Otro subsidio encubierto

Con motivo de las elecciones departamentales del pasado domingo, durante varias horas sintonicé distintos canales de la televisión abierta, por primera vez en mucho tiempo.

Grande fue mi sorpresa cuando, llegada la tanda publicitaria, constaté que uno tras otro todos los avisos eran contratados por entes públicos. En efecto, en la misma tanda se proyectaron dos avisos distintos de Antel (¡!), uno de UTE (¡!) y otro del BROU.

Que Antel y el Banco República inviertan en publicidad tiene su lógica, desde que actúan en mercados competitivos (aunque, sin ser experto en publicidad, también resulta raro ver dos cortos de la misma empresa en la misma tanda).

Ahora, que la UTE, ente monopólico que vende un servicio tan básico como la luz eléctrica, publicite en medios de comunicación me resulta inexplicable. Dicho sea de paso, se trataba de una larga publicidad, del entorno de un minuto, con evidente costo de producción, en la que se recomendaba usar el secarropas en horas de la noche. Es inevitable para uno preguntarse: ¿qué objetivo se persigue con esa publicidad? ¿Restarle cuota de mercado al agresivo mercado de las lavanderas? ¿Pelear contra el uso del tender?

Confieso que todo el episodio me resultó una tomadura de pelo. Bien podría la UTE dedicar ese dinero, que evidentemente le sobra, para bajar el costo de las tarifas en lugar de pautar en televisión.

Pero, además, saliendo del caso puntual del ente energético, el episodio da para reflexionar sobre la forma de financiamiento de la televisión pública. Que evidentemente no es únicamente a través del rubro presupuestal previsto para ello, sino a través de la pauta proporcionada por entes públicos, algunos de ellos monopólicos.

Consultando con conocedores del tema, fui informado de la existencia del artículo 17 de la Ley 17.904, que obliga a los entes públicos a destinar el 20% de su pauta publicitaria al Canal 5. Prueba palmaria de la naturaleza encubierta del subsidio que se le otorga al canal, y de la desvirtuación del rol de las empresas públicas, que, en caso de deber pautar —necesidad de por sí discutible—, deberían hacerlo en aquellos medios que les aseguren mayor llegada, de acuerdo a mediciones de audiencia, y no al dirigismo estatal. Parece de orden que algún político se aboque a estudiar la pertinencia de esta legislación.

Una de las primeras medidas tomadas por Javier Milei al acceder a la presidencia argentina fue prohibir la pauta publicitaria estatal. Otra de ellas fue cerrar la televisión pública. La población argentina lo apoyó y hoy goza de una gran popularidad.

Aquí, los políticos y la “casta” uruguaya siguen tirando de la piola. Algún día se cortará, y los opinólogos se preguntarán por qué, con cara de circunstancia.

Probablemente sea por cosas como estas, que, silenciosamente, como olas que horadan la piedra, terminarán por colmar la paciencia de los orientales.

Un contribuyente