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El director de la Asesoría Tributaria del MEF adelantó en un foro internacional dos posibles cambios que tienen en “agenda para el año que viene y lo que resta del período de administración”
La intervención del Ministerio de Economía (MEF) en el trigésimo octavo Seminario Regional de Política Fiscal, organizado en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), consistió en un racconto del plan del gobierno de Yamandú Orsi para tratar de achicar, por la vía de mayores ingresos tributarios, las cifras en rojo “algo complejas” legadas por la administración previa. La exposición incluyó el aviso de que la cartera tiene a estudio otros eventuales ajustes impositivos.
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En una mesa titulada “Desafíos de la política de ingresos públicos y opciones para fortalecer los sistemas tributarios”, efectuada el miércoles 6, participó Álvaro Romano, director de la Asesoría de Política Tributaria del MEF y exsubdirector de la Dirección General Impositiva.
El jerarca relató que, al asumir en marzo de 2025, el actual gobierno “se encontró con una situación fiscal un tanto compleja” —un déficit de 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB)— que “requería de una intervención, de una consolidación”. Según dijo, “el mandato no era precisamente hacer el ajuste por el lado del gasto” público y, por tanto, la estrategia apunta a abatir ese desequilibrio por la vía de mayores ingresos. “Nos propusimos como objetivo un ajuste que implicase un 1,5% del PIB”, una mitad proveniente de una “mejora de la eficiencia tributaria” y, la otra, de modificaciones impositivas que supusieron en unos casos “ajustes técnicos” y, en otros, la “relocalización de impuestos que se pagaban en el exterior”, explicó.
Con la Ley de Presupuesto vigente desde enero pasado, se creó un impuesto mínimo complementario doméstico aplicable a las grandes corporaciones multinacionales que tengan actividad en el país, a la vez que empezó a aplicarse el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) sobre los incrementos de capital mobiliario e inmobiliario generados en el exterior, y se gravaron con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las compras por envíos exprés bajo el régimen de franquicia aduanera, entre otros cambios.
“Cantidad de lobbies”
Aunque con bajo perfil, Romano y su equipo tuvieron una participación directa en la elaboración técnica de esas modificaciones impositivas. En el foro de la Cepal, el director de la Asesoría de Política Tributaria comentó, con cierta resignación, algunas consideraciones de economía política que debieron atender, en particular, en cuanto a los esquemas de resignación de recaudación que hace el gobierno —lo que se conoce como “gasto tributario”— por la vía de tratamientos impositivos preferenciales, como exoneraciones o alícuotas rebajadas.
“Uruguay tiene un gasto tributario relativamente alto. Cuando hablamos de gasto tributario tanto a nivel académico o político, seguramente todos seamos conscientes de que es una variable que tenemos que reducir. También es cierto que, cuando bajamos al terreno fáctico, nos encontramos con dificultades de economía política que hacen inviable, o por lo menos harto difícil poder modificar y reducir esos gastos. Porque ahí se desatan una cantidad de lobbies, presiones y juegos de interés que, en definitiva, neutralizan toda posibilidad de reducción de gasto tributario”, sostuvo. “En esa lógica, dijimos: pongamos el objetivo de reducir el gasto tributario por lo menos en aquello en lo que logremos cierta facilidad en términos de economía política. Nos encontramos con que teníamos mucho gasto tributario en situaciones que no eran aprovechadas por el contribuyente, que dejaba de pagar el impuesto en Uruguay como consecuencia del gasto tributario y resultaba que, finalmente, terminaba pagando en su país de origen. Dijimos: hagamos una revisión de todos esos gastos tributarios y por lo menos eliminemos eso”.
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Álvaro Romano, director de la Asesoría Tributaria del MEF.
MEF
Reconoció, por otro lado, que al considerar adoptar el impuesto mínimo complementario doméstico el gobierno debió tener en cuenta que se está ante “una situación muy compleja” en la cual los países compiten por captar inversiones. “Y no podemos hacer estas modificaciones con un grado de candidez o de inocencia que nos lleve a perder competitividad en términos internacionales”.
En ese contexto, según Romano, al diseñar los cambios impositivos la decisión fue tratar de “relocalizar impuestos” para que se paguen en Uruguay, aumentando así la presión fiscal, pero sin que signifique “un mayor costo para los contribuyentes que atente contra la competitividad del país. En ese difícil equilibrio, lo que hicimos fueron dos intervenciones: aprobamos el Impuesto Mínimo Doméstico y eliminamos ciertas exoneraciones que teníamos en los dividendos en el exterior”. El MEF espera que la primera de esas medidas tenga un efecto equivalente a 0,42% del PIB, “una recaudación extremadamente relevante”, dimensionó.
Otras medidas en “agenda”
Sobre el final de su exposición, el jerarca quiso hacer “dos avisos” referidos a la “agenda para el año que viene y lo que resta del período de administración”.
Señaló que, en América Latina, al pensar en cómo lograr mayor progresividad y equidad tributaria, no se puede “soslayar la discusión de los tributos indirectos”, que representan 50% de la recaudación total. “De nada sirve accionar sobre el IRPF, cuando explica solamente el 10% de la recaudación. Todo lo que logremos de eficiencia en la equidad con ese impuesto se va a ver vencido por el peso abrumador de un impuesto indirecto que es regresivo. Debemos avanzar en términos de reducir o mitigar la regresividad del IVA; nos gustaría continuar avanzando en la implementación de un IVA personalizado” y “nuestra idea es estudiar la viabilidad”, adelantó.
El IVA personalizado ha sido sugerido por algunos expertos y organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como una herramienta para contrarrestar la regresividad que caracteriza al IVA: los hogares más pobres dedican una mayor proporción de su ingreso al consumo —y, por tanto, al pago de este tributo— que aquellos de más altos ingresos. La personalización permitiría contemplar tratamientos preferenciales para determinados colectivos que se pretenda favorecer.
Las Bases programáticas del Frente Amplio para este período enuncian como un “objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a un IVA personalizado”. Sin embargo, la propuesta no figura entre las 63 medidas anunciadas por Orsi como prioridades del gobierno.
Romano hizo un segundo aviso con “la misma lógica” que el primero; “para continuar con mejoras en términos de equidad, ver la posibilidad de repensar el mix de imposición a los dividendos conjuntamente con la imposición corporativa, y ver qué podemos accionar en ese sentido de dotar de mayor peso a la renta personal respecto de la renta corporativa”.