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El senador Daniel Caggiani ha presentado un proyecto de ley para prohibir que los legisladores trabajen. Dicho así suena mal, de modo que se lo bautizó con un eufemismo de resonancias monásticas: dedicación exclusiva. Senadores y diputados deberán renunciar a toda actividad remunerada ajena a la banca. Una toma de hábitos, en rigor. El novicio cruza la puerta del Palacio Legislativo, entrega sus pertenencias terrenales —el estudio, el consultorio, la chacra, el mostrador— y pronuncia sus votos: obediencia al partido, pobreza ajena y castidad laboral.
En 1919, ante los estudiantes de Múnich, Max Weber distinguió dos maneras de habitar la política: vivir para ella y vivir de ella. La primera era la vocación; la segunda, el riesgo. Weber dedicó una conferencia entera a advertir sobre el funcionario del partido que, desprovisto de otro oficio, convierte la supervivencia de su cargo en su única causa. El proyecto de Caggiani tiene el mérito de zanjar el dilema centenario: en adelante, en Uruguay solo se podrá vivir de ella. Lo que el alemán describió como una patología, nosotros lo consagraremos como requisito de admisión.
Consultado por las críticas, el senador respondió con una franqueza que conviene agradecer: “Si te gusta hacer plata, dedicate a la actividad privada”. La frase merece bronce. Primero, porque revela la sociología del emepepismo: “hacer plata” —es decir, trabajar, facturar, arriesgar, emplear, pagar aguinaldos ajenos antes que el propio— no es una actividad, es una debilidad del carácter. Un vicio que se tolera, como otros, siempre que se practique en la intimidad y lejos de la cosa pública. Segundo, porque delimita con precisión de agrimensor los dos mundos: afuera, los que hacen la plata; adentro, los que la asignan. Y tercero, porque es involuntariamente autobiográfica. Quienes promueven la exclusividad suelen ser quienes la practican hace décadas: el proyecto no le pide a su autor sacrificio alguno. No es una reforma. Es un currículum con fuerza de ley.
El argumento oficial son los conflictos de intereses, y ahí el proyecto alcanza su clímax conceptual: resolverlos concentrándolos. Porque el legislador de dedicación exclusiva no está libre de conflictos de intereses; tiene uno solo, total y permanente: su reelección, que en Uruguay es indefinida. Cuando la banca es el único ingreso, perderla no es alternancia republicana, es un despido. Y no existe lobby más persuasivo que el estómago propio. El diputado-contador puede votar contra su conveniencia y volver al estudio; el diputado-diputado no tiene adónde volver. Su independencia de criterio termina exactamente donde empieza su presupuesto familiar. El proyecto no elimina el conflicto de intereses: lo estatiza, que es lo que esta gente hace con todo lo que toca.
Durante más de un siglo, el Parlamento uruguayo fue una asamblea de médicos que atendieron en el interior, abogados de matrícula viva, escribanos, productores que sabían lo que valía un fardo de lana. Se podrá discutir la calidad de sus leyes; no su conocimiento del precio de las cosas, que es la forma más elemental del conocimiento del país. El proyecto propone terminar de remplazar esa fauna por un ecosistema controlado: temperatura estable, alimento asegurado, depredadores abolidos. Un Parlamento de dedicación exclusiva no es un Parlamento más puro. Es un acuario de peces criados en cautiverio, legislando sobre el mar.
En el partido de Caggiani predican con el ejemplo: es raro encontrar a alguien que se haya destacado en la esfera privada entre sus filas. Es mucho más difícil encontrar a alguien con título terciario.
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