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Chile abre primer juicio por red de robo y adopciones ilegales durante la dictadura de Pinochet
Por primera vez un juez acreditó la existencia de una red de tráfico que incluía a médicos, trabajadores sociales y una jueza, que durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) separó a miles de niños de sus familias para entregarlos en adopción a parejas extranjeras a cambio de sumas de dinero
Por primera vez la justicia chilena logra demostrar la vasta red de adopciones ilegales de más de 20.000 niños chilenos durante la dictadura militar (1973-1990).
La justicia en Chile abrió el primer juicio y procesó a cinco detenidos acusados de integrar una red que separó a miles de niños de sus familias y los entregó en adopción a parejas extranjeras durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
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Además, ordenó la extradición de una exjueza, titular del Juzgado de Menores de la ciudad de San Fernando, a 140 kilómetros de Santiago, acusada de liderar la red de tráfico y venta de niños, quien actualmente reside en Israel.
El caso es un hito en el país. Hasta ahora, ningún juez había logrado acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales durante la dictadura, informaron este lunes fuentes oficiales.
Se estima que al menos 20.000 niños y niñas fueron separados de sus madres y entregados a familias en el exterior, de acuerdo con la investigación judicial.
En un fallo inédito, el juez Alejandro Aguilar Brevis, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó prisión preventiva contra los cinco detenidos, acusados de cargos de “asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros”.
Josefina Sandoval dio a luz a una niña el 24 de junio de 1980 en el hospital Paula Jaraquemada de Santiago y nunca más supo de ella. Los tribunales chilenos abren una de las páginas más oscuras de la dictadura de Augusto Pinochet, la adopción irregular de miles de niños que fueron enviados al extranjero. La foto fue tomada el 10 de junio de 2018
Claudio Reyes / AFP
Red de tráfico
El poder judicial dijo en un comunicado que el juez Aguilar Brevis determinó que durante la década de los ochenta existió en San Fernando una red de tráfico, que estaba integrada por abogados, sacerdotes, miembros de organizaciones sociales, funcionarios del área de salud pública y una jueza.
El grupo identificaba a niños de familias pobres y obligaba que los entregaran para luego venderlos por montos de hasta 50.000 dólares.
El objetivo de la red era “sustraer o robar niños con ánimo de lucro” y “enviarlos fuera del país”, según la sentencia dictada el lunes por Aguilar.
El grupo empleaba dos métodos para sacar a los niños al extranjero: por medio de la entrega de la tutela a un tercero, para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino o a través de la inscripción de certificados de defunción falsos ante el registro civil, para luego ser inscritos por los padres adoptivos en otro país.
La líder de la supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, la entonces titular del Juzgado de Menores de San Fernando y quien actualmente se encuentra residiendo en Israel. Gutiérrez está acusada de delitos de sustracción de menores de edad y dolo eventual en la adopción irregular de dos menores de edad de San Fernando, al sur de Santiago, por padres en Estados Unidos en 1983.
El juez Aguilar Brevis solicitó a la Corte Suprema de Justicia tramitar la extradición de la acusada, en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que incluye al Estado de Israel y que acaba de entrar en vigor, afirmó el texto.
Embed - Francia: víctimas de adopciones ilegales en Chile durante la dictadura buscan respuestas
Pese a que, durante décadas, miles de familias buscaban a sus niños desaparecidos y entregados a instituciones de la Iglesia católica, no fue sino hasta 2014 que las primeras denuncias llegaron a los organismos de investigación.
En 2018, la justicia en Chile abrió las primeras investigaciones, incluso sobre centros médicos y clínicas denunciadas por el robo de niños. En 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció un plan piloto que tenía como objetivo intentar identificar, localizar y reencontrar a víctimas de las adopciones ilegales y sus familias.
