Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

“Históricamente, en Uruguay tenemos casos de narcotráfico con plata en el fútbol. Tenemos casos de estafas con plata en el fútbol. Tenemos casos de trata de personas con plata en el fútbol. Esa es plata que está en el fútbol. Y estamos hablando de delitos. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos mal. A mí no me consta que estemos mejor porque tengamos más normas. ¿Hay normas? Sí, hay normas. Tenemos normas que no se cumplen y decimos que estamos mejor. Esto hay que cambiarlo para que no muera el fútbol”, dijo.

El debate entre las SAD y las asociaciones civiles

El encuentro sobre lavado de activos en el fútbol fue parte de una conferencia más amplia que discutió “violencias en el deporte en Uruguay”. Se realizó el 25 de noviembre en la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar, organizada por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República y el Instituto Superior de Educación Física (ISEF). Junto con Gil Iribarne, estuvo Daniel Espinosa, también asesor de la Senaclaft y quien encabezó ese organismo durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. El tercer ponente fue Leonardo Costa, secretario de la Presidencia en la administración de Jorge Batlle y abogado especializado en compliance y prevención del lavado de activos.

A diferencia de Gil Iribarne, Costa se mostró más cauteloso por las mayores vulnerabilidades que, a su entender, presentan las sociedades anónimas deportivas frente a las asociaciones civiles, especialmente en materia de controles financieros internos. “En una asociación civil suele haber mucha estructura administrativa con contralores y contrapesos. En las SAD no hay ningún contralor ni ningún contrapeso”, argumentó.

Las sociedades anónimas deportivas son una figura jurídica que habilita la participación de capital privado en la gestión de los clubes. Siguiendo una tendencia mundial, la AUF promovió este modelo para profesionalizar la administración, ordenar las finanzas e impulsar inversiones que muchas instituciones no pueden afrontar. Ofrecen una vía de sostén económico inmediato, cancelar deudas y financiar infraestructura y planteles competitivos. Hoy las SAD representan a más de la mitad de las instituciones profesionales y siguen expandiéndose en las otras dos divisionales de la AUF. Hay casos de grupos inversores con respaldo y trayectoria internacional, y otros en los que no está claro el origen del dinero ni quiénes son los inversores.

“¿Es razonable que el fútbol uruguayo tenga 32 SAD? Están en la A, la B, la C, la D… Es un tema que preocupa”, sostuvo Costa, quien centró parte de su inquietud en el origen de los aportes de capital y en la limitada transparencia sobre quienes los realizan.

Puso como ejemplo al Club Social y Deportivo Cooper, que compite en la Primera División C, la tercera categoría del fútbol local: “Hay un contratista de fútbol que es tomador de ganado y parte del ganado que se ponía en Conexión Ganadera está en Cooper. Y hay dinero que se pagaba desde ahí a la AUF. ¿Quién controló eso? Nadie. Y es un caso que no está mirado como lavado de dinero”.

Otro ejemplo mencionado por Costa fue el de Rampla Juniors, uno de los clubes más tradicionales del fútbol uruguayo, que en 2024 pasó a ser gestionado bajo el régimen de SAD. La conducción terminó en el descenso del equipo de la Segunda División Profesional a la Primera División C, la acumulación de deudas con futbolistas y empleados y una inversión bastante menor a la prometida por el empresario a cargo de la sociedad anónima deportiva.

Información-Leonardo Costa-Foto Perfil-Brum Costa

Se trata del estadounidense Foster Gillett, que desembarcó en Uruguay para consolidar su presencia en el fútbol argentino mediante la adquisición de derechos federativos de futbolistas y acuerdos con el club Estudiantes de La Plata. Allí también enfrenta cuestionamientos: en marzo, el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación preliminar para determinar si sus negocios encuadran en maniobras de lavado de activos a través de transferencias de jugadores.

“Vino un señor todopoderoso que se llevó por encima a una asamblea de 50 personas y hoy Rampla está sin pagarles a los jugadores. Y es un individuo que está investigado en Argentina. ¿Nadie en Uruguay se preguntó cómo este individuo viene a invertir aquí?”, cuestionó Costa.

Para Gil Iribarne, en el fútbol uruguayo ya existieron hechos de lavado de activos “antes de que las SAD se expandieran explosivamente”. Se refirió a Eugenio Figueredo, expresidente de la AUF procesado en 2015 por estafa y lavado de activos relacionados con la venta de derechos de televisión y contratos comerciales, y a Edward Yern, empresario vinculado al fútbol y a la empresa Tenfield, procesado en 2008 por su implicancia en una red de financiamiento de narcotráfico y sobornos. También a “dos o tres contratistas y dirigentes de clubes barriales que aparecieron en el narcotráfico, que no es lavado pero es la madre del lavado”.

