Cnel. (r.) Eduardo A. Ferro Bizzozero, prisionero político, cumpliendo pena en el Establecimiento Militar Penitenciario Domingo Arena, al amparo del art. 30 de la Constitución de la República, ante Ud., expone y solicita:
La urgente y exhaustiva revisión de lo decretado por esa SCJ en el expediente 547-17/2021, que adolece de pruebas concretas en las cuales se basa la sentencia. La corporación de la que Ud. es la actual presidenta ha avalado lo dispuesto por la jueza Silvia Urioste en una falta evidente de rigor técnico, con un inocultable sesgo ideológico; peor aún, lo decretado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno (integrado por los ministros Dr. Daniel Tapie, Dr. Ricardo Míguez y la Dra. Beatriz Larrieu), que no solo corrobora la insólita sentencia de la jueza de marras, sino que agrega elementos totalmente subjetivos, inventados, para justificar su decisión, ignorando en forma adrede documentos oficiales del Ejército y 10 testigos que avalan de manera contundente mi inocencia. Leyendo detenidamente el expediente, llego a la firme conclusión de que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno no ha estudiado ni analizado pruebas, demuestra ignorancia en cómo funciona el estamento militar; se observa, a simple vista, lo que se denomina vulgarmente un “corte y pega” indisimulable. Se trata de una falta absoluta de rigor técnico o se confirma un sesgo inocultable político/ideológico. Y, vuelvo a insistir, todo ello avalado por la SCJ, que Ud. tiene la responsabilidad de encabezar, dirigir y corregir el sistema.
No es esta la primera vez que me dirijo con el mismo planteo a la SCJ. El anterior Pte., Dr. Pérez, ha declarado a un medio de prensa de la capital, ante mis planteos, que “yo no había demostrado mi inocencia”. Demás está decir que eso implica un disparate jurídico imperdonable; Ud. conoce, Dra., que es el Estado quien debe probar mi culpabilidad, y simplemente ello no está demostrado. No voy a discutir temas legales porque, si bien tengo el conocimiento superficial básico, desconozco la profundidad del derecho, pero hay normas básicas, y una de las fundamentales es que ante la duda, ante la falta de pruebas fehacientes, etcétera, rige el principio de absolución: in dubio pro reo.
Sé que Ud. va a pensar que estoy fuera de plazo para reclamar, que no corresponde la apelación, que me dirija por el conducto adecuado, etcétera, etcétera. Para mí son todas excusas para aparentar una legalidad que la “Justicia” soslaya para evitar analizar y estudiar el fondo del tema; que por un sentimiento de “corporatividad” no va a indagar sentencias irregulares de sus pares, aduciendo la “independencia de los jueces”. Eso en realidad esconde una defensa interna indisimulable para ocultar las deficiencias internas funcionales, pero fundamentalmente para disimular el sentimiento de venganza, ya a esta altura difícil de ocultar. Le agrego también a este no menor detalle que el propio extitular de la SCJ Dr. Pérez ha expresado públicamente que la calidad de los jueces es magra. ¿Ud. (Uds.) ha tomado medidas para solucionar este problema detectado por el sistema?
Asimismo, han expresado en más de una oportunidad, destacados abogados, notorios políticos, expresidentes de la nación, destacados académicos, han expuesto públicamente las irregularidades de la corporación que Ud. dirige, la cual hoy se rige por normas internacionales, ignorando la propia Constitución de la República, la cual queda subordinada y a la tutela de la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicando delitos que no figuraban en nuestro ordenamiento jurídico en el momento de sucedidos los supuestos hechos que se investigan.
Y por qué no mencionarle que hay una sensación generalizada imperante que el fiscal de Derechos Humanos es quien realmente tiene el control, ejerce presión y subordina de hecho profesionalmente a los jueces y al sistema judicial en general. Quienes han sido obedientes a sus pretensiones han sido premiados, los hechos hablan por sí solos.
