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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUn jubilado amigo acaba de pagar la última cuota de un convenio que durante siete meses fue un verdadero vía crucis, por una deuda que se generó y acumuló durante seis años y que recién entonces le fue comunicada. Todo lo adeudado terminó siendo cobrado en apenas siete cuotas, con sus correspondientes recargos.
Pero más allá de la deuda y de las responsabilidades que puedan corresponder, hay algo que preocupa mucho más y es la forma en que el Estado se relaciona con una parte enorme de la población.
Para realizar trámites, pagar obligaciones, acceder a información o simplemente ejercer un derecho, cada vez más se exige entrar a un portal, generar un código, utilizar una aplicación o completar un procedimiento en línea. No es un problema de un gobierno en particular, es un modelo que se viene construyendo desde hace años y que atraviesa distintas administraciones.
¿Y qué ocurre con los miles de uruguayos mayores que no manejan estas herramientas?
Hay pasivos que viven solos, que no tienen computadora, que apenas utilizan un teléfono o celular básico y, además, no cuentan con personas cercanas que puedan ayudarlos.
Digitalizar los servicios puede ser un gran adelanto, pero cuando la única puerta de entrada es una computadora o un teléfono inteligente, esa modernización puede convertirse en una forma de marginación.
No se trata de estar en contra de la tecnología, se trata de algo mucho más sencillo.
Porque cuando para acceder a un derecho o cumplir una obligación se exige manejar herramientas digitales, el problema ya no es tecnológico.
Esto no es innovación si deja atrás a miles de uruguayos.
Gerardo Rodríguez Lafferranderie