Uruguay: alta cobertura, prevención insuficiente. Uruguay no está ajeno a esta realidad. Se estima que entre el 12% y el 14% de los adultos padecen enfermedad renal.6 Esto genera no solo una enorme carga biológica, sino también un fuerte impacto económico. En 2024 el Fondo Nacional de Recursos destinó casi un tercio de su presupuesto a financiar procedimientos nefrológicos —hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal— con una inversión que superó los 60 millones de dólares.7 A esto deben sumarse los costos indirectos vinculados a eventos cardiovasculares, procedimientos cardiológicos o enfermedades oncológicas (ceteterismos, cirugías cardiacas, endoprótesis aórticas, medicamentos para el cáncer), cuya prevalencia es entre dos y cuatro veces mayor en pacientes con enfermedad renal.8
Paradójicamente, Uruguay tiene niveles de cobertura sanitaria cercanos al 99% de la población9 y un sistema de acceso a diálisis y trasplante renal que lo coloca en una posición destacada incluso frente a muchos países desarrollados.10 Sin embargo, esa fortaleza no se refleja en los esfuerzos por prevenir la enfermedad renal, diagnosticarla tempranamente y tratar oportunamente los factores que aceleran su progresión. Esta desconexión del sistema incrementa costos, pero lo más grave es que aumenta la carga de enfermedad, deteriora la calidad de vida y eleva la mortalidad asociada a la patología renal.
Diagnosticar es simple y barato. El diagnóstico de enfermedad renal es, desde el punto de vista de la economía de la salud, extraordinariamente costoefectivo. Con una muestra de sangre para medir creatinina (valor de mercado 330 pesos uruguayos) y un examen de orina para detectar proteínas u otras alteraciones (valor de mercado 390 pesos uruguayos), se puede identificar la enfermedad en la mayoría de los pacientes. La probabilidad de detectar enfermedad renal aumenta significativamente en personas con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular o patologías autoinmunes, entre otros factores de riesgo.11 Sin embargo, este acto simple no forma parte sistemática de la evaluación de muchos adultos. La responsabilidad no es solo del sistema médico. También es necesario que la población tome la iniciativa y exija estos estudios como parte de su control de salud. Las experiencias internacionales de chequeo voluntario han demostrado resultados ampliamente positivos en la detección temprana de enfermedad renal.12
Diagnósticos incompletos: cuando el sistema se queda a mitad de camino. Más compleja es la situación de los diagnósticos especializados. Muchas enfermedades renales requieren estudios específicos para orientar el tratamiento, pero el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) no cubre gran parte de ellos. Un ejemplo paradigmático es la biopsia renal. Los prestadores financian el procedimiento, pero solo cubren la microscopía óptica. La microscopía electrónica y algunas técnicas de procesamiento del tejido renal, indispensables para muchos diagnósticos, deben ser pagadas por el paciente —mas de 20.000 pesos uruguayos para el caso de la microscopía electrónica—. El resultado es absurdo: pacientes con biopsia realizada pero sin diagnóstico completo. Algo similar ocurre con estudios inmunológicos (anticuerpos antifosfolipasa A2, estudios del sistema del complemento, etcétera) o con estudios genéticos, ninguno de los cuales cuenta hoy con cobertura sistemática en nefrología. En este contexto, el carácter “integral” del sistema de salud podría, al menos, ser discutido.
Un programa eficaz que no todos aplican. Uruguay cuenta desde hace más de veinte años con una herramienta valiosa: el Programa de Salud Renal. Este programa (Facultad de Medicina-MSP-FNR-ASSE-prestadores privados) permite el seguimiento estructurado de pacientes mediante equipos multidisciplinarios y un sistema informático que alerta a las instituciones cuando los controles no se cumplen. Los resultados son contundentes: los pacientes incluidos reducen su mortalidad en un 30%, retrasan el ingreso a diálisis en varios años y desarrollan menos complicaciones cardiovasculares.13 Sin embargo, la participación de los prestadores no es universal y, lo que es más relevante, no existe una normativa que obligue a implementarlo. La rectoría del sistema de salud tiene aquí una responsabilidad ineludible: transformar esta experiencia exitosa en una política pública obligatoria para todos los prestadores. Pocas intervenciones sanitarias logran reducir la mortalidad en un 30% con una inversión tan baja. Cuando una herramienta demuestra semejante impacto y aun así no se aplica de forma universal, el problema deja de ser técnico y pasa a ser de decisión sanitaria.
La revolución terapéutica que Uruguay aún no aprovecha. En los últimos años surgió un nuevo paradigma: la enfermedad renal puede potencialmente revertirse o estabilizarse de manera significativa. Después de tres décadas sin grandes innovaciones, nuevos fármacos cambiaron la historia natural de la enfermedad. Las gliflozinas, los agonistas GLP-1 y los antialdosterónicos han demostrado capacidad para frenar la progresión de la enfermedad renal, revertir marcadores de daño y reducir eventos cardiovasculares.14 Lamentablemente, y a pesar de la reducción drástica del costo de estos fármacos, ninguno de ellos está incluido actualmente en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) en Uruguay. A pesar de múltiples esfuerzos de asociaciones de pacientes, la academia y las sociedades científicas, su incorporación continúa demorándose y las promesas repetidas por parte de la autoridad sanitaria se diluyen junto con la posibilidad de muchos pacientes de evitar que su enfermedad progrese. Cada demora en este terreno no se mide solo en términos administrativos o presupuestales: en la práctica, se paga con la salud de quienes no pueden costearlos.
