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    Calificadoras ven “coincidencias” entre bloques políticos; plebiscito dejó “presiones sociales” latentes

    El aumento de la delincuencia y el costo de vida, sumados al envejecimiento poblacional, “podrían generar cierto grado de descontento social y cuellos de botella al crecimiento", alerta Carolina Caballero, analista principal de la agencia para Uruguay

    Dos agencias esperaron a que pasara la elección nacional —que deparó un Parlamento dividido, dos candidatos de cara al balotaje y un par de plebiscitos rechazados— para ratificar la calificación de la deuda pública uruguaya. El momento no fue casual, y la derrota de la papeleta por el Sí a nuevos cambios en la seguridad social fue un factor importante para tomar esa decisión; el resultado electoral no tanto, porque descartan un viraje en la política económica cualquiera sea el ganador el próximo domingo 24.

    El miércoles 6 Standard & Poor’s (S&P) confirmó la calificación “BBB+” y la perspectiva “estable”. Por su lado, el martes 19 la agencia canadiense DBRS Morningstar mantuvo la nota “BBB”, también con una proyección de estabilidad, ponderando, por un lado, que el fracaso del plebiscito de la seguridad social “evitó una presión significativa sobre las finanzas públicas” así como “posibles desafíos legales para el gobierno entrante”, y que la “previsibilidad del marco de políticas a lo largo del ciclo electoral fomenta un entorno favorable para el crecimiento de la economía”.

    “La votación del plebiscito fue un evento relevante y considerado en la decisión de afirmar la calificación. La suba de la calificación a ‘BBB+’ en abril de 2023 incorporó los avances en el marco de política fiscal y el compromiso en contener las presiones fiscales de mediano plazo a través de la aprobación de la reforma de la seguridad social”, dijo a Búsqueda Carolina Caballero, analista principal de S&P para Uruguay. “En nuestra opinión, un voto afirmativo del plebiscito hubiera ido en contra de estos avances, generando presión a las finanzas públicas de mediano plazo de Uruguay. Es posible que esto hubiera requerido un aumento en algunos impuestos para mitigar el impacto, con impacto en la competitividad. Al mismo tiempo, la eliminación de las AFAP hubiese sido disruptiva para el mercado local e implicado una mayor dependencia del crédito externo para financiamiento del gobierno”, amplió.

    Este plebiscito de la seguridad social quedó rechazado porque el apoyo fue de algo menos de 1 millón de personas, en torno a 38% del número de sufragios emitidos el último domingo de octubre; precisaba obtener la mitad más uno de los votantes para ser aprobado. Las lecturas del resultado fueron disímiles, y mientras en el Frente Amplio entienden que se trata de un pronunciamiento que un próximo gobierno no debería desestimar, desde el oficialismo republicano le dan más peso al 60% de la ciudadanía que no apoyó la papeleta blanca.

    Para S&P, “el 40% de aprobación es un indicador de que podrían existir presiones sociales que eventualmente dificulten reducir el gasto de los niveles actuales. El perfil fiscal en nuestra opinión sigue siendo relativamente rígido y una debilidad relativa de la calificación” de la deuda uruguaya, explicó la analista.

    El escenario político

    En su comunicado, en el que informó la ratificación de la nota de Uruguay, la agencia resaltó el “amplio consenso”, en general, sobre la política económica entre los dos bloques de partidos, que apunta a una continuidad en un próximo período de gobierno. Búsqueda le pidió a Caballero que se explaye en ese análisis: “Nuestro escenario base es de continuidad. Si bien existen diferencias entre las coaliciones que competirán en la segunda vuelta, en líneas generales vemos coincidencias en el diagnóstico y la intención de proponer medidas que tiendan a mejorar la competitividad para promover inversión y crecimiento, mientras se fomenta la sustentabilidad fiscal. De todas formas, la composición del Parlamento podría hacer algo más lenta la implementación de políticas a pesar de estas coincidencias generales, ya que podría haber diferencias en los detalles”.

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    La agencia proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Uruguay alcance a US$ 23.000 en 2024-2025 y siga siendo de los más altos de América Latina y que la economía crezca a un ritmo de 2,6% en promedio en 2024-2027, “aunque el país enfrenta desafíos como el alto costo de vida y los crecientes niveles de violencia”, indicó en su comunicado. En ese marco, S&P prevé que el déficit fiscal siga siendo “moderado”, si bien la depreciación nominal proyectada, combinada con una proporción significativa de deuda indexada y en moneda extranjera, probablemente llevaría a un incremento de la deuda neta del gobierno general superior en 5% del PIB de 2024 a 2027.

    Consultada sobre esos puntos, la analista añadió que la evaluación que hace la calificadora “se enfoca en el nivel de PIB per cápita anual en dólares. En este indicador Uruguay resalta en la región” de manera positiva. Añadió que “el aumento de la violencia y el costo de vida, sumados a una tendencia demográfica de envejecimiento de la población, son elementos que hemos visto en otros países de la América Latina que podrían generar cierto grado de descontento social y cuellos de botella al crecimiento a mediano plazo”.