En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En 2025 el sector inmobiliario realizó una quincena de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos al Banco Central (BCU), lo que implicó un crecimiento respecto a los últimos años, aunque siguió siendo una cifra baja en relación con los registros de otras actividades y al total general.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
De hecho, en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) hay inscriptos unos 3.300 sujetos obligados por la normativa en el literal que comprende a las inmobiliarias, promotores, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren propiedades, con excepción de los arrendamientos.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Matías Medina, la evolución de la cantidad de reportes del sector “viene bien” y agregó: “hay que ver si podrían ser más con la puesta en práctica de la Ley de Operador Inmobiliario que va a traer mayor trazabilidad” en las transacciones. Esa norma, aprobada en 2024 pero que aún no se terminó de reglamentar, prevé la matriculación obligatoria de los agentes inmobiliarios y la creación de un registro, con lo que se espera formalizar y profesionalizar el sector.
Medina explicó a Búsqueda que los socios de la CIU son mayoritariamente empresas unipersonales, si bien hay también firmas grandes. “Todas tienen que pagar sus cuentas, y no todas pueden sustentar un oficial de cumplimiento tercerizado para hacer la mejor investigación del mundo (en prevención de blanqueo de capitales). Todas hacen los cursos y todas le tienen terror a la Senaclaft, porque uno quiere hacer lo mejor posible y estar siempre en regla. Queremos cumplir”, alegó.
En su caso, Medina, propietario y director de Macari Negocios Inmobiliarios, dijo que nunca tuvo que reportar una operación sospechosa y alegó que es él quien realiza la debida diligencia pidiendo el origen de fondos al cliente y demás.
“Si uno pidió los ingresos, investigó, entendió, hizo las búsquedas lo mejor posible, cumplió con el objetivo... Pero también hay que acompañar, educar, hacer los cursos y, si faltó algo, se puede mejorar. Creemos que se puede mejorar la previa, ser mucho más ordenados en pedir la documentación antes, evaluar el riesgo. Para eso nos están educando las autoridades”, señaló.
Añadió: “También hay que ser sinceros, porque hay muchas personas que dicen ‘yo esto no lo sé hacer y no lo hago’. Eso es lo que hay que penalizar, la negligencia”.
Para el titular de la CIU, “alguien que va a lavar dinero, millones de dólares, no va a ir a la inmobiliaria de la esquina con el cartel ‘registrada en todos los organismos’ para ver si puede hacer la operación. El 99,9% (de los socios de la CIU) quiere dormir tranquilo, ni se le pasa por la cabeza, una venta más, una venta menos... No busca complicarse la vida haciendo denuncias y lo que sea”.
Los reportes y “la chimenea”
En los últimos años los ROS realizados por el sector financiero y no financiero aumentaron sistemáticamente. Los reportes anuales recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central pasaron de 816 en 2021 a 1.080 en 2025.
El año pasado, los agentes financieros, que concentran el 90% de los reportes, aumentaron en casi 100 los casos informados en comparación al año anterior.
En tanto, el sector no financiero (casinos, escribanos, zonas francas, inmobiliarias, rematadores, contadores, etcétera) sumó más de 20 casos en esa comparación y alcanzó los 107 ROS.
Las inmobiliarias, constructoras y promotores inmobiliarios pasaron de reportar cinco casos en 2021 a 15 en 2025. Los escribanos también aumentaron los casos sospechosos informados en ese período, pasando de 13 a 37 reportes.
Con la información incluida en esos informes, la UIAF inicia un proceso de inteligencia financiera, para confirmar o descartar indicios del vínculo de las operaciones reportadas con el lavado de activos o sus delitos precedentes, así como la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El titular de la CIU insistió con que “estas estructuras (de sociedades o grupos) que quieren hacer este tipo de delitos de blanqueo no recurren a una inmobiliaria formal, porque justamente quieren evitar el reporte”.
Consideró que hay que evaluar las diferencias entre los mercados de Montevideo, Punta del Este y del resto del país, porque varían los valores de las operaciones y el tipo de cliente o inversor. “Mucha gente del interior, después de la crisis, no confía en los bancos y tienen el dinero en la chimenea, como pasó con un señor en Fraile Muerto que tenía US$ 100.000 ahí. Y eso pasa en Uruguay”, ilustró.
Con ese ejemplo, Medina se refirió a los cambios que introdujo la reforma a la Ley de Lavado de Activos (19.574), aprobada en marzo pasado, que reformuló el régimen del uso del dinero en efectivo para el pago de operaciones y negocios, bajando el tope que regía de unos US$ 160.000 a US$ 32.000 o el 5% del total de la transacción, con un máximo tope absoluto equivalente a unos US$ 70.000, entre otros requisitos y exigencias a los controles antilavado que deben realizar los sujetos obligados.
Con las modificaciones a la ley quedaron incluidos como nuevos sujetos obligados en el sector no financiero los prestadores de servicios de back office, como administración, contabilidad y procesamiento de datos a personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades financieras en el extranjero.
Además, si bien la normativa vigente ya consideraba como sujetos obligados a las “asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y, en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica”, ahora se menciona explícitamente a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.
