícil de superar para el ciudadano común.
Pero esta vez tenía tiempo. Y me propuse procesar todos los documentos que fueran necesarios, porque quien quiera entender de verdad una Rendición de Cuentas no puede quedarse con los artículos de la ley. Tiene que ir también a la exposición de motivos, a la fundamentación del articulado, a los mensajes complementarios, a los anexos presupuestales, a los cuadros financieros, a los indicadores de gestión, a los informes de comisión, a las versiones taquigráficas de las comisiones legislativas, a los antecedentes legislativos y, sobre todo, a las leyes que cada artículo modifica.
Y después de navegar en la parte conceptual de los cambios propuestos llega el momento de la pregunta sencilla: ¿cuánto gasta el Estado en este sector? Uno aspira a saber cuánto se ejecutó el año pasado, cuánto se pide ahora, cuánto se ejecutó de lo que se había pedido antes. Nada sofisticado. La pregunta que haría cualquiera. Y también es difícil encontrar la respuesta.
No porque la información no exista. Existe, y en cantidades industriales. El problema es que está organizada de tal forma que pareciera diseñada para otra cosa. Está el inciso, que es el ministerio. Dentro del inciso, las unidades ejecutoras. Después los programas, que cruzan incisos y no siempre coinciden con lo que uno intuitivamente llamaría un área. Después los proyectos, los objetos del gasto, las fuentes de financiamiento. Y un mismo sector que uno pretende analizar puede aparecer repartido entre tres o cuatro programas, con nombres que cambiaron de un período a otro, que se fusionaron o se dividieron en el camino.
Como último recurso vamos al portal de transparencia presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en teoría existe justamente para esto: para transparentar. Y nos encontramos con una interesante apertura de datos, pero que llega hasta 2024, cuando la discusión de hoy es sobre lo que pasó en 2025.
Luego de unos cuantos días metido en esto, con tiempo, con interés genuino, con herramientas informáticas, con ayuda de la inteligencia artificial y, sobre todo, con muchísima información publicada y disponible, apenas pude formarme una opinión bastante superficial sobre un puñado de artículos. Un puñado. De un proyecto que tiene cientos.
Y si yo no pude profundizar más, con todo eso a favor, la pregunta es qué se supone que haga alguien que tiene media hora entre el trabajo y la cena.
Los partidos tienen equipos: asesores, abogados, economistas, contadores dedicados a desmenuzar el proyecto artículo por artículo. Está bien que los tengan, es su tarea. Pero después, con todo eso, deberían hacer algo más que discursos para la tribuna y placas para las redes sociales.
Y del otro lado, el ciudadano no tiene más remedio que confiar. Si su partido dice que esta Rendición fortalece la protección ambiental, le cree. Si sostiene que es un retroceso grave, también. Y lo que debería ser un juicio informado termina siendo un acto de confianza. Como si se tratara de un credo: cuando entender deja de ser posible, lo único que queda es creer.
Pero a no perder las esperanzas. El artículo 5 del proyecto obliga al Poder Ejecutivo a publicar la información numérica de los tomos presupuestales “mediante un formato compatible con herramientas de procesamiento de datos numéricos, de forma consistente, completa e integrada”. En realidad, este artículo corrige uno anterior y, según la propia fundamentación, se modifica “para que se pueda aplicar”.
Quizás tengamos suerte y se apruebe la ley, se pueda aplicar el articulo 5, y en la próxima Rendición de Cuentas se le facilite la tarea al ciudadano común.
Pablo Arzuaga