Autoridades apuestan a un cambio de modelo frente al lavado de activos y las condenas empiezan a crecer

La Fiscalía General y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) entienden que en los últimos meses fiscalías de Montevideo y el interior están investigando el lavado de activos a la vez que persiguen el delito precedente, lo que redunda en un aumento de las condenas. De hecho, solo con el caso de Colonia y otros ocurridos en Canelones y la capital hubo más condenas en las últimas semanas que en todo el 2024.

Una solución resuelta durante el gobierno anterior implicó la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos que centralizara las acciones. Desde el inicio de su trabajo, el fiscal Enrique Rodríguez advirtió que no tenía suficientes recursos para desarrollar la tarea de manera óptima.

El nuevo gobierno, en una medida decidida en conjunto con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, decidieron eliminar esa fiscalía con menos de tres años de vida y volver a un régimen en el que todas las sedes deben investigar el delito precedente y, cuando corresponda, también el lavado de las ganancias obtenidas por los criminales.

En la comparecencia de una delegación de la Fiscalía en la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, el 14 de noviembre, Ferrero defendió la eliminación de la sede especializada, incluida en un proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado.

Consideró que tener una sola fiscalía de lavado “es muy complicado” cuando existen 36 delitos precedentes, y que la concentración de las investigaciones en Montevideo obliga a remitir las del interior a Enrique Rodríguez, lo que violenta la aleatoriedad que el Parlamento le exigió a la Fiscalía. Opinó que “lo más preocupante” es que la fiscalía especializada recibe “mucho dinero”, porque “tiene un costo de 17 millones con un solo caso” para avanzar.

Para Ferrero, la investigación económica y financiera es obligatoria y paralela al delito precedente, porque la legislación dice que siempre que se inicie una indagatoria por alguna de las actividades delictivas precedentes de lavado, “deberá realizar una investigación económico-financiera en forma paralela”. “Dice: ‘deberá’; o sea, impone. No es potestativo ‘podrá’, sino ‘deberá’”, señaló la titular de la Fiscalía, que mencionó a los legisladores que cuando era titular de la fiscalía de estupefacientes e investigaba el tráfico internacional de droga, en paralelo solicitaba informes para avanzar en eventuales condenas por lavado. Puso como ejemplo el caso contra Martín Mutio, uno de Pelispedia (una web de películas pirateadas) y otro donde enviaron cocaína a Bélgica en budines y alfajores. “Yo sacaba a Lavado toda investigación que tenía en mis manos”, afirmó.

La mayor preocupación de Ferrero respecto a la creación de la fiscalía especializada —que en su momento se la transmitió al entonces fiscal de Corte subrogante Juan Gómez— fue tener que dividir la causa. Porque consideró que finalizar la investigación del delito precedente —como en su caso era hasta que asumió como fiscal de Corte— y enviar la parte de lavado a la fiscalía especializada, le da una “chance enorme” al narcotraficante de sacar bienes o usar testaferros, porque se le está dando un aviso de que la indagatoria va a comenzar.

Capacitación y más investigaciones en paralelo

Desde la Fiscalía de Corte y la Senaclaft perciben un aumento de las condenas y lo atribuyen, en buena medida, al esfuerzo desarrollado en los últimos meses para capacitar a fiscales y policías en todo el país. “Está dando mucho resultado”, afirmó Ferrero a Búsqueda, y agregó que buscan “capacitar a absolutamente todos los fiscales del país”.

La directora del Centro de Formación de la Fiscalía, Mariella Leles, dijo en el Parlamento que en los últimos tres años se dictaron 45 cursos, en los que se capacitó a 308 fiscales, 437 policías y 54 jueces en lavado de activos, algo que “se ha ido intensificando”. En el último año, el trabajo fue en el interior del país. Ferrero destacó, a modo de ejemplo, algunas instancias de formación en el interior lideradas por el asesor de la Senaclaft Ricardo Gil.

La titular de la Secretaría Antilavado, Sandra Libonatti, dijo a Búsqueda que han notado el cambio en el trabajo de fiscales y policías, en particular en el interior. Aclaró, no obstante, que es “demasiado pronto” para pensar que sea un proceso consolidado.

Libonatti afirmó que desde la Senaclaft y con el apoyo de Fiscalía han “empujado” el tema de la capacitación a fiscales, jueces y policías para que puedan desarrollar investigaciones de lavado en paralelo a las del delito precedente. Añadió que la secretaría “empezó a sentir” el cambio no solo por las condenas, sino por el aumento en las solicitudes de apoyo que les llegan desde distintas fiscalías.

