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Una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) constató “dificultades a nivel presupuestal para afrontar los compromisos asumidos” en los contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (Cremaf) —una modalidad de concesión de obras desplegada durante la administración de Luis Lacalle Pou—, y la falta de “estrategias” frente al déficit que ello le provoca en el corto y largo plazo.
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Lo comprometido en esos contratos para el primer semestre de este año ascendió a US$ 26,4 millones, lo que requirió para su pago un refuerzo de rubros. De las entrevistas realizadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) surge que, dado los créditos existentes en la DNV, el “primer mecanismo posible para afrontar los pagos del semestre en curso sería una nueva solicitud de créditos adicionales”, señala en un informe de auditoría publicado este lunes 1 que analizó información de los años 2019 a 2024.
“De mantenerse la misma asignación presupuestal” para 2025-2029 que, para el quinquenio anterior, ascendió a US$ 997 millones, los compromisos por todo concepto de subsidios “superan en más el 100% del presupuesto total asignado” para el programa “Infraestructura Vial” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), apunta.
Los análisis de estos contratos —y en particular los “subsidios Cremaf”— son mencionados por la AIN como un hallazgo con riesgo “extremo”. Los peligros asociados son de incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por el Estado y de omisión respecto de una “adecuada gestión de su cometido sustantivo, con el consiguiente impacto en la imagen institucional”. También potenciales reclamos judiciales por agentes externos.
Otros dos hallazgos merecieron advertencias menos severas.
Iniciativa privada
Sobre las iniciativas privadas, la AIN indica que “no se evidencia de los expedientes” de estas propuestas la conformidad técnica de los estudios de factibilidad que “respalden la no objeción ministerial. Si bien dichos pronunciamientos no son de carácter vinculante, su no consideración puede impactar en la concreción de sus cometidos sustantivos”.
Agrega que las observaciones referentes a aspectos formales, financieros y técnicos realizadas por las distintas áreas de la DNV “llevan a sugerir la desestimación de una de las iniciativas privadas”. Asimismo, se expresa en otro de ellas, la ausencia de un “estudio del tránsito que justifique el diseño del paquete estructural”.
Por otro lado, marca que en tres de las propuestas se consideraron tramos ya incluidos en contratos de concesión vigentes.
Los hallazgos sobre las iniciativas privadas fueron catalogadas como de riesgo “alto” para la DNV.
Ampliación de concesiones
Finalmente, la AIN detectó “debilidades de gestión que impactaron en el equilibrio de la ecuación económica financiera necesario para dar cumplimiento a la integridad de las obligaciones asumidas por la Corporación Vial del Uruguay (CVU) respecto a su red concesionada”. Esto —explica— responde a que 104 obras de las 153 que conformaron la ampliación transitoria “se financiaron con ingresos de la concesión, partiendo de una sobrevaluación del monto proyectado como ingreso de CVU para el período 2020-2024. Se constató menor recaudación por concepto de subsidios fijos, la que respondería a ajustes a la baja en las obligaciones por subsidio anual correspondientes al organismo” por un monto de US$ 47,5 millones.
Cuestiona que, en materia de peajes, el MTOP cuenta con un “histórico de reconocimiento de recaudación de peaje” conciliado hasta 2022, “tomando como cierta la información proporcionada por el concesionario para la toma de decisiones con posterioridad” a ese año.
Paralelamente, señala que un 13% de las obras responde al deterioro de las carreteras, afectadas por el crecimiento del tránsito y rutas que “luego de intervenidas no cumplieron con el periodo vida útil prevista. Este se habría dado por la concreción de nuevos emprendimientos de magnitud que afectaron la red vial, a incumplimientos por parte de las empresas y/o debilidades en los controles por parte del organismo” auditado.
Este hallazgo fue evaluado como de riesgo “medio”.
