El pago mínimo puede ser un alivio momentáneo, pero su uso prolongado produce una deuda difícil de manejar. Las tarjetas de crédito suelen aplicar tasas muy altas sobre el saldo financiado, y el pago mínimo es un mecanismo que sirve principalmente para cubrir intereses, lo que prolonga indefinidamente la deuda. Es clave conocer sus riesgos y buscar alternativas para mantener la salud financiera, para determinar los costos reales de consumir con tarjeta de crédito. Intereses, cargos y comisiones juegan un papel fundamental y es necesario conocerlos.
No todos los intereses que debemos afrontar por el uso de las tarjetas son iguales. Existen tres categorías distintas que debemos conocer bien para no terminar atrapados en una telaraña de gastos mensuales crecientes que pueden llevarnos directamente al Clearing.
La crisis económica golpea con fuerza a las familias de nuestro país, que cada vez tienen más dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Cada vez es más amplio el porcentaje de consumidores/usuarios del sistema financiero que se encuentran en situación de morosidad, ya que están en “mora simple”, es decir, solo pagan el mínimo mensual, o en préstamos incluso abonan menos la cuota, lo que lleva a que sean derivados a juicio por incumplimiento, y eso implica un riesgo inminente de embargo de salarios o bienes.
Este comportamiento de abonar el mínimo tiene consecuencias graves:
—Espiral de intereses: al pagar solo el mínimo, la deuda crece mes a mes.
—Aumento del saldo deudor: se acumulan intereses sin reducir el capital.
—Deterioro del historial crediticio: aunque evita la mora, impacta negativamente en el scoring.
—Menor límite disponible: la deuda consume el cupo, lo que limita futuras compras.
—Comisiones y costos extras: algunas financiaciones automáticas suman cargos adicionales.
Los datos nos muestran con crudeza el deterioro del poder adquisitivo y la dependencia creciente del financiamiento vía tarjeta, a tasas que superan ampliamente cualquier aumento salarial. Por eso es que se insiste en que el Estado debe intervenir con medidas concretas de alivio, control de tasas y regulación de las entidades financieras. La utilización del plástico envuelve ciertos riesgos para el consumidor en la medida en la que se trata de una forma de incentivar el consumo sin una delimitación específica del uso eficiente (o no) a la que puede dar lugar, devengando intereses y justificando el cobro de comisiones por su carácter rotativo. Pero, adicionalmente a ello, su uso puede dar cabida a fenómenos de sobreendeudamiento, que pueden incidir en la vida de los consumidores como una causa de marginación social, y, en el sistema en general, como un factor de la disminución de la demanda interna y la generación de un espiral que puede impactar, incluso, en la estabilidad del sistema financiero. El crédito es un mecanismo indispensable en la adquisición de bienes y servicios esenciales para la vida, además de permitir la adquisición de bienes de consumo.
Una de las causas que favorecen el sobreendeudamiento implica otorgar créditos sin observar las condiciones crediticias, como la capacidad de pago y endeudamiento en otras instituciones financieras. Además de los problemas derivados de la escasa educación financiera y la constante publicidad, no se puede ignorar situaciones imprevistas para el usuario de servicios financieros, como es el caso de quienes inesperadamente pierden su trabajo sin poder saldar sus deudas, lo que los lleva a formar parte de la lista de personas sobreendeudadas.
Es un hecho que las sociedades tienden a vivir en una cultura de endeudamiento, que se ve agravada por el otorgamiento excesivo de créditos. En el caso de nuestro país, tales tácticas desencadenan el sobreendeudamiento, lo que causa serios problemas sociales y, por lo tanto, merecen ser analizadas y tratadas.
Cabe señalar que el sobreendeudamiento es una condición en la que se encuentra el consumidor individual ante la falta de recursos financieros suficientes para pagar sus deudas sin perjuicio de su propia subsistencia o la de su familia. El endeudamiento es la condición financiera de los deudores bajo la cual su endeudamiento es excesivo en términos de sus ingresos y su capacidad de pago, lo cual lo pone en riesgo de afectar su calidad de vida y la de sus familias. El sobreendeudamiento puede ser definido como la imposibilidad del deudor para pagar sus deudas, excluyendo las deudas tributarias, tras pasar por una dificultad que afecte su capacidad de ingresos, como también afecta considerablemente al consumidor de buena fe, cuyo propósito inicial era pagar sus deudas, pero dejó de hacerlo por una razón imprevista y ajena a su voluntad.
