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Quiero expresar mi profunda preocupación por la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado (SLE) en la órbita de la Presidencia de la República. Desde mi perspectiva, esta decisión concentra un poder excesivo en manos del Ejecutivo, centralizando funciones estratégicas que hasta ahora se gestionaban en ámbitos ministeriales con mecanismos de control y contrapeso más claros. Considero que la SLE, al depender directamente de la Presidencia y estar dirigida por el prosecretario, debilita los equilibrios institucionales que son esenciales en nuestra democracia. Esta concentración de atribuciones, tal como algunos han señalado, se asemeja peligrosamente a una “Presidencia imperial”, al ampliar de manera significativa las facultades del Ejecutivo más allá de los límites tradicionales.
También me preocupa que, al depender de Presidencia, la SLE quede prácticamente fuera del control parlamentario. En mi opinión, esto reduce la transparencia y limita la rendición de cuentas, ya que las acciones y decisiones estratégicas del Estado podrían desarrollarse sin supervisión efectiva por parte de la legislatura, lo que considero un debilitamiento del sistema republicano que garantiza contrapesos entre poderes.
Otro punto que considero grave es la amplitud de facultades otorgadas a la SLE para acceder a “cualquier tipo” de información de organismos públicos o de particulares. Desde mi mirada, esta falta de límites claros abre la puerta a posibles usos indebidos de información sensible y plantea riesgos concretos para la privacidad y para el respeto de derechos fundamentales.
Asimismo, creo que la creación de esta secretaría puede alterar la función de otros organismos, como el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso la Fiscalía, que ya cuentan con estructuras de litigio y asesoramiento jurídico. La duplicación de funciones y la dispersión de responsabilidades pueden generar conflictos de competencia y afectar la eficacia institucional del Estado.
Por otra parte, me preocupa que esta secretaría, al actuar fuera del control parlamentario, pueda incluso contratar abogados o equipos jurídicos en representación del Estado sin la debida fiscalización pública ni los mecanismos de transparencia que la normativa actual exige. La defensa jurídica del país no debería depender de decisiones discrecionales ni de contrataciones opacas al margen del escrutinio institucional.
Desde un enfoque democrático, considero que la SLE representa un riesgo para la legitimidad de nuestras instituciones. Centralizar esta herramienta en Presidencia no solo altera la distribución tradicional de competencias, sino que también concentra un poder estratégico que debería estar sujeto a controles claros y equilibrios. En mi opinión, esta decisión debe ser revisada y evaluada con cuidado para preservar la transparencia, la eficiencia y, sobre todo, los principios republicanos que sustentan nuestra democracia.
Finalmente, la pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a aceptar que el Ejecutivo concentre poder sin el debido control democrático, o es momento de encender las alarmas institucionales?
