El ciclo económico personal
En el año calendario conviven generaciones que se encuentran en diferentes etapas de su ciclo de vida económico; las sociedades tienen mecanismos para reasignar los recursos excedentes de la población en edad superavitaria hacia quienes transitan por las etapas deficitarias.
De acuerdo con las estimaciones para 2017 presentadas por las consultoras, en la población de Uruguay la primera etapa de déficit abarca a los menores de 28 años y la fase superavitaria va de los 28 a 58 años; luego, en edades más avanzadas, se da un segundo lapso con menos ingresos que gastos.
El rango de edades de superávit se amplió en comparación con estimaciones anteriores, y está en línea con lo constatado a escala internacional; se trata de un “período relativamente corto de la vida, de alrededor de 30 años en distintos países”.
Por otro lado, en la sociedad uruguaya la magnitud promedio del déficit es superior en la segunda etapa que en la primera, debido al mayor nivel de consumo —que comprende los gastos en salud, educación y otros bienes y servicios, netos de impuestos indirectos— de la población adulta mayor.
Los efectos del envejecimiento demográfico
El estudio menciona la perspectiva de un mayor déficit en el ciclo de vida —en términos de la estructura de la población— como un “primer desafío” asociado al envejecimiento demográfico que registra Uruguay.
En 2017, el tamaño de las cohortes de edades avanzadas era menor que el de las demás generaciones. Para 2050, esa relación se revertirá. En términos de estructura, dadas esas tendencias demográficas, a futuro se reducirá la población superavitaria.
Frente al desafío de “amortiguar el potencial aumento del déficit de ciclo de vida y la caída de la actividad económica”, Bucheli y González observan que “intervenir en las variables demográficas se presenta como una vía compleja, principalmente por la falta de consenso político y científico sobre la estructura y los tamaños poblacionales óptimos. En contraste, resulta más viable para las políticas proponer medidas que incrementen la relación ingreso laboral/consumo, por ejemplo, mediante el crecimiento de la productividad y del aumento de la fuerza de trabajo”.
Ante el envejecimiento poblacional, se requiere ajustar los canales de reasignación de recursos entre las diferentes edades. Allí está el segundo desafío.
Los mecanismos de financiamiento del ciclo de vida de la población que es deficitaria son transferencias privadas o públicas, y las reasignaciones a partir de activos.
El estudio constata que las transferencias públicas financiaron el 29% del déficit de los menores de 21 años y el 68% en el caso de las personas mayores de 64.
Este financiamiento fue solventado por la población superavitaria. En cifras, el grupo de 28 a 58 años transfirió casi un tercio (29%) de su ingreso laboral vía impuestos y contribuciones, y otro 27% de sus entradas monetarias por trabajo a través de transferencias privadas.
Las estimaciones para 1994 y 2006 mostraron un aumento del peso de las transferencias públicas hacia la niñez y la adolescencia, impulsado por el gasto en educación. Eso achicó la brecha en este canal redistributivo entre la población más joven y los mayores.
A diferencia de lo que ocurre en la niñez, las edades avanzadas se financian fundamentalmente a través de transferencias públicas y, en menor medida, de reasignación de activos (financieros o propiedades). “El proceso de envejecimiento poblacional ejercerá una mayor presión sobre estos canales de financiamiento. Esto plantea un debate sobre la viabilidad de mantener su rol actual o si se debiera buscar una redefinición de su peso relativo. Por un lado, surge la discusión sobre cómo aumentar el ahorro privado en las edades medias para así fortalecer el papel de la reasignación en base a activos en las edades avanzadas. Por otro lado, reforzar las transferencias públicas tiene como contrapartida la necesidad de aumentar los recursos de las edades superavitarias. En efecto, el envejecimiento provoca no solo una presión sobre el déficit de ciclo de vida agregado sino también sobre las cuentas públicas”, advierten las consultoras de la Celade.
En cuanto a las edades superavitarias, el estudio constató que, en promedio, estas poseyeron recursos provenientes de sus propiedades y activos financieros por el equivalente a 34% del ingreso laboral, que parcialmente los destinaron a transferencias hacia el resto de la población y al ahorro.
