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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáHe seguido con cierto asombro las polémicas desatadas por los cambios en el formato del pasaporte uruguayo y el retropedaleo posterior, luego de que algunos países decidieran no aceptar el nuevo formato para determinados propósitos. La reciente nota en Búsqueda (“Nacionalidad, documentación y requerimientos migratorios”, por Claudia Isabel Rodríguez Sirtori y Alejandro Guidi) tampoco me ayudó a entender las razones por las que se creó todo este lío.
En particular, una de las cosas que me sorprendió fue esta frase, que cito textualmente: “La reincorporación del campo del lugar de nacimiento en el pasaporte no debiera implicar que las personas ciudadanas legales vuelvan a la situación anterior y que no puedan mostrar su condición de ciudadanos del Uruguay”.
Tanto mi esposa como yo tenemos pasaportes europeos por nuestros orígenes familiares. También somos ciudadanos naturales de Uruguay y Argentina, respectivamente, por haber nacido en esos países. Nuestros pasaportes incluyen un campo en el que se indica la nacionalidad (italiana o alemana, según corresponda) y otro donde se consigna el lugar de nacimiento (Montevideo – URY o Buenos Aires – ARG, respectivamente). En ningún caso se aclara cómo obtuvimos la nacionalidad europea —si por ascendencia o por naturalización luego de emigrar y cumplir con los requisitos del caso.
La gran mayoría de los Estados distingue entre ciudadanos legales y naturales, privando a los primeros de ciertos derechos reservados a los segundos (como llegar a la presidencia en los EE.UU.). Pero los países que plasman esa diferencia en sus pasaportes son una rareza, no la regla. Con el lugar de nacimiento pasa lo contrario: aparece en casi todos los pasaportes, aunque en algunos solo se mencione el país y no la ciudad.
Si Uruguay efectivamente indicaba en sus pasaportes la diferencia entre ciudadanos naturales y legales y eso les traía inconvenientes a los naturalizados, la solución obvia era eliminar ese detalle inútil que casi ningún país exige y dejar el lugar de nacimiento, que sí aparece en la mayoría de los documentos a pesar de no ser obligatoria. Por eso cuesta aceptar la afirmación de que el cambio de práctica administrativa “no fue pensado de la noche a la mañana”. Tal vez se invirtieron meses, pero el resultado no parece haber estado a la altura de la inversión.
Martín Gargiulo