Por eso en el proyecto actual que se trata en la Comisión de Diputados no puede ser que se esté dejando consumidores/usuarios del sistema financiero afuera porque tengan un inmueble de mayor valor a lo que están estableciendo cuando es posible que esa persona tenga deudas y ese bien haya sido comprado en otra época o lo heredó de su familia, que si lo tendría que comprar hoy no pudiera. Además, no se ajusta a la realidad actual que vive la sociedad uruguaya. La clase media está también endeudada, no hablen de esa forma que divida, ya que hay que tomar en cuenta a quienes no han caído aún fuera del sistema debido a que están abonando esos mínimos en sus tarjetas, que incluso están sacando préstamos para abonarlas.
Legisladores, tomen en cuenta a toda la sociedad, a los consumidores/usuarios endeudados en su conjunto. Hago un llamado a las autoridades a revisar las políticas de interés y regular con mayor firmeza los cobros permitidos por las entidades financieras. Las tarjetas de crédito dan cuenta de un producto financiero extremadamente complejo, en especial, en lo referente a las destrezas que deben asumirse de parte del consumidor para la comprensión no solo de sus términos, sino de las consecuencias de su utilización en su economía personal.
El sobreendeudamiento es un resultado previsible en la construcción de una “sociedad del consumo”, por lo que el ordenamiento no puede ignorar que solo la modulación de los estándares de racionalidad que soportan las reglas generales del derecho de las obligaciones permite su reconsideración, constatando que nos situamos ante una relación que confronta al consumidor a un concedente profesional del crédito. Ello sea porque el deudor no ha podido ponderar adecuadamente su propio riesgo de incumplimiento en atención a sus dificultades para la evaluación de su solvencia o sea porque no logra proyectar los efectos de su decisión de consumo (y, por tanto, de financiamiento) en situaciones trágicas que mermarán sus posibilidades de pago.
Lo anterior no puede ser ignorado por el emisor de la tarjeta, precisamente, porque su deber de profesionalidad, reconocido expresamente en el ámbito de la regulación de protección de los derechos de los consumidores, importa una evaluación de riesgos y la recolección de la información necesaria para poder llevar a cabo tal ponderación. De ahí surge que un otorgamiento irresponsable de crédito, en casos en los que pudieron preverse dificultades de pago, no justifica todos los extremos de la responsabilidad patrimonial.
Es innegable que el crédito permite resolver el problema del acceso a financiamiento de muchas familias para adquirir bienes e incluso son indispensables para su bienestar. No existe duda respecto a la importancia del crédito para generar crecimiento, puesto que, al proporcionar un mayor consumo, se permite a las empresas producir a una escala más grande y contratar más trabajadores, lo cual aumenta el poder adquisitivo de la población con una mejora en su nivel de vida.
Además de incluir financieramente a las familias, el crédito también puede llevarlos a la exclusión social, dependiendo del modo en que se administren las facilidades crediticias obtenidas y las condiciones crediticias. La sociedad hoy en día depende del crédito, debido a que, en situación de vulnerabilidad económica, es esencial para la subsistencia del individuo. Lo que actualmente se observa es el inmediatismo por consumir cada vez más y la negligencia de las instituciones financieras al otorgar el crédito sin evaluar con cautela y responsabilidad la capacidad crediticia del individuo.
Por eso, lo que se apruebe debe ser justo y de ayuda para todos los consumidores de buena fe. Además de la deuda acumulada y la calificación crediticia desfavorable, el consumidor sobreendeudado debe soportar el estigma del sistema financiero, causado por la inserción de su nombre en centrales de riesgo, donde será considerado un mal pagador. Lo que significa que, a partir de ese momento, cualquier actividad que requiera de una evaluación crediticia será denegada a ese consumidor.
Muchos de estos consumidores dependen del crédito para su propia subsistencia y la de sus familias, por lo que el daño causado como resultado del impago es inmensamente superior a los índices de morosidad que representan. La dignidad del ser humano merece el mismo respeto y consideración por parte del Estado y la comunidad.
Adriana Besso
Consultora en derechos del consumidor
Pte. Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario
