Uno de los reclamos históricos de las empresas y emprendedores del rubro alimenticio y gastronómico era lo engorroso y costoso de tener que realizar diferentes trámites para poder comercializar sus productos fuera del departamento de origen. Si pretendían vender los alimentos en cinco departamentos, debían registrarlos en sus respectivas intendencias. Para solucionar esos inconvenientes, se implementó un sistema que permite unificar las habilitaciones bromatológicas de los 19 gobiernos departamentales de locales, productos y vehículos utilizados para movilizar la mercadería. Pero, a dos años de la puesta en funcionamiento del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), que gestiona el Congreso de Intendentes, fabricantes e importadores de alimentos advierten “dificultades relevantes”, principalmente asociadas a la demora de los trámites en la comuna capitalina y de Canelones.
“Todas estas tardanzas, además de los costos que implican para las empresas, desincentivan la innovación en la industria, que se está achicando. Desincentivan a las micro y pequeñas firmas porque para ellas es muchísimo mayor el costo —en términos relativos— de lanzarse al mercado con nuevos productos, y de alguna manera muchas se quedan en la informalidad”, explicó Lorenzo.
La directora del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, Carolina Paroli, dijo a Búsqueda que los beneficios del Runaev se notarán cuando se empiecen a renovar gran parte de los productos que tienen registros con cinco años de vigencia. “Hay herramientas que tiene el sistema que agilizan el proceso, pero que todavía no están siendo vistas porque recién pasaron dos años”, señaló.
La jerarca departamental reconoció que hay demoras, pero también mejoras y ajustes técnicos al sistema que “sigue en transición” y hay que seguir actualizándolo sobre todo en Montevideo, aunque también en Canelones. Apuntó que las intendencias de esos dos departamentos concentran el 85% de los trámites del país.
Alegó también que en los atrasos incide el tiempo que les insume a las empresas levantar las observaciones por falta de documentación, por ejemplo.
Dijo que en general la emisión de los registros ronda los siete meses de demora y admitió que es “algo a mejorar”. Destacó que no se trata de un trámite administrativo, sino una “herramienta de prevención y protección a la salud del consumidor”, que evalúa que se cumpla con toda la normativa sobre aditivos, el proceso de elaboración, los análisis microbiológicos y fisicoquímico que hace la empresa, rotulado frontal, memoria descriptiva, vida útil, etcétera.
Demoras y “cuellos de botella”
De un relevamiento reciente realizado por la Ciali entre unas 90 empresas socias surgió que el funcionamiento del sistema Runaev para la inscripción de productos en las intendencias de Montevideo y Canelones muestra “dificultades recurrentes vinculadas a tiempos de tramitación, criterios de evaluación y etapas del proceso”.
Advierte que los tiempos extendidos para obtener habilitaciones “impactan directamente en la planificación productiva y comercial de las empresas, afectando lanzamientos, renovaciones, modificaciones, importaciones y procesos de contratación”.
De acuerdo al sondeo, los tiempos de aprobación de nuevos registros sanitarios demoran entre ocho y nueve meses para acceder a la primera evaluación técnica, en promedio. Sin embargo, hay casos en los que se llega hasta los 16 meses, “lo que impacta en la operativa y competitividad” de las firmas. En otras intendencias departamentales, destaca, los tiempos de resolución del registro de productos son “significativamente menores”.
En tanto, el documento de la Ciali puntualiza que los “trámites con prioridad” se obtienen en menor tiempo (entre 20 días y tres meses) en Montevideo y en Canelones, aunque la aplicación de ese mecanismo “no resulta uniforme ni garantiza una reducción efectiva de los plazos”. De hecho, las empresas encuestadas alegaron que solo puede solicitarse este régimen prioritario luego de transcurrido un mes desde el ingreso de la solicitud y observan que hay situaciones operativas relevantes que no son contempladas como causales de prioridad.
En las etapas finales del proceso, donde se procede a una revisión general para la empresa por parte de la autoridad bromatológica, el relevamiento identificó “cuellos de botella”, ya que los expedientes permanecen entre uno y tres meses, a pesar de que la evaluación técnica está finalizada, lo que se atribuye a limitaciones de personal habilitado para esas instancias.
