La CNSS tuvo una reforma en 2019 y quedó por fuera de la ley de 2023 que instaló un sistema jubilatorio único. Esta ley estableció que los escribanos que se incorporen al mercado laboral no tendrían que destinar parte de sus aportes a una administradora de fondos previsionales, como se exige a los aportantes nuevos al Banco de Previsión Social, cualquiera sea su nivel salarial. Esa excepción para los notarios se mantiene siempre que, al cuarto año de aplicada la reforma (en 2026), su instituto demuestre buenos resultados y reservas suficientes que aseguren la sustentabilidad financiera.
Las inversiones de la caja
Séré caracterizó al portafolio de inversiones de la caja bajo el término economía real, paraguas que abarca las explotaciones ganaderas, forestales e inmobiliarias. La institución cuenta con unas 7.500 hectáreas de campo dedicadas a la ganadería en los departamentos de Soriano y Durazno, y emprendimientos forestales en Río Negro y Paysandú, específicamente entre las localidades de Algorta y Gichón.
El total de ingresos por inversiones en 2024 fue de US$ 16,3 millones, un aumento de 13,4% respecto al año anterior. El mayor ingreso fue gracias a las inversiones forestales, que se incrementaron en un 46% y representaron casi la mitad de las ganancias totales.
La explotación forestal en 2023, y especialmente la producción de madera de pino, había sufrido “dificultades en la competitividad internacional” por sus precios y la “retracción del mercado asiático”, explica el documento que registró la actividad de ese año. Sin embargo, la memoria anual de 2024 expone que, aunque descendió la venta de eucaliptus —destinada a las fábricas de UPM—, el mercado de pino mostró una recuperación “muy significativa” y, agregó Séré, tuvo una “buena demanda” a precios “bastante buenos o aceptables”.
En el negocio de la inversión inmobiliaria rural, la CNSS arrienda unas 10.000 hectáreas, y en el mercado urbano maneja propiedades comerciales y residenciales. Hace unos ocho años utilizó un terreno de su propiedad para construir el Edificio de las Instrucciones, que terminó siendo “un muy buen negocio”, según su presidente.
En cuanto a inversiones financieras, que mostraron una leve reducción en el portafolio respecto a 2023, son casi en su totalidad colocaciones en deuda del Estado. En principio, Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) a la inflación y algunas otras en unidades previsionales (UP). En menor medida, Letras de Regulación Monetaria y bonos globales. Otra “pequeña parte” del portafolio está colocado en fideicomisos con respaldo estatal, como los de Pampa, Arias y la Intendencia de Canelones.
“Quisiéramos que hubiera más posibilidad de inversión en UP, porque eso es lo que calza a la perfección la inversión con cómo después se ajustan los egresos. Lamentablemente, son pocas las oportunidades que hay”, comentó Séré.
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El presidente de la Caja Notarial
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El nuevo presidente de la CNSS remarcó que la caja invierte los ingresos en activos de su propiedad: “Tiene que ver con una filosofía de la institución, que es ser parte activa en la economía del país, marcar su presencia. La caja tiene un vínculo muy fuerte con todas las comunidades en las que está presente, sobre todo en el medio rural”.
Las “pocas veces” en las que la institución paraestatal optó por invertir en negocios de terceros “no fueron buenas experiencias”, sostuvo. En el caso más reciente, la caja invirtió una parte de su portafolio en obligaciones negociables de Citrícola Salteña S. A., y terminó pidiendo desarmar su colocación —un movimiento que le ocasionó una pérdida— porque “al poco tiempo de haber invertido, la gestión de la empresa no daba confianza”, agregó Álvaro Diz, gerente de Finanzas de la CNSS.
Posreforma
Ante la previsión de que la caja sobreviviría apenas dos décadas más, el sistema previsional notarial atravesó una reforma elaborada en 2019 e implementada desde el 1 de enero del año siguiente. Seis años después, y con una interrupción de dos años de pandemia reflejados en ingresos reducidos “a cifras históricas”, la ley “recién está empezando a mostrar efectos muy leves” en los balances financieros, afirmó Séré.
“Por su propia iniciativa”, recordó, la CNSS fijó una progresión a los 65 años de edad para el retiro. La reforma también implicó un “aporte extra” en el caso de los pasivos y estableció el aumento de los aportes de los activos. Un mecanismo automático dispuesto por la ley ajusta la tasa de aportación cada cuatro años, de acuerdo a los balances financieros de la caja, con un margen no inferior a 17,5% ni superior a 19,5%. En 2020, los activos pasaron de pagar una tasa de 15,5% a una de 18,5%. Este año volvió a aumentar, a 19%.
Además, hubo una rebaja del orden del 20% en el porcentaje de la pasividad en relación con el salario en actividad (tasa de reemplazo). La jubilación por incapacidad, que en el régimen anterior tenía una tasa de 65%, bajó a 52%.
“También se generó una contribución de los activos sobre el papel notarial y el soporte notarial electrónico, que financia un subsidio por maternidad que las escribanas no gozaban en el régimen general”, recordó Laura Guasch, gerenta general de la institución paraestatal.
