La situación del Poder Judicial

En primer lugar, nos informan que el Poder Ejecutivo, a través del secretario y del prosecretario de la Presidencia, presentaron una denuncia penal contra el astillero Cardama, la que recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1^er turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado. Nos enteramos de que el equipo con el que trabaja Machado está compuesto por dos fiscales adscriptos y un funcionario administrativo. Hasta acá, todo dentro de cierta normalidad, pero a renglón seguido nos enteramos de que este turno tiene unos 1.900 casos en trámite, entre ellos varios de gran notoriedad.

Otras dos, transcribo lo publicado: “(…) un kinesiólogo fue condenado a nueve años y once meses de prisión luego de comprobarse que cometió un delito de abuso sexual especialmente agravado y otros tres delitos de abuso sexual agravado”. También se publicó que “un hombre apuñaló a dos vecinos pensando que habían secuestrado a su familia, una de las víctimas murió en el momento, mientras la otra consiguió recuperarse, el agresor deberá estar siete años en la cárcel. Los delitos imputados fueron de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, violación de domicilio y violencia privada”.

A estas cinco perlas de un largo collar sumémosle el entramado de filtraciones, selectivas en su difusión pero al parecer totales en relación con todos los expedientes, las presunciones de politización de parte de algunos fiscales, donde acusan al exfiscal de Corte Jorge Díaz de “flechar la cancha” con criterios ideológicos, y muchos dicen que esto fue totalmente probado al ser designado prosecretario de Presidencia, así como el exfiscal Negro fue nombrado ministro del Interior.

Por otro lado, en lo personal quedé esperando la andanada de juicios por calumnias, difamación o daños y perjuicios contra la Dra. Gabriela Fossati por lo que relató en su libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay: el poder de la manada, donde expuso y denunció hechos gravísimos, con nombre y apellido. Ah, me acordé, el que calla otorga. Las denuncias públicas, reiteradas y no contestadas, del accionar de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, que exponen un grado de arbitrariedad y ausencia de garantías que nos hace temblar a toda persona mayor de 65 años porque de ser denunciados terminaremos nuestros días en la cárcel, sin excepción.

Y la lista de hechos que a muchos nos resultan incomprensibles o injustificables sigue y sigue, por ejemplo, el abuso de los juicios abreviados, las prisiones domiciliarias, enterarnos del archivo de más de 500 denuncias de un saque para, al parecer, depurar la acumulación de casos sin resolver, sin tratar o considerar. Fiscalías con cientos de casos en estudio, situación usada para justificar la arbitrariedad con que se priorizan los casos y los tiempos procesales eternos. La intervención “selectiva” de la Asociación de Magistrados del Uruguay, cuyo presidente recorre todas las radios y canales de televisión, además de atender a todos los periodistas de la prensa escrita, ante algunos casos que afectan o atentan contra fiscales, y en los mismos casos de otros magistrados el silencio es atronador.

Esto es lo que percibe un simple ciudadano como quien esto escribe, que se informa a través de la prensa, lo que hace suponer que todos esto es solo la punta del iceberg. Presumo que, si le diera toda esta información a una aplicación de inteligencia artificial, seguramente me diría que los uruguayos padecemos de inseguridad jurídica, que estamos expuestos a procesos arbitrarios, que los debidos procesos a los que nos deberíamos enfrentar, llegado el caso, carecen de garantías, que al ser denunciados o al realizar una denuncia comenzaremos un largo calvario de años que afectará inexorablemente nuestras vidas.

Y por si todo esto no fuera de una gravedad absoluta que deteriora nuestros derechos como ciudadanos, vemos atónitos cómo nuestro sistema político, nuestros representantes, seguidos por los líderes de opinión, por catedráticos y opinólogos de todo tipo, no le da importancia a este “rumbo de colisión” de nuestro sistema de justicia. En temas de seguridad jurídica estamos mal y vamos peor. Recuerden que si nos toca (ojalá que nunca) denunciar o ser denunciados, para los ciudadanos comunes no se aplica el código 9.

Daniel H. Báez