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Incluido el del presidente, ocho incisos pagan remuneraciones mayores a $ 400.000; promedio en el Estado es $ 56.872 nominal
La “problemática de la inequidad salarial” entre los empleados públicos llega a brechas de hasta siete veces en el escalafón de administrativos, según datos que empezó a recibir la Oficina Nacional del Servicio Civil
El servicio civil, camino a una reforma. Foto: Presidencia
Más o menos, a fin del 2020 había unos 310.000 vínculos laborales con el Estado; si bien anualmente se publica una cifra concreta, en realidad es “un tanteo” hecho por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). “No es un caos, pero hay zonas de discrecionalidad muy grande” en las estadísticas reportadas desde las distintas reparticiones estatales, reconoce su director, Conrado Ramos. La información en cuanto a los niveles salariales también dejaba mucho que desear cuando llegó al cargo —con el gobierno multicolor—: “Ni acá, ni en OPP ni en el Ministerio de Economía” tenían “datos de remuneraciones en el Estado, y había que chuparlos uno a uno de los organismos” (Búsqueda N° 2.133).
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En un rubro que en 2020 se llevó cerca de US$ 2.700 millones —un quinto del gasto total de la administración central—, son estadísticas elementales para la gestión de personal en el sector público que ahora la ONSC está empezando a tener de una fuente única y más fidedigna: el Banco de Previsión Social (BPS) y su Caja Civil.
Lo que convinieron es que cuando una repartición incorpora un funcionario y da el “alta” en el BPS, este le informe a la ONSC cuál es la unidad ejecutora contratante, el tipo de vínculo laboral y otros datos básicos que podrán ser contrastados con los reportados por cada organismo a Servicio Civil. En materia de remuneraciones, desde el año pasado el instituto previsional le pasa información sobre los empleados de dependencias con aportación a su Caja Civil (con lo que quedan fuera los funcionarios de las Fuerzas Armadas, los policías y los trabajadores de los bancos República, Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda —ANV—, que mayoritariamente contribuyen a sus “cajas” específicas).
El salario mensual promedio que surge de los registros del BPS para diciembre de 2020 fue de $ 56.872 nominales —sin los descuentos—, pero con diferencias significativas según grupos de incisos. Los montos promedio más bajos estaban en los gobiernos departamentales ($ 48.253) y en los organismos del artículo 220 de la Constitución ($ 48.732), y el mayor en el Poder Legislativo ($ 185.119). Así lo consignó la ONSC en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda.
Aunque con montos algo inferiores, el panorama es similar si se miran los datos en mediana (el valor central cuando se ordenan de menor a mayor) para depurar los casos estadísticamente atípicos. La remuneración global —en mediana— era de $ 46.058.
Para el grupo de incisos del artículo 221 de la Constitución —que incluye entre otros a empresas públicas como Ancap, UTE, Antel, OSE y AFE y a las unidades reguladoras—, la remuneración mensual era de $ 87.964 en promedio y $ 77.125 en mediana. Ese promedio sería más bajo si se considerara a los trabajadores de los bancos oficiales y de la ANV, muchos de los cuales, como se dijo, son aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Los datos entregados refieren a los salarios de tipo mensual mayores a $ 10.000 y a jornaleros (no destajistas, a comisión o mixtos) que engloban al 99,9% de los casos de 2020. El sueldo definido corresponde al total de remuneración mensual gravada nominal y no incluye conceptos como el aguinaldo, aunque sí puede incorporar pagos no regulares o extraordinarios. Eso significa que los montos informados pueden o no coincidir con el salario mensual, aclaró la ONSC.
Disparidades
Con el empuje de Ramos —un cientista político especializado en gestión pública proveniente del Partido Independiente— y su equipo de la ONSC, el gobierno de Luis Lacalle Pou promoverá una nueva carrera para la administración central. Además de buscar una mayor movilidad basada en criterios meritocráticos, pretende instalar una escala salarial única para los funcionarios civiles de la Presidencia de la República y todos los ministerios. Sin perder de vista el momento político, se trata de una batalla que el Poder Ejecutivo decidió posponer para el año que viene, cuando mandará un proyecto de ley al Parlamento.