La jerarca destacó el trabajo desarrollado en Colonia por la fiscal y la Policía de ese departamento y mencionó otros casos ocurridos en Canelones y Montevideo, que incluyen condenas o formalizaciones por lavado.

La Fiscalía de Toledo, Canelones, a cargo de Luis Álvez, consiguió el 13 de noviembre la condena, mediante acuerdo, de tres personas por homicidios agravados cometidos en 2024 y 2025, suministro de estupefacientes y lavado de activos. La investigación probó que los involucrados “integraban una red dedicada al suministro de estupefacientes, operativa tanto mientras permanecían en prisión como posteriormente en libertad”, según el comunicado oficial. “Con las ganancias obtenidas, adquirieron bienes cuyo origen no pudieron justificar, entre ellos un vehículo valuado en aproximadamente 22.000 dólares. Además, desarrollaron emprendimientos como un lavadero y un horno de ladrillos que fueron utilizados para lavar activos”.

Varios de los casos con condenas o formalizaciones por lavado se han investigado en las fiscalías de Estupefacientes. Una de ellas logró a finales de noviembre que la Justicia imputara a la pareja de Luis Fernando Fernández Albín, una mujer de 36 años con antecedentes penales, a la empleada del matrimonio de 44 años y a su hijo por un delito continuado de lavado de activos.

Otra fiscalía especializada en narcotráfico también imputó a principios de noviembre a Luis Betito Suárez por posesión de drogas, aunque desde Fiscalía se informó que “el foco de la investigación” de largo aliento está puesto en su patrimonio y en el delito de lavado de activos, ya que se constató que llevaba un nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos. “La Fiscalía se ha fijado como un objetivo profundizar el combate al lavado de activos, en el entendido de que es lo que más les duele a las organizaciones delictivas. Es perseguir la ruta del dinero para hacerse del dinero por parte del Estado”, dijo luego de la imputación el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.

En el mes de julio, a partir de una investigación que se realizó en el departamento de Canelones, la Justicia condenó por lavado de activos, además de asociación para delinquir, estafa y fraude informático, a un argentino que lideraba una organización que mediante engaños accedía a cuentas bancarias y transferían dinero que luego blanqueaban a través de depósitos fraccionados y compras ficticias.

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La fiscalía que dirige Rodríguez también obtuvo resultados en los últimos meses. Es quien lleva adelante la investigación de la megacausa Conexión Ganadera por la cual se encuentran imputados por lavado el extitular Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, formalizada a finales de octubre.

Por otro lado, a principios de diciembre logró la condena mediante un proceso abreviado de una mujer por un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, y se le incautaron dos inmuebles y varios autos que valían entre US$ 26.000 y US$ 46.000. La imputada había realizado múltiples negocios vinculados a la compra y venta de vehículos y la adquisición de inmuebles, con dinero de procedencia ilícita, que no provenía de la venta de ropa como declaró. La mujer era pareja de un narcotraficante asesinado en 2024.

En diálogo con Búsqueda, el fiscal Rodríguez señaló que la acumulación de resultados responde a que son investigaciones complejas que llevan tiempo, porque requieren solicitar información al extranjero e informes externos, y luego de “su maduración” se puede llevar a los involucrados a la Justicia.

El fiscal hizo mención a que, si bien “se pone énfasis” en la sede especializada, las fiscalías del interior “nunca dejaron de tener competencia” y cuando ven indicios de lavado pueden pedir la condena, aunque, si se trata de casos complejos, pueden remitirle la causa por lavado.

Apuntar al lavado de dineros de la corrupción

Ferrero adelantó que uno de los objetivos del Ministerio Público es “empezar a apuntar a los delitos de corrupción”, porque, en general, las investigaciones por lavado de activos surgen de delitos precedentes de estafa, contrabando, defraudación y narcotráfico, cuando los delitos contra la administración pública y los de corrupción son también actividades delictivas precedentes.

La fiscalía especializada no ha tenido investigaciones de lavado de activos por corrupción cometida en Uruguay, pero sí por ese delito precedente ocurrido en otro país y el blanqueo de capitales en el territorio nacional.

En el marco de la investigación sobre la trama de corrupción en la Intendencia de Artigas por el pago de horas extras que no fueron realizadas, hubo varios actores que reclamaron que la fiscalía iniciara una investigación por lavado, como el ahora prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, y el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, pero finalmente no se realizó.