Previo a la reforma, ya estaba establecido que los gastos de administración de la caja no deben exceder el 7% del presupuesto del fondo de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). Actualmente los costos se ubican en el entorno de 5,4%, y este año incluirá un “gasto extraordinario importante” vinculado al aplazamiento de las elecciones del instituto al mes de marzo, por su coincidencia con los comicios departamentales.
Más allá de este caso puntual, y si bien la idea “siempre es optimizar costos” de funcionamiento, por ejemplo, incorporando tecnología, Séré evaluó que estos “no mueven la aguja” al mirar el presupuesto total de la caja. Los gastos de administración son de $ 260 millones al año, con leves variaciones. Diz detalló que la institución paga mensualmente cerca de $ 360 millones en pasividades, y en el ejercicio completo de 2024 la cifra rondó los $ 4.000 millones, mientras que la recaudación fue de unos $ 3.400 millones.
El balance financiero del año pasado también mostró una reducción de 64% en las deudas incobrables con respecto a 2023. La razón es que, durante la pandemia por Covid-19, se produjo una “acumulación de deudas” y el directorio anterior debió tomar decisiones para “reforzar” el sistema de fiscalización. El año pasado las medidas permitieron “empezar a poner al día a los deudores y que muchas de esas deudas se pagaran”, argumentó Séré, por lo que “se logró recuperar el atraso”.
El futuro de la caja
Durante la discusión parlamentaria de la Ley 20.130 para la reforma de la seguridad social, se debatió intensamente sobre la inclusión de la CNSS en el sistema común que previó el proyecto. Pero fue dejada de lado con la condición de que, al cuarto año de aplicada su última reforma, el instituto demuestre buenos resultados y reservas suficientes que aseguren la sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
Más allá de que la caja viene remitiendo los informes que la ley le exige “en tiempo y forma”, Séré explicó que aún no han tenido “ninguna señal respecto a qué va a pasar”, porque la Agencia Reguladora de la Seguridad Social —órgano previsto para, entre otras cosas, evaluar el caso de la CNSS— aún no se conformó. Otro ingrediente de incertidumbre es el “diálogo social” convocado por el actual Poder Ejecutivo con el fin de “repensar de forma integral” la matriz del sistema previsional, espacio al que las cajas aún no fueron convocadas. “Por los dichos de algunas figuras del gobierno, todo va a estar sobre la mesa nuevamente”, recordó el presidente de la institución paraestatal.
Si todo va por el camino dispuesto, en 2026 esa agencia analizará la incorporación de los escribanos al régimen mixto. Se tendrán en cuenta los últimos tres ejercicios (2023, 2024 y 2025).
Para Séré, los ingresos de la CNSS van más allá de la estructura activo-pasivo, y se relacionan mayormente con la actividad económica del país. Así las cosas, desde la directiva hay una “firme esperanza” de que no se llegará al escenario de convergencia con el sistema mixto y los notarios seguirán aportando exclusivamente a su caja, no una parte a las AFAP.
“La caja sigue bregando por no incorporarse al sistema de las AFAP, y eso tiene que ver con que esta caja es diferente al resto. Se basa históricamente en la capitalización colectiva; cambiar eso provocaría un desfinanciamiento importante. Muchos de los flujos que hoy sirven para pagar pasividades vienen de las inversiones, que son derrame de la capitalización colectiva. Si a la caja se le retira esa parte de ingresos que recibe en forma solidaria y en forma de cascada, le generaría un enorme problema financiero”, advirtió.
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Mauricio Zina/adhocFOTOS
El presidente también señaló que la Ley 20.130 prevé que Rentas Generales compensaría las eventuales pérdidas de una transición al sistema mixto para que pueda continuar el pago de sus obligaciones, lo que cambiaría la trayectoria histórica de la caja de únicamente financiarse con los ingresos propios.
“Los estudios nuestros demuestran que esa propuesta ni siquiera es sostenible en el largo plazo, porque si nuestro colectivo ingresara a las AFAP, la caja tiene un plazo de hasta 30 o 40 años, y vencido ese plazo, el 80% del presupuesto de las pasividades de la caja sigue siendo del régimen anterior. Es una solución que a largo plazo no es sostenible y no soluciona el tema”, apuntó Guasch.
Aunque el directorio tiene presente que “la realidad va mucho más rápido que las proyecciones”, cree que el horizonte actual de la paraestatal —con sostenibilidad hasta 2042— les permitirá continuar adelantándose a los cambios y buscando nuevas formas de ingresos.
Concretamente, la caja está “incursionando” en la posibilidad de ingresar al mercado del hidrógeno verde a través del arrendamiento, aunque sus autoridades prefirieron no adelantar detalles por estar en “etapa de confidencialidad”. Diz agregó que sería un negocio a largo plazo, y que en caso de concretarse, tendría “un período de adaptación para empezar a generar ingresos a la caja”.
Eventualmente, la CNSS podría volver a plantear la necesidad de “algún ingreso adicional vinculado al trabajo notarial”, tal como lo hizo en las negociaciones para la reforma de 2019. “Hay algunas actividades que realiza el escribano que terminan pasando por oficinas públicas, y hoy no tienen un aporte notarial, pero podrían tenerlo”, deslizó Séré.
