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Hay algo profundamente regresivo en una política que presenta la solidaridad como unvicio y la obediencia como virtud; y América Latina conoce bien esa combinación. Por esoel avance de la derecha autoritaria en Brasil merece algo más que el entusiasmo dequienes cuentan gobiernos amigos en un mapa. Lo que está en juego obliga a encender lasalarmas.
El resultado brasileño tiene nombre y cifras. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos en la primera vuelta, frente al 45,16% de Lula. La presidencia se definirá el 25de octubre. Mientras tanto, el candidato de la derecha suma apoyos partidarios que podrían proporcionarle una sólida gobernabilidad en caso de ganar. El riesgo de una restauración bolsonarista tiene, por tanto, una base política concreta.
Conviene tomarse en serio a quienes lo votan. La inseguridad, el cansancio con los gobiernos y la dificultad para llegar a fin de mes existen. Ningún movimiento popular puede permitirse tratar esas preocupaciones como una inferioridad moral del electorado. Pero reconocer el malestar exige examinar qué se pretende hacer con él. Una cosa es escuchar el reclamo de orden y otra entregar, junto con ese reclamo, un cheque en blanco sobre las instituciones. Conseguir que la irritación de los de abajo termine fortaleciendo el poder de los de arriba es algo que demuestra la eficacia política de la derecha latinoamericana. El trabajador exhausto acaba viendo al sindicato como su principal enemigo; y el pequeño comerciante, al servicio público como un gasto intolerable. Para los intereses que se benefician de este desplazamiento, la ecuación es bastante perfecta. Brasil se inscribe en un escenario regional que ya tiene, entre otros, a Javier Milei en Argentina y a José Antonio Kast en Chile, aunque sus proyectos tienen diferencias que conviene estudiar. Preocupa especialmente que el giro regional dé mayor legitimidad a una idea de libertad que deja al ciudadano librado a su poder de compra y debilita la responsabilidad colectiva por su suerte.
A ese panorama se agrega la presión de Washington: en julio de 2025, Donald Trump dispuso un arancel adicional del 40% sobre determinados productos brasileños y justificó la medida, entre otros motivos, con su defensa de Jair Bolsonaro frente a la Justicia de Brasil. La relación comercial fue utilizada para intervenir en una controversia política y judicial ajena. El episodio merece recordarse cada vez que se invoca el respeto a la soberanía.
La presión económica se convierte así en un instrumento para condicionar las decisiones de otro país. Bajo esa lógica, América Latina vuelve a ser imaginada como el patio trasero de Estados Unidos: un espacio cuya autonomía se tolera mientras sus decisiones resulten convenientes. Que algunos dirigentes uruguayos encuentren atractiva esa tutela vuelve el cuadro todavía más inquietante.
Galeano describió en Las venas abiertas de América Latina una división internacional del trabajo en la que “unos países se especializan en ganar y otros en perder”. El libro, publicado en 1971, invita a una pregunta muy actual: cuánto de la riqueza que producimos se transforma en capacidades propias y cuánto alimenta dependencias que luego nos impiden decidir. El vocabulario, a estas alturas, habrá envejecido menos que ciertas resignaciones.
Para Uruguay, el eventual regreso del bolsonarismo al gobierno sería una mala noticia si refuerza ese rumbo. Nuestra capacidad para negociar y sostener políticas de desarrollo depende también del entorno regional. Un Brasil menos dispuesto a construir acuerdos comunes y más alineado con las prioridades de Washington podría reducir el margen de acción de sus vecinos. El tamaño de nuestro país debería volvernos especialmente sensibles a esa posibilidad.
La libertad exige que una persona disponga de educación, protección frente a la enfermedad y condiciones de trabajo compatibles con una vida digna. La escuela pública, la legislación social y la laicidad forman parte de esa emancipación. Rebajar todo ese patrimonio a una colección de gastos significa desconocer las condiciones que permiten a las personas ejercer sus derechos. La justicia social ayuda a construir una convivencia que la mera amenaza del castigo no puede asegurar. Una política de seguridad seria necesita eficacia policial y una sociedad que ofrezca caminos de integración. No debemos olvidar que la ausencia del Estado también tiene consecuencias sobre el orden. Esto interpela al progresismo uruguayo. Si el debate regional se desplaza hacia la sospecha contra los derechos sociales y la tolerancia con los abusos del poder, defender reformas será más difícil. Su respuesta debe sostener la justicia social y la soberanía regional con argumentos que también alcancen a quienes hoy se sienten defraudados por la política.
Esa defensa también exige resultados. Un servicio público que funciona mal deteriora la confianza en la solución colectiva que representa. La corrupción proporciona argumentos a quienes quisieran desmantelar cualquier intervención estatal. Rodó escribió: “reformarse es vivir”. Para las fuerzas reformistas —pilares del Uruguay moderno—, esa exigencia supone revisar sus prácticas, corregir lo que fracasa y ofrecer respuestas a problemas que demasiadas veces otros convierten en combustible electoral.
La independencia latinoamericana exige esa combinación de convicción democrática y capacidad de gobierno. Supone negociar con Estados Unidos desde el respeto recíproco y construir vínculos regionales capaces de sobrevivir a las afinidades entre presidentes. Supone, además, defender las libertades con la misma firmeza frente a cualquier gobierno. Una causa emancipadora pierde autoridad cuando elige qué autoritarismos le resultan tolerables.
Martí advirtió que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”. Haríamos bien en recordar esa frase cuando el debate se reduce a festejar victorias ajenas. La tarea consiste en defender una América Latina capaz de gobernarse, producir y distribuir mejor su riqueza. Aceptar la subordinación como señal de modernidad sería resignar la capacidad de decidir nuestro propio futuro.
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