Los valores de la sociedad uruguaya

Las jubilaciones mínimas siguen siendo indignas. Aunque en 2026 se aplica un ajuste provisorio de alrededor del 5,72% (con proyecciones que podrían superar el 6%, según el BPS), y hay incrementos adicionales focalizados de hasta un 3% en etapas para las más bajas (como los 400-600 pesos extras en ciertos períodos), la realidad es que muchos jubilados continúan sobreviviendo con montos que apenas cubren lo básico en un país donde el costo de vida no deja de presionar. Aceptamos como “normal” que unos pocos pesos mensuales de aumento sean presentados como un gran logro, mientras la dignidad de quienes construyeron el país queda en segundo plano.

El narcotráfico ya no es solo un problema de “tránsito”. Uruguay enfrenta tasas de homicidios elevadas (alrededor de 10-11 por 100.000 habitantes, con picos mucho mayores en zonas de Montevideo como Cerro Norte), disputas territoriales entre bandas, atentados de alto perfil (como el dirigido a la fiscal de Corte) y un sentimiento creciente de que los barrios están siendo tomados. Aunque hubo incautaciones récord en 2025 y se instaló un Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado, la percepción ciudadana es clara, la inseguridad y el narco son la principal preocupación (según encuestas recientes). Declarar que “la guerra contra el narcotráfico está perdida” (como lo expresó un alto jerarca) no es derrotismo; es un diagnóstico realista que la sociedad prefiere no enfrentar con los cambios necesarios para controlar y erradicar la delincuencia.

Y en el ámbito de la Justicia, la percepción de dos varas es casi unánime. En los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), se avanza con decenas de procesamientos y condenas desde 2020 (incluyendo militares y policías por tortura, secuestro y homicidio), pero muchos cuestionan la solidez y proporcionalidad de ciertas acciones judiciales. Es legalmente muy discutible, y para algunos absurdo, que pruebas como el reconocimiento de una voz después de 40 o 50 años sean suficientes para condenar, cuando la memoria humana es falible y el paso del tiempo erosiona la fiabilidad. Igualmente controvertido es mantener en prisión a ancianos de avanzada edad, muchos con problemas de salud, que, si cometieron delitos, ya han cumplido parte significativa de sus penas o están en condiciones vulnerables, mientras se rechazan propuestas de prisión domiciliaria para mayores de 65 años en casos controvertidos. Esta aparente sed de venganza olvida que la ciudadanía rechazó dos veces, en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009, la derogación total de la impunidad inicial, optando por un camino de pacificación. Añade más indignación el doble estándar, quienes más presionan por justicia implacable contra el terrorismo de Estado de antaño son a menudo los mismos que guardan silencio o justifican formas de terrorismo y represión en contextos como la dictadura venezolana actual.

El problema de fondo no son solo estos temas específicos, es el servilismo colectivo hacia la clase política y la complacencia con la zona de confort. Hemos permitido que el Estado y la política dejen de estar al servicio del ciudadano para convertirse en un fin en sí mismos, mientras los políticos prometen esperanza y futuro nos mantienen pendientes de la próxima “zanahoria” electoral; un ajuste mínimo, una promesa de seguridad, un discurso emotivo, y la sociedad, en gran parte, calla, vota lo conocido o se refugia en el fanatismo tribal de “los nuestros son menos malos”.

Uruguay no está condenado a esta mediocridad, pero el cambio no vendrá de arriba mientras la ciudadanía siga premiando la tibieza, la simetría falsa y el “así son las cosas”. La verdadera esperanza empieza cuando dejamos de ser funcionales al fanatismo político propio, exigimos coherencia y recordamos que el poder público existe para servirnos, no para que lo sirvamos nosotros con resignación.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando lo inaceptable como si fuera inevitable? Debemos, como ciudadanos, impulsar los cambios que permitan evolucionar a una sociedad más justa, una economía saneada y una política digna que nos represente en un Estado al servicio público.

Roberto Alfonso Azcona

Guillermo Asi Méndez