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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa elección de la sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ marcará mucho más que el funcionamiento de un nuevo tratado de las Naciones Unidas. Será una prueba de si la gobernanza ambiental global está dispuesta a dar mayor protagonismo a regiones como América Latina en un mundo cada vez más multipolar o si seguirá reproduciendo la geografía tradicional del poder.
Cuando el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como el Tratado de Alta Mar, entró en vigor el 17 de enero de 2026, culminó un proceso de negociaciones que tomó casi dos décadas. Por primera vez, la comunidad internacional cuenta con un marco jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, regular el acceso a los recursos genéticos marinos, crear áreas marinas protegidas, exigir evaluaciones de impacto ambiental y fortalecer las capacidades de los países en desarrollo.
El tratado llena uno de los mayores vacíos del derecho ambiental internacional. Como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres: “Establece un marco de gobernanza fundamental para garantizar un océano resiliente y productivo para todos”.
Sin embargo, una decisión política de enorme trascendencia sigue pendiente: ¿dónde estará ubicada su secretaría permanente?
Tres ciudades compiten por albergarla: Valparaíso, Bruselas y Xiamen. A primera vista, la elección puede parecer un asunto administrativo. En realidad, es una decisión profundamente geopolítica.
La secretaría será el corazón institucional del tratado. Coordinará la cooperación científica, apoyará la implementación de los compromisos asumidos por los Estados y servirá de punto de referencia para futuras negociaciones. Seamos sinceros: el lugar donde se establezca influirá inevitablemente en quién se siente bienvenido, en la intensidad del compromiso diplomático y en qué países perciben que este tratado también les pertenece, tanto desarrollados como en desarrollo. En el fondo, es una cuestión de inclusividad.
Por eso Chile debe impulsar con decisión la candidatura de Valparaíso, y por eso todos los países que creen en una gobernanza mundial más equilibrada deberían respaldar ese esfuerzo.
Por qué Valparaíso es la mejor opción. La candidatura chilena resulta convincente no porque busque prestigio, sino porque refleja la nueva geografía de la cooperación internacional.
Pocos países poseen las credenciales marítimas de Chile. Con más de 6.000 kilómetros de costa sobre el Pacífico, el país ha sido durante décadas un referente en conservación marina, ciencias oceánicas y derecho del mar. Valparaíso, además, combina un puerto estratégico con universidades y centros de investigación de prestigio internacional, además de una larga experiencia acogiendo organismos internacionales.
La propuesta chilena también responde a criterios prácticos. La secretaría se instalaría en un edificio patrimonial restaurado frente al océano Pacífico, ubicado a apenas una hora del aeropuerto internacional de Santiago. Un sistema especial de visas BBNJ, procedimientos migratorios simplificados y una sólida infraestructura logística facilitarían la participación de delegaciones de todo el mundo.
Pero existe una razón aún más importante... Instalar la secretaría en Valparaíso fortalecería un principio que ha cobrado cada vez mayor relevancia dentro del sistema de las Naciones Unidas: el equilibrio geográfico.
Aunque las instituciones internacionales trabajan para el mundo entero, muchas siguen concentradas en Europa y Norteamérica. Establecer el primer organismo universal de la ONU en América Latina reconocería tanto el creciente peso del Sur Global como la necesidad de que la gobernanza internacional deje de percibirse como un sistema permanentemente anclado en las mismas regiones de siempre.
En un tratado destinado a proteger un patrimonio común de toda la humanidad, ese simbolismo importa.
Por qué Bruselas no es la mejor alternativa. La candidatura belga dista mucho de ser débil.
Bruselas ofrece una infraestructura diplomática de primer nivel, funcionarios internacionales altamente experimentados y una de las mayores comunidades diplomáticas del mundo. Bélgica también cuenta con una reconocida red de científicos marinos y especialistas en derecho internacional que participaron activamente en la negociación del tratado.
Sin embargo, la candidatura belga enfrenta, además, un desafío reputacional.
La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, quien participa en la coordinación de la campaña para llevar la secretaría a Bruselas, ha sido objeto de escrutinio político por su antigua relación profesional con la empresa tecnológica Sopra Steria y por la posterior controversia en torno al multimillonario proyecto policial i-Police, adjudicado precisamente a esa compañía y ampliamente cuestionado por sus problemas de ejecución. Verlinden ha negado categóricamente cualquier irregularidad o conflicto de interés. No obstante, tratándose de una institución de las Naciones Unidas llamada a representar los más altos estándares de transparencia y confianza pública, este tipo de controversias inevitablemente proyecta una sombra sobre la candidatura belga.
