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Impuesto de Primaria: la DGI va a “vigorizar su gestión” tras la “inquietud” pública por el caso Arim
El número de contribuyentes por propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales sin explotación agropecuaria tuvo un gradual aumento en los años recientes, hasta alcanzar los 985.500 en 2024
El Impuesto de Primaria financia, entre otras cosas, los comedores escolares
Todavía no se había apagado el revuelo político por la renuncia de la ministra de Vivienda a raíz de deudas tributarias por su casa cuando el gobierno enfrentó otro, con similitudes, que involucró al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; alegando que tenía arreglos pendientes en su casa de balneario en Solís construida hacía una década, nunca había declarado el final de obra y, por tanto, no pagó el Impuesto de Enseñanza Primaria (IEP). Con la rápida apertura de un expediente en la Dirección Nacional de Catastro, que se archivó enseguida de que el jerarca regularizó la situación, el caso se cerró sin mayores consecuencias políticas.
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Sin embargo, el ruido público de ese episodio llegó hasta la Dirección General Impositiva (DGI). “Hubo una inquietud generalizada con el tema del cumplimiento del impuesto; ojalá se diera con todos” los tributos, comentó a Búsqueda el director de esa oficina recaudadora, Gustavo González Amilivia.
La intención de la DGI es aprovechar la atención pública para iniciar “acciones de sensibilización” a través de una campaña informativa sobre este tributo, con larga historia y algunas particularidades. Lo que se recauda está afectado específicamente a gastos en la educación pública —alimentación escolar, compra de útiles, reparación, mantenimiento y limpieza de escuelas—, aunque su “incidencia fiscal es mínima, inclusive en el presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, añadió. Simultáneamente, la Impositiva se propone “vigorizar su gestión, trabajando mucho principalmente en el macheo de los datos de propiedades y catastrales”, no solo para “resolver problemas en este impuesto, sino en otros donde la propiedad de los inmuebles tiene influencia”, explicó el director general de Rentas. Mencionó el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto al Patrimonio y el que grava las rentas personales —el IRPF— por los arrendamientos inmobiliarios. “Entonces, por varios lados, tener esa asociación completa es relevante”.
El impuesto
El origen del IEP es un decreto-ley promulgado en 1877 para apuntalar la naciente enseñanza primaria pública gratuita y obligatoria vareliana. Se cobró de manera ininterrumpida, aunque con modificaciones, hasta la derogación del impuesto durante la última dictadura; fue restablecido en 1986. Ante reclamos de gremiales de empresarios del campo, los inmuebles rurales fueron exonerados por una ley del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y volvieron a quedar gravados desde la segunda administración de Tabaré Vázquez. Esa misma norma le transfirió a la DGI la tarea de la cobranza del IEP (salvo los predios agropecuarios que no estén afectados a explotaciones agropecuarias, en cuyo caso lo recauda la ANEP).
Es un tributo anual pagadero en tres cuotas que grava las propiedades inmuebles urbanas y rurales de todo el país cuyo valor imponible expuesto en la cédula catastral supere los $ 271.090; están exonerados aquellos de propiedad de gobiernos extranjeros y destinados a sedes de delegaciones diplomáticas, de organismos internacionales o consulares; las propiedades del Estado y los gobiernos departamentales, y las cooperativas de vivienda, entre otros, que se presenten ante la DGI y demuestren las condiciones jurídicas que los libera del gravamen.
El impuesto se aplica con cuatro franjas de alícuotas diferenciales: de $ 271.091 a $ 474.406 un 0,15%, de $ 474.407 a $ 2.033.154 un 0,20%, de $ 2.033.155 a $ 4.744.017 un 0,25%, y desde $ 4.744.018 un 0,30%.
Según datos obtenidos por Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública, el número de contribuyentes del IEP —por propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales sin explotación agropecuaria— tuvo un gradual aumento en los años recientes: 945.579 en 2019, 946.944 en 2020, 960.186 en 2021, 964.118 en 2022, 977.588 en 2023 y 985.500 en 2024.
La solicitud requirió información desde la creación del gravamen, pero la DGI explicó que “comenzó a recopilar datos estadísticos del IEP a partir del año 2019” para ciertos datos.
La gran mayoría son padrones urbanos y suburbanos; estos sumaron 968.025 en 2024. Por departamentos, 428.908 eran de Montevideo, 157.469 de Canelones, 86.551 de Maldonado, 35.247 de Colonia, 31.122 de Salto y 25.662 de Paysandú. Las cifras más bajas correspondieron a Flores (5.764), Florida (8.276) y Durazno (11.346).
Rurales exonerados
Los padrones con explotación agropecuaria de un mismo propietario que en conjunto no superan las 300 hectáreas índice Coneat 100 pueden quedar exonerados, para lo cual se debe presentar una declaración jurada con el detalle del valor real de cada uno, entre otra documentación (o requisitos menos exigentes hasta las 200 hectáreas). La cifra de contribuyentes que presentaron la declaración jurada para acceder a este beneficio pasaron de 30.676 en 2015 a 36.112 en 2020 y a un máximo de 38.194 en 2024, para luego bajar a 36.845 en 2025.
Más controles
El director de la DGI recalcó que la referencia es una cédula catastral —por lo cual, para pagar el impuesto, no se requiere la identificación de un individuo como propietario— y la base imponible es el valor catastral del padrón. Por ello, el impuesto “no consolida la realidad tributaria” de una persona.
Para tener identificados a todos los individuos que están detrás de cada padrón, “todavía hay trabajo por delante” y llegar a eso es una intención de la oficina recaudadora. “Es un propósito que tiene que trascender al Impuesto de Primaria, que es muy sensible por cuál es su destino, pero su incidencia fiscal es mínima, inclusive en el presupuesto de la ANEP”, acotó.
Saber quiénes son las personas que están por detrás de los padrones gravados por el IEP es información valiosa para fiscalizar otros tributos con más peso en la caja del Estado. “Tener esa asociación completa es relevante”, sostuvo González Amilivia.
Firmado en el último tramo de la administración pasada, un convenio de cooperación y de intercambio de información con Catastro “está en implementación”, indicó. “La idea es que nos actualicen de forma bien dinámica las caracterizaciones de los padrones, que implica cambios en los valores catastrales, para poder ajustar más rápido los valores imponibles” del impuesto.
La DGI entregó información sobre la recaudación bruta y neta del IEP desde 2018 a 2023. En ese último año, descontadas las devoluciones del tributo, los ingresos —netos— sumaron $ 4.662 millones; de ese total, $ 3.841 millones provinieron de padrones urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria, y $ 822 millones de predios rurales utilizados para la producción. (*)
A su vez, informó que en 2024 había 339.228 padrones urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria morosos, una cifra similar a la de los tres años previos. Había 2.120 con convenios de pago por deudas relacionadas con el tributo en 2024.
Los contribuyentes propietarios de padrones rurales con explotación agropecuaria que presentaron declaración jurada pero no abonaron en su totalidad el impuesto declarado tuvieron un salto en 2024, a 423, desde 280 en 2023. Los convenios de pago presentados rondaron los 200 en los años recientes.
El director aclaró que el nivel de morosidad del IEP está “sobreexpuesto” si se compara la cantidad de padrones gravados con aquellos que no pagaron el tributo. Una explicación es que hay inmuebles del Estado que la DGI no tiene registrados o identificados como exonerados, en ciertos casos porque el organismo propietario no hizo el trámite para quedar eximido. Agregó que algunos son padrones de más alto valor catastral.
(*) La versión original fue corregida ya que se omitió indicar que la cifras estaban expresadas en miles de pesos; se optó por informarlos en millones para facilitar la lectura de los montos.
