Eutanasia: con aportes del hijo de Tabaré Vázquez, la Iglesia alerta por “indefensión del personal de salud”

A pedido del cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Vázquez Delgado ya había ofrecido charlas sobre la eutanasia a sacerdotes de Montevideo, con un enfoque médico que explicaba la concepción de la vida y la muerte, así como los cuidados paliativos.

“Durante todo este tiempo no quedó claro que no todo se regula con la eutanasia, sino que el camino natural va por la medicina paliativa y que la mayoría de la gente opta por ese camino natural. Es el proceso final natural de toda persona, que intenta sortear los sufrimientos hasta el final de su vida, convirtiéndolos en algo soportable. El alcance de los cuidados paliativos bien hechos, bien llevados, es tremendo, porque hacen que el sufrimiento físico, moral, psicológico, emocional y espiritual sea soportable. Sin embargo, no todos conocen esta otra parte porque es una parte de la discusión que no se ha tenido muy en cuenta”, argumentó.

“Eso es lo que los obispos querían conocer”, añadió. “Tenían una preocupación por saber cuál era la función real de los cuidados paliativos”.

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La aprobación de la “ley de eutanasia”, denominada oficialmente como Muerte Digna, se concretó el 13 de agosto en la Cámara de Diputados y el 15 de octubre en la Cámara de Senadores. Recibió votos de todos los legisladores del Frente Amplio, de la mayoría del Partido Colorado y de una minoría del Partido Nacional, con la oposición de Cabildo Abierto.

Previo a su debate en el Senado, Sturla manifestó en un podcast de la Iglesia católica de Montevideo que los cristianos debían preguntarse qué legisladores respaldaban la norma “porque allí también hay un discernimiento a realizar después a la hora de votar”.

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Los cuestionamientos desde la Iglesia a la ley han sido reiterados a lo largo del año, de manera individual por algunos de sus principales representantes y también de manera oficial a través de instituciones como la Conferencia Episcopal del Uruguay.

“La ley fomenta la cultura de la muerte. En un país con una alta tasa de suicidios, con serias dificultades para abordar el tema de la salud mental, esta ley va en contra del valor y la dignidad de la vida humana y nos pone en un riesgoso camino de naturalizar la búsqueda de la muerte como solución a situaciones de la vida que se pueden enfrentar de otra manera”, manifestó la CEU en una carta el 16 de octubre, un día después de que la norma fuera aprobada en el Senado. “Morir con dignidad significa morir sin dolor u otros síntomas mal controlados; morir a su tiempo natural, sin que se acorte o se prolongue de forma innecesaria la vida; morir rodeado del cariño de la familia y los amigos; morir con la posibilidad de haber sido informado adecuadamente”, dice la misiva firmada por el presidente de la CEU, Milton Tróccoli —obispo de Maldonado-Punta del Este-Minas—, el vicepresidente Sturla y el secretario general Heriberto Bodeant, obispo de Canelones.

Este y otros argumentos de los obispos fueron compartidos por Vázquez Delgado durante su encuentro con ellos en Florida. “Creo personalmente que hay otros caminos a la eutanasia. En 30 años de profesión como médico y oncólogo nunca me pasó que alguien me solicite la eutanasia”, sostuvo.

Especializado en mastología, Vázquez Delgado tiene 59 años y actualmente es gerente general administrador del Consultorio de Oncología y Radioterapia (COR), una clínica dedicada a la oncología radioterapéutica fundada en 1986, que tuvo a su padre como uno de los fundadores. Además, es teólogo y proviene de una familia católica: su madre, María Auxiliadora Delgado, fue salesiana y estuvo activamente involucrada en distintos servicios sociales de la Iglesia. En 2014 fue candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano, un sector de inspiración cristiana dentro del Frente Amplio.

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Durante el debate parlamentario sobre la eutanasia, Vázquez Delgado fue uno de los impulsores y firmantes de la carta enviada al Poder Legislativo por más de mil médicos que se pronunciaron en contra de la norma. El documento señalaba, entre otras debilidades, que el proyecto no establecía un proceso colectivo entre varios profesionales para definir con el paciente su muerte asistida debido a patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que deterioran gravemente la calidad de vida.

La ley señala que quien quiera recibir asistencia para morir deberá pedirlo personalmente a un médico, que dialogará con él, le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificará que su voluntad sea libre, seria y firme. “Producida la muerte del paciente, el médico actuante lo comunicará de inmediato al Ministerio de Salud Pública. Si el Ministerio de Salud Pública entendiere que hubo un apartamiento grave del procedimiento legal lo comunicará a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos que esta viere corresponder”.

Para Vázquez Delgado, es contradictorio que “todas las decisiones médicas de importancia” requieran de la convocatoria de un ateneo médico, pero no la eutanasia. “No es lógico que la decisión de provocar una muerte sea mediante un mano a mano entre el médico actuante y el paciente. Debe ser una discusión de varios especialistas y no solo del médico actuante: el especialista de la patología, un psiquiatra, un abogado, un escribano... Porque después que se murió el paciente, si el ministerio decide que no estuvo bien hecho el proceso, pasan al médico a Fiscalía y puede ir a prisión. Esto a los obispos les llamó la atención. Entonces, en este sentido creo que la ley es floja porque no le da al médico todas las garantías del caso”, planteó.

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Por último, Vázquez Delgado también criticó que la nueva norma se refiera al resto del personal de salud de forma “genérica y muy a la volada”, lo que deja dudas sobre cómo podrán ejercer la objeción de conciencia profesionales como enfermeros y enfermeras a la hora de negarse a participar en una muerte asistida: “Son pequeñas cosas de la cocina que hacen también a la indefensión del trabajador y que la ley no tomó en cuenta. Capaz lo hace en su reglamentación”.