Tres voces sobre la asistencia a la infancia

En la fuerza política que hoy gobierna se han escuchado dos voces principales al respecto. Una, la de quienes efectivamente gobiernan. Otra, una voz que de alguna forma interpela a la primera.

Dice el mensaje del Poder Ejecutivo que “entre las iniciativas vinculadas con la infancia y adolescencia se destaca el aumento de un 50% del Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, destinado a mejorar el nivel de ingresos de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema en los que residen mujeres embarazadas y/o niños/as de 0 a 3 años”. Son medidas claramente insuficientes.

Lo mismo parecen pensar quienes sostienen la otra voz de la que hablaba antes. Esta voz interpela a la del gobierno y reclama que el financiamiento del apoyo a la infancia recaiga en los más ricos. Pero importa advertir que esta voz no propone un plan concreto más potente y más eficiente para la primera infancia y la adolescencia. Empieza por pedir más recursos para destinar a ese fin. ¿Cuántos? Los que se pueda conseguir sin que la pradera arda. Y así salen con una propuesta de un impuesto a los superricos, al principio, y ahora, bajándole un poco el perfil al pedido, proponen una sobretasa en el Impuesto al Patrimonio. Explican en la prensa las bondades técnicas de esa propuesta y su armonía con el resto de la expresión del sistema tributario.

Pero la propuesta de sistema tributario no es solo ni principalmente un asunto técnico, sino filosófico y político. Y en estos campos, la filosofía del gobierno y de la gran mayoría de la oposición se refleja en el sistema tributario bastante consolidado que tenemos (que por cierto es perfectible).

Es claro que el sistema vigente no refleja el pensamiento filosófico de los sectores radicales del Frente Amplio, un sector importante pero minoritario a escala nacional, que son quienes están detrás de la voz de la que hablamos. Me refiero al pensamiento de raíces marxistas que combate a la economía de mercado y a sus propulsores —los empresarios—, y defiende, para decirlo más rápidamente, el “modelo cubano”.

Son quienes creen que primero hay que distribuir y después, con las migajas de todos, tratar de producir. Son quienes creen que cualquiera puede ser productor y, por lo tanto, lo mejor es que lo sea el Estado, que supuestamente seríamos todos pero sabemos que eso no es así y que sus únicos dueños pasan a ser los meros guardianes del poder político. Son quienes pretenden resolver los problemas con los recursos de los demás, que en realidad consideran, fuera del sistema que combaten, como propios. Son quienes atentan con sus planteos contra las democracias liberales y republicanas como la nuestra, aunque discursivamente intentan negarlo. Como no tuvieron empacho en atacar, en su momento, la reciente reforma de la seguridad social, aunque las consecuencias de una eventual caída de ese sistema hubieran significado un colapso (que festejarían).

Ahora quieren más impuestos a los ricos. Para reducir la desigualdad, dicen, como si esto fuera un dogma irrebatible, y como si lograr una mayor equidad entre las personas pasara (¿solo?) por sacarles a algunos y darles a otros. Lo importante no es la desigualdad, sino que todos los uruguayos tengamos una vida digna y lo más próspera posible. Y esto pasa, entre otras cosas, por resolver el problema de la pobreza infantil y adolescente, sin dudas. Pero no pasa necesariamente por volver a meter la mano del Estado en los bolsillos de los ciudadanos.

No. Ni una voz ni la otra. Se escucha una tercera, que cuenta con adherentes en todos los partidos políticos del país: elaborar un plan más ambicioso para eliminar la pobreza infantil y adolescente, y sostenerlo en el tiempo, y financiarlo con una redistribución de recursos provenientes de otras asignaciones menos prioritarias. En otras palabras, generar eficiencias en el manejo de los dineros públicos.

¿Fácil? No, pero perfectamente posible.

Hace un tiempo me referí a la manera aluvional (Sánchez dixit) de elaborar el Presupuesto Nacional. Así viene siendo, realmente. Y suele ocurrir que los sedimentos de origen aluvional no siempre se localizan en los lugares adecuados, y en esos casos es preciso removerlos. Es una irresponsabilidad no hacerlo. Los recursos de los ciudadanos deben utilizarse donde más se necesitan. Y no deben usarse donde no se necesitan. Para definir y ejecutar esto es que tenemos gobierno. Basta de excusas y de discusiones estériles.

Leonardo Decarlini