En los últimos años, el Fondo para el Desarrollo que gestiona el Instituto Nacional del Cooperativismo (Fondes-Inacoop) financió principalmente proyectos de inversión y asistencia técnica en el sector agroindustrial, de servicios agrícolas y de transporte y almacenamiento. La herramienta, que fue creada en el gobierno de José Mujica, y luego tuvo reformas legales que limitaron su alcance, no ha tenido impacto en otra clase de cooperativas, que siguen teniendo como “talón de Aquiles” el acceso al financiamiento.
A partir de esa realidad, la nueva presidenta del Inacoop, Graciela Fernández, dijo a Búsqueda que el “Fondes es un tema a repensar”, porque hasta ahora “estuvo muy traducido en algunos sectores”, cuando hay otras expresiones “muy importantes en el movimiento cooperativo”, como la vivienda, que necesitan un “mecanismo” de apoyo.
“Yo no hablo que la ventanilla Fondes-Inacoop sea una ventanilla con ligereza, que no sean diligentes, como son los técnicos que están a cargo, todo lo contrario. El Inacoop tiene una gran riqueza en el equipo técnico conformado de hace años”, alegó Fernández. “Pero creemos que debe tener un mecanismo que sea de apertura para distintas expresiones de las clases cooperativas. Es decir, lo que queremos es asistencia económica-financiera, con la seriedad y el control que corresponde, pero que sirva para el desarrollo de las cooperativas”, agregó.
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Fernández y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en el acto de asunción de las nuevas autoridades del Inacoop
Mauricio Zina, adhoc/FOTOS
Apuntó que el acceso a una vivienda digna está dentro de las prioridades del gobierno de Yamandú Orsi, entre las que se menciona la necesidad de acelerar y optimizar los procedimientos para las cooperativas de vivienda.
Dijo que hoy el sistema de cooperativas de vivienda está cumpliendo más de 50 años, pero no tiene en el Fondes una herramienta válida, por ejemplo, para ordenar sus complejos que necesitan “apoyo” o para adquirir tierra donde construir.
“Salto” y “despegue”
“Sin una asistencia financiera, acompañada de una asistencia técnica, el desarrollo económico para el movimiento cooperativo y la economía social y solidaria es complejo. Tenemos que tener en cuenta que el cooperativismo en su desarrollo empresarial tiene los dos extremos. Pequeñas cooperativas con escaso desarrollo económico, con escaso desarrollo en territorio, con necesidades de asistencia técnica fuerte, de apoyo en los procesos administrativos, por un lado. Y por otro, grandes empresas cooperativas a las cuales les resulta más sencillo acceder al financiamiento. Nuestras pequeñas cooperativas no llegan a poder lograr un financiamiento a través de este instrumento. ¿Por qué? Tenemos que ayudarlas en la administración, en la gestión, para que presenten el proyecto, para que den el salto”, explicó.
Al mismo tiempo, consideró que los fondos actuales “no son suficientes” para apoyar a los distintos tipos de cooperativas y planteó que quiere “volver a poner el tema del Fondes en una discusión con el Banco República (BROU) por los recursos necesarios que debería verter y están pendientes de cumplimiento”.
Desde 2012, el fondo no ha recibido recursos provenientes de las utilidades del banco. A partir de 2010, el artículo 40 de la Carta Orgánica del BROU estableció que el Poder Ejecutivo le puede “requerir contribuciones adicionales de hasta un 30% de sus utilidades netas anuales”, con el fin de crear fondos para el “financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables, así como otros proyectos para el desarrollo económico”.
Fernández también señaló la intención de buscar una “figura jurídica” que le permita al Inacoop apoyar a las cooperativas para cofinanciar con el BROU proyectos de mayor porte, ya que, por los topes establecidos en el Fondes, no es posible asistirlas con el monto que requieren para lograr un “despegue económico”.
Política pública
Fernández, que asumió al frente del instituto el 6 de marzo, señaló que Uruguay tiene una “política de Estado” en materia de cooperativismo. En ese sentido, destacó que en el período anterior se continuaron las líneas estratégicas y se “agudizó” la intervención a través de la celebración de un mayor número de convenios con organismos estatales.