La intención con esos cambios es reducir las diferencias salariales entre personas que hacen tareas parecidas en distintos organismos —o incluso dentro de ellos— y también que las remuneraciones tengan relación con las competencias requeridas para desempeñarlos y con el “valor” que agregan. Se trata de romper con una lógica que viene de años y está extendida; según Ramos, “hoy cada uno gana distinto y, dependiendo de dónde trabaje, se le paga por mayor responsabilidad o arrastra diferentes partidas discrecionales dadas por los jerarcas o si su sindicato (…) consiguió cierta compensación para determinada repartición que otro no la logró. Esto pasa en absolutamente todos los ministerios, y existen unas 1.200 compensaciones que desvirtúan completamente la escala salarial”. Es, dice, un “sistema endemoniado” que hace “imposible tener una política de remuneraciones”, y además desestimula a los funcionarios, según una encuesta entre ellos hecha este año junto con el Banco Mundial que se publicará pronto.
La respuesta al pedido de acceso que dio la ONSC ilustró con algunos ejemplos la “problemática de la inequidad salarial” en la administración central, referidos al escalafón “C” (administrativos) y el “A” (profesionales) para los grados inferior y superior de cada uno, en diciembre de 2020. Como la base del BPS no utiliza el identificador de escalafón y grado, tomó como fuente para la comparación registros que lleva la Contaduría General de la Nación. Y dejó de lado a quienes ocupan cargos de dirección y conducción y a la Dirección General Impositiva (DGI) porque su tabla salarial está muy por encima del promedio general al tener un régimen especial de exclusividad.
Según ese análisis, el salario del escalafón administrativo en el grado de ingreso (“C”, grado 1) varía entre $ 23.499 y $ 117.063, mientras que en el grado máximo (14) oscila de $ 62.707 a $ 149.436. La brecha es de unas cinco veces en el primer caso y casi dos y media en el segundo.
Los vínculos laborales del escalafón administrativo rondaban los 36.000 al terminar el 2020 (el más numeroso, con unos 79.100, es el “H”, integrado por los docentes de la ANEP).
La disparidad es un poco más profunda en el escalafón “A”, que eran unos 25.600 cargos. El salario de ingreso para los profesionales oscilaba entre $ 27.185 y $ 191.949, en tanto que los del grado máximo cobraban entre $ 75.618 y $ 202.165. Quiere decir que había algún funcionario con educación universitaria completa del grado 1 ganando siete veces menos que otro también recién ingresado en un inciso distinto —o el mismo—, al mismo tiempo que la diferencia era de unas 2,7 veces entre aquellos del grado 16.
Los organismos públicos registran en el BPS como empresa, que en algunos casos son el propio inciso (un ministerio, una intendencia, etc.) y en otros la unidad ejecutora (una dirección u oficina específica dentro del inciso). El instituto previsional no reporta a la ONSC las remuneraciones de las personas públicas no estatales, un dato solicitado por Búsqueda que no pudo dar.
Máximos
De las planillas entregadas, con información hasta 2021, surge que la remuneración mensual más alta está actualmente en la Presidencia de la República ($ 691.244). Le sigue un sueldo de $ 577.505 en el Senado y otro de $ 492.935 en la Intendencia de Maldonado. Aunque son montos innominados ni identifican un cargo específico, el sentido común indica que corresponden a Lacalle Pou, a la vicepresidenta Beatriz Argimón y al intendente Enrique Antía.
Con sueldos por encima de los $ 400.000 nominales habían otros seis incisos: $ 438.590 en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), $ 433.548 en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), $ 430.446 en la Intendencia de San José, $ 410.989 en la comuna de Colonia y $ 408.107 en Ancap.
Un poco más abajo, pero aún arriba en la pirámide salarial, figura por ejemplo algún funcionario de la Facultad de Ingeniería ($ 355.189) y de entes autónomos y servicios descentralizados ($ 351.591 en el BPS $ 339.412, en UTE y $ 334.432 en Antel).
Entre el personal del Ministerio de Defensa están los sueldos nominales máximos más magros de toda la administración: $ 36.443 en el Estado Mayor de la Defensa. En esa repartición con casi 220 vínculos, casi no hay brecha con los que ganan menos ($ 35.566).
