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Coincido con su diagnóstico principal: existe un fenómeno general de adicción a las pantallas, que va más allá del smartphone, aunque este sea su gran protagonista. También comparto la preocupación ante un mundo que parece controlarnos más de lo que nosotros logramos controlarlo.
No me animo, en cambio, a afirmar si el mundo está mejor o peor que antes. Habría que precisar respecto de qué época, en qué aspectos y en qué lugares. Pero mi discrepancia principal es otra. No creo que corresponda responsabilizar a las nuevas tecnologías ni a sus propietarios por el deterioro de la convivencia, la información, el periodismo o la calidad de la democracia.
¿Será la culpa del chancho o de quien le rasca el lomo?
¿Es inevitable que la tecnología produzca esos efectos o podría generar resultados muy distintos si aprendiéramos a utilizarla mejor?
El ser humano se desarrolló a lo largo de la historia apoyándose en herramientas. También lo son las tecnologías digitales y la inteligencia artificial generativa, por extraordinario que sea su potencial. Las herramientas amplían nuestras posibilidades, pero no determinan los fines para los cuales las utilizamos. Pueden usarse bien o mal. La responsabilidad no pertenece a la herramienta ni a quien la pone a nuestra disposición, aunque obtenga con ello un beneficio económico, sino a quien decide cómo utilizarla.
El asunto tiene, sin embargo, dos dimensiones diferentes.
En el plano individual, cada persona es responsable del uso que hace de la tecnología. Para ejercer mejor esa responsabilidad necesita información, educación general y capacitación específica, que le permitan comprender sus riesgos y aprovechar sus posibilidades. Pero sigue siendo el individuo quien decide cuánto tiempo dedica a una pantalla y para qué, qué contenidos consume y hasta qué punto permite que esa herramienta gobierne su vida.
El problema cambia de naturaleza si, como sostiene su columna, el mal uso de las pantallas ha adquirido una dimensión colectiva capaz de afectar la salud, la convivencia, la calidad de la información y hasta la democracia. En ese caso, ya no alcanza con apelar a la responsabilidad individual.
Las sociedades democráticas se organizan políticamente y confían al Estado el poder necesario para enfrentar los problemas colectivos. Corresponde entonces a quienes gobiernan comprender el fenómeno, informar a la población, educarla para utilizar mejor las nuevas herramientas, regular cuando sea necesario y, excepcionalmente, prohibir aquello que produzca daños que no puedan evitarse de otro modo.
La calidad de la democracia no la determinan las pantallas, sino la calidad de la política y de quienes la ejercen. Con demasiada frecuencia, quienes actúan en política se preparan para conquistar el poder, pero no para ejercerlo con competencia. Lo vemos, lamentablemente, hoy en día en nuestro país con el presente gobierno. Cuando eso ocurre, nadie toma las decisiones necesarias y luego se atribuyen los malos resultados a fuerzas que parecen incontrolables.
No vale culpar a los aparatos ni presentar sus efectos como un destino inexorable. Si el uso de las pantallas genera daños colectivos, corresponde a quienes gobiernan adoptar las medidas necesarias para evitarlos o subsanarlos. Para eso les fue confiado el poder. La responsabilidad principal recae en quienes, teniendo el deber y los medios para actuar, no lo hacen.
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