Al estudio Delpiazzo Abogados hubo un documento que le llamó la atención. La garantía que el astillero Cardama había conseguido del EuroCommerce Bank tenía la firma de un tal Alex Walsh y no estaba traducida ni certificada. Solo estaba acompañada de un acta elaborada por un notario español llamado Luis Calabuig de Leyva, en la que otro español decía que Walsh tenía potestades para firmar un documento que valía 4 millones de euros.
La garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank por más de 4 millones de euros era clave para que el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo comenzara a operar. Es ahora, además, el centro de una controversia jurídica y política en Uruguay.
El acta notarial española que acompañaba la garantía y que supuestamente servía como certificación es ahora objeto de dudas. Búsqueda contactó este lunes 27 al notario por LinkedIn y le mostró parte del documento que recibió el gobierno en el que aparece su nombre, ante lo cual Calabuig de Leyva dijo que él no confeccionó ese documento y que “debe ser una falsificación”.
“Ese documento no lo he firmado yo, lo estoy comprobando. Es posible que sea una falsificación”, insistió. Cuando Búsqueda le pidió conversar por teléfono para profundizar el tema, respondió: “Perdone, pero hablaré si es necesario con las autoridades uruguayas”.
Búsqueda llamó a las oficinas del notario y pidió para hablar con él, pero no tuvo éxito. Por LinkedIn, Calabuig de Leyva reiteró su negativa a hablar e insistió en que solo hablará con “las autoridades correspondientes”.
El acta
El acuerdo entre Uruguay y el astillero Cardama, firmado en diciembre de 2023, establecía el pago total de 82 millones de euros por dos patrullas oceánicas cero millas, un monto que se abonaría en partes según los avances en el diseño y la construcción.
Cardama no había podido comenzar a ejecutarlo porque no conseguía las garantías exigidas: una por 4 millones de euros y otra por 8 millones de euros. Después de 11 meses y siete intentos, que incluyeron al Banco de Seguros y a Abitab, logró que EuroCommerce Bank le expidiera una, firmada por Walsh, y que el ministerio la aceptara.
El estudio Delpiazzo Abogados, que asesoraba al gobierno en el proceso, informó el 6 de noviembre que no se lograba acreditar que Walsh tuviera representación para firmar la garantía. Solo había “un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito (aspecto que no es cuestionado). Por tanto, no surge de la documentación que el Sr. Alex Walsh pueda representar a la sociedad EuroCommerce LTD”, dice el informe que elaboró el estudio para el ministerio.
Después de esa alerta de Delpiazzo es que aparece el acta fechada el 15 de noviembre que el notario dice que podría ser falsa.
Se trata de un “acta de manifestación” fechada el 15 de noviembre de 2024, en la que Luis Calabuig de Leyva, notario de Valencia, relata que Francisco Sabater Cabanes se presentó, mostró su cédula y le dijo que actuaba en su nombre y “como representante de EuroCommerce LTD”.
El texto dice que Sabater Cabanes declara ante el notario lo siguiente: “Que el sr Alex Walsh tiene facultades suficientes en representación de EuroCommerce LTD para emitir y firmar la garantía número 241022ECB/1 solicitada por Francisco Cardama SA”.
El resto del documento tiene la jerga habitual de un documento notarial, que termina con “doy fe”, el nombre Luis Calabuig de Leyva y lo que parece ser una firma.
Ese es el documento que Calabuig de Leyva dice no haber firmado y que podría ser falso.
El socio
Búsqueda contactó a Calabuig de Leyva por primera vez el jueves 23 para consultarle sobre la certificación notarial entregada a Sabater Cabanes.
En aquella oportunidad, pidió tiempo para llegar a su despacho y revisar sus archivos. Aclaró, no obstante, que los notarios españoles no emiten “certificaciones”, sino “legitimación de la firma”. Es decir: “Que una persona se presenta con un documento en mi despacho y estampa su firma en mi presencia. Yo únicamente doy fe de que esa persona es quien ha firmado delante de mí previo reconocimiento de su documento de identidad. Pero no certifico nada”.
El notario no encontraba la documentación y Búsqueda le sugirió que revisara entre “fines de octubre y principios de noviembre”.
“En las fechas que me indica, no hemos encontrado ningún documento firmado por mí. Pero sí hemos encontrado uno firmado por mi compañero de despacho, que tiene relación con el objeto que nos ocupa. Por mi deber legal de guardar secreto sobre el protocolo notarial, no le puedo revelar el contenido de dicho documento”, explicó.
Cuando Búsqueda le preguntó por el nombre de su colega, respondió que era Vicente Tomás Bernart. El sello de su colega aparece en el vértice superior izquierdo del acta, uno de los indicios que lo lleva a pensar a Calabuig de Leyva que es un documento falso.
Encabezado contrato EuroCommerce
Cambios de dirección
El gobierno anunció el miércoles 22 que iba a presentar una denuncia penal porque consideraba que Uruguay podría haber sido víctima de un fraude cometido por Cardama. La sospecha surgió porque cuando fue a la dirección que lucía en el contrato de garantía de EuroCommerce Bank se encontró con que allí funcionaba una inmobiliaria y no un banco.
EuroCommerce LTD fue creada en el Reino Unido, pero se encuentra en proceso de eliminación del registro.
Búsqueda informó el viernes que luego del anuncio del gobierno, el administrador de la página web de EuroCommerce Bank había cambiado la dirección para que coincidiera con otra dirección que había tenido la empresa, según el registro comercial británico.
Esa nueva dirección es la misma que usan otras miles de empresas. La dirección actual, además, es una fijada por default por la autoridad británica debido al proceso de baja de la compañía.
Cuestionamientos de la oposición
La decisión del gobierno de cortar el contrato, que ya lleva ejecutados unos US$ 30 millones, provocó duras críticas de la oposición. Es que el modo en que se hizo podría exponer al Estado a juicios millonarios, según advirtieron varios dirigentes y legisladores.
“El Estado debió intimar al contratista a sustituir la garantía antes de declarar la rescisión. No hacerlo expone al país a un juicio millonario por daños y perjuicios”, escribió el domingo 26 el senador Pedro Bordaberry. “Más grave es desconocer el principio general del derecho según el cual 'venire contra factum proprium non valet' —no se puede ir contra los propios actos—. Este principio, recogido en el artículo 1291 del CC, viene de la buena fe en la ejecución contractual”.
“Aceptar la garantía, liberar pagos y luego desconocerla constituye un acto de mala fe. Es la negación del acto jurídico propio que habilitó la ejecución del contrato”, añadió.
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Luis Lacalle Pou durante la reunión del Directorio del Partido Nacional para tratar el caso Cardama, en la Casa del Partido Nacional en Montevideo.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Este lunes, el Directorio del Partido Nacional informó que interpelarán a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y emitió una declaración en la que consideró “grave” la decisión de rescindir el contrato “en la medida que dejará al Uruguay por años sin poder custodiar el mar frente a las amenazas del crimen organizado y el robo de nuestras riquezas”.
“Se enmarca en una práctica política reiterada de deshacer los avances y logros del gobierno de coalición, ante la falta de políticas propias y rumbo en el gobierno”, añadió.
El expresidente Luis Lacalle Pou, bajo cuyo gobierno se firmó el contrato con Cardama, estuvo presente en la conferencia de prensa en la que el Partido Nacional anunció la interpelación. Aseguró que el episodio es “grave y triste” y que el gobierno actual tomó “una decisión política” y no jurídica.
