El pasado 20 de mayo, precisamente, comenzó a tratarse en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el proyecto de ley, presentado por senadores del Frente Amplio (FA), que declara “fechas patrias” y “feriados nacionales laborables” el 20 de mayo y el 30 de noviembre de cada año y dispone que se las conmemore con “jornadas recordatorias de diferentes características en los centros de enseñanza, instituciones relacionadas con derechos humanos, culturales y en el Parlamento”.
Ambas fechas pertenecen a nuestra llamada “historia reciente”, aunque cada una de ellas tiene distinta significación. No está claro por qué se las reúne en un mismo proyecto de ley y todavía en un mismo artículo, salvo que se trate de impedir que se pueda votar por una, pero no por la otra; es todo o nada.
El 30 de noviembre de 1980 se celebró el plebiscito en el que el proyecto constitucional elaborado por la dictadura de entonces fue rechazado por una amplia mayoría ciudadana. El histórico triunfo del No aquella jornada fue el primer paso en el camino hacia la recuperación de la democracia. Si antes del hecho algunos pudieron dudar, de buena fe, de que ese fuera a ser su resultado, el curso posterior de los sucesos lo confirmó rotundamente. La dictadura acató la decisión del soberano y archivó el “plan político” que había elaborado asumiendo que ganaría el Sí.
El 20 de mayo de 1976 fueron hallados en Buenos Aires los cadáveres de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw; el día anterior había sido detenido —también en la capital argentina— Manuel Liberoff, quien permanece desaparecido hasta hoy. Desde 1996, el 20 de mayo es la fecha en la que se recuerda a los detenidos desaparecidos y se reclama que aparezcan sus restos mortales, se averigüe qué les pasó y se castigue a los responsables por ello (“verdad y justicia”).
El 30 de noviembre de 1980 permanece firme y radiante en la memoria de todos quienes vivimos aquella jornada y celebramos su resultado; pero su recuerdo ya no convoca a la acción porque lo que buscaba el No, que era el restablecimiento de la democracia, se logró hace muchos años.
El 20 de mayo, en cambio, plantea objetivos no alcanzados pese al tiempo transcurrido desde el restablecimiento de la democracia. Por eso convoca y moviliza, y no solo a los familiares y demás contemporáneos de los desaparecidos, sino también a jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando comenzaron las marchas en aquella fecha; esos jóvenes sabrán mucho, poco o nada de la historia reciente, pero hoy se solidarizan empáticamente con quienes reclaman verdad y justicia en nombre de sus seres queridos y ausentes.
¿Y qué importancia tiene, se podrá decir, que quienes marchan el 20 de mayo sepan “mucho, poco o nada” de la historia reciente? ¿Acaso la demanda de “verdad y justicia” no tiene un fundamento ético evidente, cuyo valor es independiente de las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos que la generaron?
Se ha hecho hincapié en esto, que sería el carácter indiscutible de la conmemoración del 20 de mayo y la ubicaría por encima de la política y por fuera del perímetro de cualquier discusión legítima. Lo invocaron los clubes de fútbol que autorizaron a sus equipos a entrar a la cancha con camisetas que lucían la leyenda “Todos somos familiares”, pese a que sus estatutos no permiten actividades o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico. Lo invocaron también las autoridades del Ministerio de Educación y de Cultura para respaldar a esos clubes, y las de la ANEP para anunciar que la educación pública tratará el asunto en sus aulas, lo cual, según ellas, no menoscabará la laicidad de la enseñanza. Lo invocó también, implícitamente, una senadora del FA que cuando en la Comisión del Senado un senador blanco y otro colorado pidieron que se aplazara por una semana el tratamiento del tema, dijo y reiteró que esperaba que “la dificultad” para tratarlo de inmediato fuera solo “de forma y no de fondo”; como si fuera impensable, casi sacrílega, una discrepancia sobre el fondo del asunto.