El estudio de la Ciali también menciona que hay dificultades vinculadas a la migración de información histórica de los registros del sistema anterior hacia el Runaev. Sobre eso, Paroli reconoció que el sistema no permitió migrar todos los datos de los registros.
En el informe de la Ciali se incluye la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la Asociación de Profesionales de Asuntos Regulatorios del Uruguay (Aparu), que nuclea a ingenieros químicos y de alimentos entre otros profesionales que trabajan en temas regulatorios y de habilitaciones. Al procesar los datos obtenidos de la cantidad de trámites mensuales ingresados y aprobados por el Runaev en las intendencias de Montevideo y Canelones, desde octubre de 2024 hasta febrero de este año, surge que en la capital habían ingresado 5.372 solicitudes, de las cuales 1.501 se habían aprobado y 3.871 restaban por emitirse. Así, el tiempo en meses necesario para emitir las habilitaciones, suponiendo que no ingresaran nuevas solicitudes, era de 44 meses.
En tanto, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 habían ingresado un total de 2.095 solicitudes en la Intendencia de Canelones, de las que se habían aprobado 890. En este caso, el atraso equivalía a 23 meses.
A pesar de que las empresas industriales han intercambiado sobre la problemática que enfrentan respecto al Runaev con los gobiernos departamentales, no avizoran una solución en el corto plazo. Fuentes del sector comentaron que se trata de un problema que se arrastra desde hace varias administraciones, que tiene que ver con temas operativos, poco personal y falta de uniformidad de los criterios y procesos de evaluación.
Medidas y posibles soluciones
El problema también ha sido planteado por la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA). En una comparecencia el 23 de setiembre en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto de ley de “competitividad y reducción del costo de vida”, el asesor de esa gremial, Martín Montoro, se refirió a los distintos problemas regulatorios que tiene la importación y comercialización de alimentos. Mencionó las demoras de entre ocho y 12 meses para obtener el registro de un producto. “Es un problema que antecede al Runaev y, lamentablemente, con su creación no se ha podido solucionar adecuadamente. Algunas empresas tardan un año para tener un producto disponible en el mercado. Eso complica la competitividad y los costos”.
Apuntó que sería conveniente que se unificaran los registros, porque, además del Runaev, algunos productos también requieren habilitaciones de Salud Pública (MSP) o del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y un certificado de comercialización del Laboratorio Tecnológico (Latu) que se debe tramitar para cada importación y por cada ítem, con información que ya se dio al Runaev. Planteó que luego de 30 días de solicitud del registro se apruebe “provisoriamente” para que la empresa pueda operar hasta tener la aprobación definitiva.
Los industriales también plantean implementar un sistema de evaluación unificado a nivel nacional, de modo que los evaluadores de distintas intendencias colaboren en el proceso para evitar saturaciones y agilizar los trámites.
En la misma línea, sugieren ampliar el plazo de validez de los registros sanitarios de cinco a 10 años, para disminuir la frecuencia de las renovaciones y la carga administrativa.
Entre otras iniciativas, la Ciali propuso implementar la renovación automática para registros de alimentos que no hayan tenido cambios en su formulación, mediante la presentación de una declaración jurada y permitir incorporar al registro modificaciones puntuales a los registros existentes de productos cuando se trate de una variante del mismo, como nuevos sabores o presentaciones.
Paroli dijo que se están evaluando, en comisiones especiales con el MSP y el MGAP, para que exista un registro único que abarque a todos los organismos oficiales y no solo a las intendencias.
Puntualmente, sobre aumentar los plazos de los registros de cinco a 10 años, la directora del Servicio de Regulación Alimentaria de Montevideo alegó que es “probable” que eso suceda.
Acerca de la posibilidad de incorporar declaraciones juradas y silencios positivos de parte de la administración, como rige en algunos países de la región, la directora dijo que la reglamentación uruguaya no lo permite, por lo que el producto debe tener el registro aprobado antes de que salga al mercado.
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