Más allá de ello, Bruselas simplemente no necesita otra gran institución internacional.
Europa ya concentra una de las mayores densidades de organismos multilaterales del planeta. Ginebra alberga decenas de entidades de las Naciones Unidas; París es sede de la Unesco; Roma acoge la FAO y otras agencias especializadas; Viena continúa siendo uno de los principales polos de la ONU; Bonn hospeda más de 20 organismos internacionales, mientras que Bruselas se ha convertido en sinónimo de las instituciones europeas, la OTAN y la diplomacia internacional.
En ese contexto, la candidatura belga plantea una pregunta inevitable: ¿tiene sentido seguir concentrando instituciones internacionales en una región que ya domina ampliamente la arquitectura de la gobernanza global?
La respuesta debería ser negativa.
El Tratado de Alta Mar nació como un acuerdo verdaderamente universal. Su arquitectura institucional también debería reflejar ese espíritu. Ubicar la secretaría en América Latina —o, en su defecto, en Asia— enviaría un mensaje mucho más potente: que la gobernanza de los bienes comunes globales pertenece a toda la comunidad internacional y no únicamente a los centros tradicionales del poder.
La eficiencia administrativa es importante. Pero, por sí sola, no debería decidir el lugar donde funcionará una institución creada para servir al conjunto de la humanidad.
La nueva geografía de la gobernanza mundial. El debate sobre la secretaría trasciende la elección de un edificio o una ciudad. Refleja una transformación mucho más profunda del orden internacional.
El crecimiento económico, la capacidad científica y la influencia geopolítica se distribuyen cada vez más entre Asia, América Latina y otras regiones emergentes. Las instituciones internacionales que no se adapten a esta nueva realidad corren el riesgo de quedar desconectadas precisamente de aquellos países cuya participación será decisiva para afrontar los grandes desafíos globales.
El Tratado de Alta Mar busca fortalecer la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo mediante la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y un acceso más equitativo a los recursos genéticos marinos. Esos objetivos resultan mucho más creíbles cuando el propio tratado refleja los principios que promueve.
Valparaíso representa la mejor opción porque reúne credibilidad científica, experiencia marítima y equilibrio geográfico.
Si las circunstancias políticas terminaran impidiendo la elección de Chile, Xiamen seguiría representando una alternativa más coherente que Bruselas. Asia continúa estando sorprendentemente subrepresentada dentro del mapa institucional de las Naciones Unidas, pese a su creciente peso económico, científico y demográfico.
Por ello, esta decisión no debería entenderse como una competencia entre Chile y Europa, ni entre Occidente y China. Debería verse como una oportunidad para modernizar la distribución geográfica de la gobernanza internacional y dar un primer paso hacia la tan necesaria reforma del sistema de las Naciones Unidas.
El mundo de hoy ya no es el de hace apenas una década. Nuestras instituciones deben evolucionar al mismo ritmo o correrán el riesgo de quedarse atrás.
Conclusión. El Acuerdo BBNJ fue concebido para proteger un recurso compartido que pertenece a toda la humanidad y se encuentra más allá de las jurisdicciones nacionales. Su secretaría permanente debería reflejar esa misma vocación universal.
Valparaíso ofrece experiencia científica, legitimidad marítima, infraestructura de primer nivel y, sobre todo, la oportunidad de construir una gobernanza internacional geográficamente más equilibrada, más justa y con una mayor participación del Sur Global. Si Chile finalmente no resultara elegido, Xiamen seguiría avanzando en ese mismo objetivo.
Bruselas, sin duda, garantizaría eficiencia administrativa. Pero la eficiencia, por importante que sea, no basta. Lo que realmente otorga legitimidad a una institución internacional es que todos los países sientan que están representados y que forman parte de ella.
El Tratado de Alta Mar inaugura una nueva etapa en la gobernanza mundial de los océanos. Su primera sede permanente debería demostrar que el futuro de los océanos pertenece no a una región privilegiada, sino a toda la comunidad internacional, además de ser un buen primer paso para iniciar las reformas de la ONU con miras a una mayor representatividad.
Ricardo Martins
Doctor en Sociología, especializado en Relaciones Internacionales y Geopolítica