El extitular de la Jutep, cuya trayectoria pública y privada se ha centrado en la lucha contra la corrupción, señaló que tanto las SAD como las asociaciones civiles son susceptibles a riesgos, aunque de distinta naturaleza. De manera indirecta, aludió a situaciones que han enfrentado instituciones como el Club Atlético Cerro, que, ante la falta de fondos propios, se ven obligados a buscar dinero de forma urgente para cumplir con las obligaciones ante la AUF y poder competir antes del inicio de un torneo. “Está el club viejo y tradicional, con asamblea, que el viernes antes de que empiece el campeonato recibe cientos de miles de dólares de contratistas o de intermediarios para que pueda empezar el campeonato porque no tiene plata y tiene deudas. Ese club a mí no me transparenta porque no sé quién está atrás y porque puso 500.000 o 700.000 dólares antes de que empiece el campeonato. Porque algo me cobra, algo se va a llevar ese señor que puso la plata”, explicó.

Empezar “a trabajar en serio” en el fútbol

En 2019, la Senaclaft y la Secretaría Nacional del Deporte (SND) firmaron un acuerdo de cooperación para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El acuerdo buscaba sentar las bases para el intercambio de información y establecer distintas vías de comunicación entre ambas partes. Un año después, en 2020, la Ley 19.924 creó en Uruguay un Registro de Transferencia de Deportistas que obliga a los clubes, dentro de los 10 días hábiles siguientes a cada transferencia de los derechos federativos de un deportista, a presentar una declaración jurada con todos los detalles de la operación ante la Secretaría Nacional del Deporte. La SND debe guardar secreto de esos datos, informaciones y documentos, estando habilitada a proporcionarlos únicamente a la Dirección General Impositiva, la Justicia y la Senaclaft.

Información-Daniel Espinosa-Asesor Senaclaft-Presidencia

A pesar de esos avances normativos, los especialistas señalaron que el monitoreo del gobierno sobre el fútbol no ha cambiado. “Al día de hoy no tenemos un buen sistema de información ni de control, ni siquiera coordinado, entre el Estado, la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Banco República, todos los que están participando y todos los que tenemos el mismo interés en este tema”, advirtió Espinosa, contador de profesión, exgerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y actual asesor de la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti. “Es un hecho que la información que recibe la Secretaría Nacional del Deporte es mala. No hemos hecho avances consistentes. Tenemos que empezar a trabajar en serio y no lo hemos hecho”, añadió.

Algo más enfático fue Gil Iribarne. “Nos reunimos con la Secretaría Nacional del Deporte y nos dijeron: ‘Señores, nosotros somos profesores de Educación Física, de esto no entendemos nada, no estamos haciendo nada, no podemos hacer nada’. Me pareció maravillosa la honestidad”, dijo, al criticar no la falta de normas sobre la materia que hay en Uruguay, sino la falta de ejecución. “El problema no es la Secretaría Nacional del Deporte, sino quién aprobó una ley que le hace hacer a la Secretaría Nacional del Deporte cosas que no puede hacer”.

Gil Iribarne afirmó que no cree “un carajo” en “soluciones mágicas”, como leyes, resoluciones o decretos, ya que la única manera de combatir el lavado de activos en el fútbol es a través del trabajo de todos los actores involucrados: “Lo otro lo que hace es engañarnos y posibilita que en este juego, y en este juego hay delincuentes, sigan jodiendo”.

Al concluir, destacó que, a diferencia de otros profesionales como abogados y escribanos, los directivos de los clubes y de la AUF nunca se resistieron ni se mostraron molestos por ser sujetos obligados a cumplir con regulaciones antilavado. Señaló que esto refleja la conciencia colectiva dentro del fútbol sobre los riesgos existentes en esa industria, aunque en la práctica otros intereses terminen por predominar y dificultar la lucha efectiva contra el lavado de activos. “Cada vez que los veo a los señores presidentes, más famosos que el presidente de la República, hablar de estos temas, me caliento porque en realidad termino pensando que son todos una manga de mentirosos y que están haciendo lo que quieren hacer, y que están haciendo mucha plata, en las SAD y en las sociedades civiles”.