Sin embargo, consideró como un “desafío” el “afianzar la política pública” y lograr una mayor “articulación” con los ministerios y demás dependencias estatales, para que en las distintas instancias o realidades en las que esté involucrado el cooperativismo exista una “mirada estratégica y preceptiva” del Inacoop.
“Hay una necesidad de una ventanilla (en el Estado) que tenga en cuenta la identidad cooperativa, que no se reconoce, y hay una necesidad de formación en los funcionarios públicos. Eso es un tema clave para nuestro desarrollo económico”, planteó.
Con ese enfoque y esa mirada “especial”, la presidenta del instituto se refirió a que todavía hace falta que se tome en cuenta el “concepto de identidad cooperativa” cuando se trata de otorgar beneficios o en la tributación de este tipo de empresas de la economía social, en comparación a las demás.
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De las casi 4.000 cooperativas registradas en el terrritorio nacional, más de la mitad son de vivienda
Inacoop
“Hay beneficios tributarios otorgados a otras empresas donde el cooperativismo no ha sido tenido en cuenta. Nos podemos referir a la Ley de Inversiones, por ejemplo. A lo que se ha solicitado reiteradamente de parte del sistema cooperativo de viviendas, que es la exoneración del IVA en los materiales de construcción. Y en lo que tiene que ver con el acto cooperativo, o sea, el relacionamiento en los negocios entre distintas cooperativas. Ahí tendría que haber una exoneración tributaria”, reclamó.
Señaló que esos temas van a ser estudiados en su gestión con expertos de la academia para saber “qué y cuánto significarían” estas exoneraciones en cuanto a la renuncia fiscal versus lo que implicarían para el desarrollo económico de las cooperativas. “No hay interés de ir a solicitar una exoneración por exoneración, sino en función del desarrollo” para el sector, alegó.
Según las estadísticas del Inacoop, existen unas 4.000 cooperativas en todo el país, que emplean a aproximadamente 30.000 personas. “Es un número importante, que se ha mantenido, pero queremos apostar al crecimiento. (…) Ahora, si no logramos que nuestras cooperativas se puedan formar en una forma ágil; si un estatuto cooperativo versus la constitución de una SAS (sociedad por acciones simplificadas) tiene una diferencia de siete u ocho meses…; si la tributación de una cooperativa es superior a otro tipo de organizaciones empresariales ágiles, y si nos cuesta mucho más insertar a las cooperativas en un llamado a licitación pública porque no nos tienen en cuenta, es muy difícil el desarrollo económico y productivo en territorio”, sostuvo.
Otro desafío, relacionado con la tributación y la política pública, señaló Fernández, es la necesidad de que las cooperativas sociales, que son más de 350, se vayan transformando en cooperativas de trabajo. Consideró “una necesidad” crear las condiciones para que eso pueda ir aconteciendo, de modo que las cooperativas sociales sigan funcionando como espacios de inserción social de población vulnerable y que más personas tengan una fuente de empleo para ir incorporándose al sistema.
Explicó que la dificultad para que eso pase está en el plano tributario, porque las cooperativas sociales pagan el laudo mínimo de la actividad, no hay aporte tributario y no se reparten excedentes, pero al pasar a ser cooperativas de trabajo la actividad se vuelve más gravosa y su viabilidad peligra.
Comité especial
En este período de gobierno, el análisis de las problemáticas y oportunidades que tiene el cooperativismo será abordado por un “comité especial” —que se constituirá el próximo 22 de mayo en el Parlamento—, en el marco de las celebraciones del Año Internacional de las Cooperativas 2025, anunció Fernández. Detalló que estará integrado por 18 miembros, entre los que habrá representantes de todos los ministerios, de la Universidad de la República, la comisión especial de cooperativismo y otras agencias e institutos nacionales.
Señaló que la idea es trabajar en una agenda de prioridades para traducirlas en la política pública. A nivel legislativo, dijo, es preciso pensar en la reforma de la ley general de cooperativas (18.407) y en una iniciativa específica para las compras públicas al sistema cooperativo, que en el período pasado no prosperó.
Fernández también aludió al estudio de la ley del Fondes y a la creación de fondos de garantía.
Asimismo, dijo que en este período el Inacoop se trazó la tarea de reglamentar la Ley 19.848, que declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de la economía social y solidaria en cualquiera de sus expresiones, que fue aprobada en 2019.
