¿Cuánto condicionan algunos factores externos el desempeño macroeconómico de Uruguay? ¿Por qué algunos consumidores de cannabis siguen en situación ilegal tras la regulación del mercado en Montevideo? ¿Hay racionalidad económica en la asignación del tiempo y las tareas dentro del hogar? ¿Cómo opera la transmisión de la política monetaria en una economía pequeña, abierta y dolarizada como la uruguaya? ¿Qué desafíos habrá en materia de cuidados en el 2050, dadas las proyecciones de población?
Un conjunto de investigaciones que dan respuesta a esas y otras cuestiones serán presentadas en las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU), que tendrán lugar el próximo miércoles 27 y el jueves 28.
Este clásico evento académico tendrá como uno de los oradores del exterior al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, quien expondrá sobre las medidas adoptadas en esas áreas por el gobierno del presidente Javier Milei.
Restricción externa
El desempeño macroeconómico de Uruguay sigue condicionado por la restricción externa: financiar de forma sostenible su déficit de cuenta corriente define un techo al crecimiento a largo plazo. En ese sentido, tras la bonanza de las materias primas de 2004-2013, el país duplicó su tasa histórica y registró superávits transitorios; la reversión de precios, la pandemia de Covid-19 y el retorno a un déficit cercano a 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) reavivan el interrogante sobre cuál velocidad de expansión resulta financiable y cómo se ajusta la economía cuando el financiamiento se encarece, introduce uno de los trabajos, que analizó series trimestrales recientes (primer trimestre de 2016 al primero del 2025) de la balanza de pagos, precios relativos y flujos de capital.
Su autor —Diego Fernández, un magíster en Ingeniería Matemática y funcionario del BCU— halló, por un lado, que la cuenta corriente “suaviza, no constriñe, el ciclo de actividad” y opera como “amortiguador intertemporal”, financiada por inversión extranjera directa y deuda a largo plazo, sin imponer frenos inmediatos al Producto Interno Bruto (PIB). Por otro, que el ajuste externo se logra vía precios relativos, pero el crecimiento solo responde a los términos de intercambio. En tanto, el financiamiento externo absorbe el déficit en tiempos normales, aunque se vuelve procíclico bajo estrés.
Asimismo, el ajuste sectorial opera por recomposición interna más que por expansión transable. Detectó elasticidades pequeñas y no significativas de tipo de cambio real efectivo y los términos de intercambio sobre los sectores transables —que tienen comercio internacional—, salvo por la administración pública, que aumenta su cuota cuando mejoran los términos de intercambio. Por su lado, la industria manufacturera actúa como “válvula de escape”, perdiendo participación ante shocks adversos de competitividad.
Como implicancias de política macro y sectorial, Fernández señala, desde la perspectiva “del tipo de cambio y la competitividad”, que las devaluaciones nominales aisladas son poco efectivas; resulta prioritario elevar la elasticidad de ingreso de las exportaciones (diversificación, sofisticación) y reducir la dependencia importadora de insumos clave.
Respecto de la gestión de flujos de capital, apunta que las reservas precautorias, las líneas swap y las regulaciones macroprudenciales son esenciales para evitar que la volatilidad global “fuerce ajustes contractivos de corto plazo”.
En cuanto a la política sectorial, el autor sostiene que incentivar la inversión en manufactura exportadora y servicios transables (tecnologías de la información y la comunicación, logísticos) puede revertir la pérdida de peso productivo y aprovechar el margen externo disponible.
Finalmente, en relación con la “coordinación fiscal”, apunta que el sesgo procíclico del gasto público frente a shocks de términos de intercambio “sugiere adoptar reglas que neutralicen ese impulso sobre los no transables en fases de auge”.
La evidencia confirma una restricción externa “elástica”, en el sentido de que Uruguay “dispone de margen para crecer más rápido siempre que mejore la composición de sus exportaciones, mantenga acceso a financiamiento estable y evite apreciaciones reales prolongadas”.
Política monetaria
Analizando datos del 2005 al 2024, Sebastián Rodríguez y Juan Manuel Tapia, de la Barcelona School of Economics, constataron para Uruguay que la política monetaria redujo eficazmente la inflación y las expectativas inflacionarias a corto plazo, a la vez que desencadenó una contracción de la producción industrial.
Observaron que las respuestas a la política son asimétricas: el crédito a las empresas se ajusta, mientras que los préstamos a los hogares se comporta de manera rígida; los precios de los bienes no transables reaccionan más a los shocks que aquellos que tienen comercio internacional; la dolarización de los depósitos cambia más que la de los créditos. También documentaron una respuesta prospectiva en las tasas de mercado a corto plazo. Según los autores, estos hallazgos subrayan la necesidad de reformas estructurales complementarias para mejorar la eficacia de la política monetaria.
Trabajo y racionalidad
En otro de los estudios, Verónica Amarante, Maira Colacce y Federico Scalese constataron que, dadas las condiciones prevalecientes en el mercado laboral, una menor participación femenina podría ser coherente con la racionalidad económica, incluso si las mujeres tienen niveles educativos más altos que los hombres, como de hecho ocurre en Uruguay y en otros tres países analizados (Chile, Colombia y México).
Cuidados
Las proyecciones de población muestran que el cambio más significativo en los próximos 25 años será la creciente importancia de los hogares de personas mayores. Con esa perspectiva, cuatro investigadores —Florencia Amábile, Carmen Estrades, Ignacio Pardo y Tatiana Pérez— presentarán los resultados de un estudio sobre la expansión de las políticas de cuidado en Uruguay. Sus resultados de su simulación muestran que esto tiene un impacto positivo en el crecimiento, el empleo y el bienestar. Sin embargo, apuntan que no todos los hogares se benefician por igual de estas políticas y, por lo tanto, el crecimiento de los servicios públicos de cuidado debe ir acompañado de otras políticas, como las de capacitación y educación, así como diseñar cuidadosamente las opciones de financiamiento para el cuidado a fin de mitigar los impactos negativos en ciertos hogares, en particular en aquellos que no son beneficiarios.
Cannabis
Montevideo ha experimentado un aumento del control de las organizaciones delictivas en las últimas dos décadas, con importantes consecuencias, en particular un aumento de la violencia, afirman Inés Fynn, Verónica Pérez Bentancur, Rosario Queirolo, Emiliano Tealde y Lucía Tiscornia. Se propusieron indagar si la competencia entre bandas por territorio puede influir en el hecho de que consumidores de cannabis sigan en situación ilegal tras la regulación del mercado de esta sustancia. Usando una muestra de 12 barrios (80 encuestados), de los cuales cuatro tienen una banda y ocho tienen más de una, constataron que, a pesar de la preferencia general por el acceso legal, los consumidores de marihuana en barrios controlados por las organizaciones delictivas evitan las vías legales.
Como conclusión, el estudio subraya que la implementación de políticas no solo afecta la conducta delictiva, sino que también se ve influida por las acciones de las organizaciones criminales, que pueden desempeñar un papel activo en su evolución. Si bien los mecanismos precisos que impiden que los usuarios de los barrios controlados por esas bandas se incorporen al mercado legal siguen sin estar claros, el trabajo permite descartar la accesibilidad como explicación principal.