Ahora bien, ¿cuál es el fondo del asunto? Lo que es incontestable y nadie discute es el hecho de las desapariciones forzadas, el dolor de los familiares de los desaparecidos y su derecho a encontrar sus restos y a saber cómo murieron y quién o quiénes los mataron. Pero el asunto tiene, además, otras facetas. El reclamo de “justicia”, además de verdad, choca de frente con el referéndum que en 1989 confirmó la ley de caducidad de 1986 —por sus efectos, una amnistía—, así como con el plebiscito que veinte años más tarde rechazó la enmienda constitucional propuesta para anular dicha ley. En 2011 el FA, con mayoría propia en el Parlamento, sancionó una ley “interpretativa” de la caducidad que en los hechos significó su anulación. Hoy, los beneficiarios de la amnistía de 1986 que siguen vivos están casi todos presos, o en vías de estarlo. “El Frente Amplio se pasó dos plebiscitos por las partes”, comentó Fernández Huidobro, sin precisión terminológica, pero también sin mentir.
No se argüirá, supongo, que declarar una “fecha patria” no implica endosar el reclamo de “verdad y justicia”; el tema es demasiado serio como para jugar a ser ingenuos.
Al FA no le interesa hoy reabrir el debate jurídico. En ese terreno, y pese a los dos pronunciamientos populares señalados, ya impuso su voluntad. Lo que busca ahora es dar un paso más hacia la consagración institucional de un relato de la historia reciente hecho a su medida. Ese paso consiste en convencer a la sociedad uruguaya, con la autoridad de la ley, de que una parte equivale al todo y de que los hechos que se conmemoran el 20 de mayo son la síntesis completa y fidedigna de nuestra historia reciente: los desaparecidos eran integrantes de partidos y grupos de izquierda; quienes los hicieron desaparecer eran militares y policías. Todos los buenos de un lado, todos los malos del otro; no hay cómo perderse.
Se omite, para empezar, que hubo muchas otras víctimas en los largos años de violencia política transcurridos desde comienzos de los años 60 hasta el restablecimiento democrático de 1985. El FA ha reconocido a las que considera propias, como lo demuestra la decena de leyes de reparación a diversos colectivos sancionadas entre 2005 y 2020, en la mayoría de los casos con el voto conforme de blancos y colorados. En cambio, se ha negado a reconocer como víctimas a quienes fueron abatidos por la violencia guerrillera. En el año 2006, Tabaré Vázquez derogó el decreto de 1985 que declaraba el 14 de abril de cada año “Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones”, y en 2023 los legisladores del FA votaron en contra de la ley que dispuso la reparación a las “víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos”. Para los promotores del proyecto de ley de feriados que comentamos, víctimas hubo de un solo lado; el suyo es un relato en blanco y negro. Esta es la “historia” que nos dicen que quieren enseñar en las aulas de la ANEP.
Hay otras visiones, obviamente, de lo que sucedió en el Uruguay desde que algunos émulos de la Revolución cubana empuñaron las armas contra las instituciones democráticas, hasta que salimos de la dictadura militar. Los libros de Julio María Sanguinetti La agonía de una democracia y La reconquista ilustran bien al respecto. El principio de laicidad que rige la educación pública obliga a presentar con ecuanimidad esas distintas perspectivas a los estudiantes, sin darle preferencia a ninguna. Me cuesta creer, francamente, que vaya a ser así.
Ningún hecho acaecido en esos años resume en sí todos los significados ni todos los dolores; ninguna fecha contiene a todas las demás. Pretender otra cosa y comprimir la historia reciente en una conmemoración es reducir y deformar esa historia para que encaje en el molde ideológico de un proyecto político que, a esta altura, se alimenta más de emociones que de razones.
Estos son argumentos de fondo que, a mi juicio, cabe oponer al proyecto de ley que comentamos. Una parte no es el todo; y una verdad a medias es, bien se sabe, solo una forma de la mentira.
Ope Pasquet