Surgen interrogantes entonces. ¿Qué poder del Estado debe hacer cumplir la Constitución? ¿Por qué el Poder Judicial, en concreto la SCJ, desconoce flagrantemente la Constitución? ¿Qué poder del Estado debe hacer cumplir lo decidido por el soberano?
Por ende, le agrego que Ud. y sus pares están cometiendo un presunto delito contra la soberanía del Estado —delitos contra la patria— (por acción u omisión) al ignorar una ley votada en el Parlamento, y el resultado de dos pronunciamientos populares (plebiscito, referéndum), los cuales están siendo soslayados e ignorados simultáneamente; otro aspecto es el de aplicar normas internacionales no previstas en nuestro ordenamiento jurídico, violando e ignorando la Constitución. Tenga presente que, tarde o temprano, la historia los juzgará.
Ud. (Uds.) se niega, quizá por un sesgo ideológico, o por temor, a reconocer que nuestra República, después de la conmoción social violenta, eligió el sabio e inteligente camino de la amnistía para los terroristas y sus adláteres, como también para las fuerzas de seguridad que accionaron por orden del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la fracción izquierdista, al perder los apoyos internacionales que los sostienen y apoyan política y financieramente para conspirar contra la patria, cambiaron de estrategia y buscaron el oblicuo camino legal, sus variadas y antojadizas “interpretaciones” y lograr continuar la lucha por otros medios para controlar el poder, usando, entre otras acciones, a la “justicia compañera” a sus fines.
Aquí en nuestro suelo patrio han intervenido activamente agentes cubanos en diferentes modos de operación, incluido el apoyo financiero a través del Bandes, entre otros, tercerizando operaciones con el propio Irán, vía Venezuela, e infiltrando prioritariamente al Poder Judicial, al sistema de enseñanza (en concreto, la Universidad de la República), los medios de comunicación masivos. La comunidad de inteligencia ha registrado detalladamente toda esa operativa, incluida la influencia e injerencia que han tenido en la propia SCJ y su cambio de postura en cuanto al respeto a la soberanía nacional.
El prestigio y el respeto de un poder del Estado se logra, se mantiene firme y se proyecta por el accionar diario de sus integrantes. El respeto no se hereda ni se cede gratuitamente… Uds. no guardan el respeto que se merece el Poder Judicial, lo han mancillado en el acatamiento a las corrientes extranjerizantes, globalistas, propias de la Agenda 2030 y sus laterales, en una franca y voluntaria claudicación de nuestra soberanía.
En resumen, como no soy portavoz de nadie, solo hablo de mi caso en particular (aunque me constan los atropellos inmorales e ilegales que han hecho en todos los casos del trillado “pasado reciente” contra militares y policías), es que le solicito firmemente que disponga revisar mi expediente personal y actúe profesionalmente, con verdadero sentido de justicia, mirando hacia el futuro y no alimentando más la grieta social que han creado y aún hoy día siguen alentando… ¡¡¡Sean jueces genuinos, íntegros!!!, no burócratas de biblioteca disfrazados de togas influenciados por la intelectualidad de izquierda internacional.
Como observará, de nada resultaron hasta ahora los cinco años y medio que tengo encerrado como prisionero político, pues en todos nuestros casos la “rehabilitación” es una verdadera farsa. Le declaro que no me arrepiento de las acciones en las que intervine en cumplimiento de órdenes del mando superior, para eliminar y neutralizar la agresión externa indirecta (tanto en el período de facto como en la posterior etapa de normalización institucional), y esos hechos difieren de los que me acusan falsamente.
Cada día me convenzo más de la venganza sobre todo el estamento militar por parte de Uds., “la Justicia”, quienes actúan en nombre de la “democracia”, obedientes a sus manipuladores… Vuelvo a insistir, una verdadera farsa disfrazada de togas.
Si necesita ampliación, sabe dónde encontrarme.
Cnel. (r.) Eduardo Ferro
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