La desigualdad en el ciclo de vida
La investigación examinó el ciclo de vida desde una perspectiva de equidad a partir de una clasificación de la población en cuatro grupos socioeconómicos, basada en los años de estudio del jefe del hogar. Cuanto mayor es ese estatus, más alto son el consumo y el ingreso laboral (por persona), patrones ligados al aumento de la participación laboral y el salario con el nivel educativo.
La brecha entre grupos es mayor en términos de ingreso que de consumo y, por ende, el superávit de ciclo de vida (per cápita) en la etapa superavitaria se incrementa con el nivel socioeconómico.
Al comparar los grupos “bajo” (jefe del hogar con menos de nueve años de educación curricular) y “alto” (jefe con título terciario), del estudio surgieron dos constataciones. Por un lado, el rango de edades superavitarias es mayor en este último estrato, de 34 años (de los 28 a los 62), frente a 22 (entre los 29 y 51 años) en el grupo socioeconómico “bajo”. Por otro, también hay diferencias en la magnitud del excedente per cápita en las edades superavitarias: el del estrato “alto” es siete veces mayor que el del “bajo”.
La contribución de los grupos socioeconómicos al superávit o déficit de ciclo de vida agregado —del conjunto de la sociedad uruguaya— depende de los perfiles per cápita, del tamaño de los grupos y de su estructura por edades. El grupo “bajo”, en donde está el 50% de la población, explica el 41% del déficit total, a la vez que el 19% de la población superavitaria pertenece al estrato “alto”, pero este es responsable del 47% del superávit total.
Las autoras subrayan que el grupo “alto” desempeña “un rol primordial en el financiamiento de la población en etapas deficitarias de todos los grupos socioeconómicos”. Esa categoría y el grupo “medio alto” son responsables del 75% de las transferencias públicas netas realizadas por las edades (medias) que aportan más de lo que reciben, mientras que los grupos “medio” y “medio bajo” perciben el 54% de las transferencias captadas por quienes reciben más de lo que aportan (edades menores y mayores).
El papel de la inversión en educación
Esta descripción de la heterogeneidad del ciclo de vida por nivel socioeconómico “permite inferir el potencial efecto positivo de contar con una población de mayor nivel educativo”, señalan las consultoras, como preámbulo del capítulo propositivo que cierra el documento. Eso haría posible aumentar el superávit y, por lo tanto, obtener más recursos para financiar a la población en etapa dependiente, sostener las cuentas fiscales y aumentar el ahorro privado en las edades medias para sustentar la vejez. Aclaran, no obstante, que aspectos dinámicos —que afectan a los perfiles descriptos— no permiten cálculos sencillos sobre ese impacto agregado.
El consumo (o, conceptualmente, inversión) en educación incluye la valoración de los servicios educativos públicos y el monto gastado por las familias, básicamente en matrículas, útiles escolares y textos. En 2017, este rubro representó el 25% del consumo de los menores de 21 años, equivalente al 13% del ingreso laboral promedio de la población de 30 a 49 años.
La incidencia de la educación en el consumo es similar entre los grupos socioeconómicos, aunque, por persona, las magnitudes de gasto en este rubro son “notablemente más elevadas” en el estrato “alto”. Este tipo de brechas “indican que el futuro ciclo de vida económico de la población más joven transcurrirá por sendas diferentes. Los datos reflejan dificultades de movilidad intergeneracional”, observan las autoras.
Sostienen que las “potenciales virtudes” de invertir en educación alertan sobre las “consecuencias de enfrentar los desafíos del envejecimiento aprovechando los recursos liberados por la caída del tamaño de las generaciones nuevas. En una visión de corto plazo, resulta seductor trasladar recursos de la niñez y la adolescencia hacia la vejez, en particular desde el punto de vista de los equilibrios fiscales. Pero en un contexto en el que la inversión en educación es un mecanismo de largo plazo para generar recursos, el hecho de asignar los recursos liberados a programas que refuercen la productividad futura, como los servicios que fomentan el desarrollo de habilidades, constituye un camino hacia la sustentabilidad”.