Enfermedades de baja prevalencia y judicialización de la medicina. Las enfermedades renales poco frecuentes muestran otra cara del problema. Existen tratamientos disponibles internacionalmente, pero su acceso en Uruguay suele depender de recursos de amparo judicial. En 2024 hubo 2027 amparos, un 26% más que en 2023.15 El costo global superó los 3.300 millones de pesos, equivalentes al 0,12% del PIB. Más del 60% del presupuesto destinado a ciertos medicamentos se utilizó para cumplir fallos judiciales, con un 80% de sentencias favorables a los pacientes. No hemos sido capaces como sistema de solucionar inteligentemente esta cuestión, con lo que el Estado paga por unos pocos amparos de cada medicación se podría cubrir el costo de todos los pacientes con enfermedades infrecuentes que la necesitan. Más aún, la evolución de la enfermedad renal de estos pacientes hacia etapas en las que requieren diálisis o trasplante pone nuevamente al Estado como financiador de su enfermedad.
El caso del tratamiento de la poliquistosis renal es ilustrativo en este sentido: casi todos los pacientes tratados en Uruguay accedieron mediante amparo. Este tratamiento puede retrasar entre tres y cinco años la necesidad de diálisis, lo que significa un enorme beneficio biológico y un ahorro aproximado de 1,3 millones de pesos por paciente por año que no requieren diálisis.16 Sin embargo, se debe recordar que hasta para emprender el camino de un amparo se necesitan recursos y no solo económicos.
Cuando el sistema queda atrapado en su propia lógica: rituximab y el dilema del registro. El caso del rituximab ilustra de forma particularmente clara cómo ciertas decisiones regulatorias pueden terminar generando inequidades en el acceso a tratamientos. Este fármaco biológico ha demostrado eficacia en múltiples enfermedades glomerulares —como la nefropatía membranosa, la vasculitis ANCA, la enfermedad de cambios mínimos, la esclerosis segmentaria y focal o la crioglobulinemia, entre otras—. Sin embargo, en Uruguay el Fondo Nacional de Recursos solo financia su uso para una única indicación: la vasculitis ANCA. La explicación oficial es que el medicamento no está registrado en el país para el resto de esas indicaciones, por lo que el sistema no puede elaborar una normativa de cobertura sin registro formal. Pero al consultar con los fabricantes, la respuesta es distinta: no existe interés comercial en registrar el fármaco para enfermedades poco frecuentes, ya que el tamaño del mercado no justificaría el proceso administrativo. Así se genera un bloqueo regulatorio que lleva más de una década sin resolverse. Otros países han encontrado soluciones cuando existe un claro interés sanitario. Francia, por ejemplo, desarrolló el mecanismo de Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU), mediante el cual el Estado puede autorizar el uso de un medicamento para determinadas indicaciones cuando existe evidencia científica suficiente, aun si el laboratorio no ha solicitado formalmente su registro para ellas. De este modo, el interés sanitario no queda subordinado a la estrategia comercial de la industria farmacéutica. En Uruguay, en cambio, la salida vuelve a ser la vía judicial. Los pacientes que pueden iniciar un recurso de amparo acceden al tratamiento; quienes no pueden hacerlo, no. Y el medicamento termina siendo adquirido por el Estado a precio de lista, sin negociación, ya que no existe un marco regulatorio para su compra programada. Una vez más, es posible que con lo que se financian unos pocos tratamientos por la vía del amparo judicial se podrían costear gran parte de los necesarios para toda la población. El resultado es paradójico: el sistema paga más, accede tarde y genera inequidad.
El trasplante renal: fortaleza con desafíos. El trasplante renal financiado por el Fondo Nacional de Recursos es una de las grandes fortalezas del sistema sanitario uruguayo.10 La reciente financiación del módulo pretrasplante también fue un avance importante. Pero aún existen inequidades: mientras los estudios pretrasplante para donante cadavérico están cubiertos, los costos asociados al trasplante con donante vivo recaen en donante y receptor.
A esto se suma una preocupación creciente: la caída en la tasa de procuración de órganos. En 2025 la tasa de donante real fue de 17,43 por millón de población (en España fue de 53,9 para el mismo período), lejos del máximo histórico de 25,3 alcanzado en 2006.17 Esta reducción se tradujo directamente en menos trasplantes realizados. El trasplante renal no solo mejora la calidad y expectativa de vida, sino que además es la alternativa más costoefectiva frente a la diálisis crónica.18 Es necesario trabajar fuertemente para revertir esta realidad que claramente es multicausal.
Un desafío que ya no es científico, sino ético. Uruguay enfrenta un desafío claro en materia de salud renal. No se trata solo de invertir más recursos, sino de invertirlos mejor. Durante años el esfuerzo económico se concentró en el final del proceso: diálisis y trasplante. Hoy sabemos que gran parte de ese gasto podría evitarse mediante prevención, diagnóstico temprano y acceso oportuno a tratamientos eficaces. Aún así muchos pacientes necesitarán sustituir la función renal y la necesidad de mejorar la tasa de donación y el número de trasplantes nos desafía fuertemente.
Evitar la pérdida de la función renal era, hace décadas, un desafío científico. Hoy, con las herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles, se ha convertido en un desafío ético para todo el sistema de salud.
Dr. Ricardo Silvariño
Especialista en Nefrología y Medicina Interna Profesor titular de la Unidad Académica de Nefrología, director del Centro de Nefrología Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República
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