—¿Qué avances destaca en este año y medio de gestión? El plan quinquenal prevé 69.000 soluciones para todo el período…
—Venimos bien, los datos lo dicen, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. En el primer año de gestión llevamos 9.345 soluciones habitacionales terminadas y 19.674 en ejecución. Es un número importante, también lo es esta mirada más integral, por ejemplo, de la política de mejoramiento de barrios... Tenemos en ejecución la atención a 10.000 soluciones habitacionales o mejoras del hábitat también.
Es verdad que cuesta que se visualice (su impacto), pero se está visualizando con todas las herramientas. El 2025 fue un año de planificación y, por supuesto, hubo gestión. El año pasado hicimos un llamado a 350 préstamos de vivienda en el interior, con subsidio. Vamos a construir en el quinquenio, para la diversidad de programas, entre 16 y 20 edificios con el fideicomiso que firmamos con la CND, para tener cuanto antes estas construcciones y diversificar las herramientas para poder llegar a más población. Fue una decisión que nos costó, pero si uno tiene el diagnóstico tiene que hacer algo; si no, se te va el tiempo. Es mucho tiempo el período de gobierno y, a la vez, es poco.
—Para el segmento de ingresos medios bajos, la semana pasada el MVOT lanzó el programa de “alquiler social”. ¿Cuántas soluciones aspiran a brindar en el quinquenio?
—Aspiramos a unas 3.000, entre el alquiler de vivienda pública y en el mercado privado. Lo lanzamos ahora con las viviendas que teníamos disponibles del ministerio, que son 75 en esta oportunidad: tres edificios en Montevideo, uno en Artigas y otro en Tacuarembó. Y estamos trabajando con la Contaduría General de la Nación por un tema informático a resolver sobre el subsidio parcial, para antes de fin de año desplegar el programa en el mercado privado en todo el país.
En esta primera instancia nos enfocamos en acompañar a los hogares monoparentales, que generalmente tienen jefatura femenina, con niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Y también los jóvenes entre 18 y 29 años, porque cada vez que recorremos el país distintos grupos de jóvenes lo piden, porque son los que tienen menores ingresos y trayectorias laborales más informales.
Nos parece que es fundamental, porque amplía la forma de tenencia. Durante muchos años la política habitacional se pensó casi exclusivamente en clave de “acceso es igual a propiedad”. El alquiler también es una herramienta clave de acceso a la vivienda. Por eso pensamos en cómo garantizar y acompañar desde el ministerio a esa población para que pueda permanecer alquilando. Es uno de los objetivos fundamentales de la política pública. Sabemos que los quintiles más bajos destinan un 37% de los ingresos para sostener el alquiler; es mucho. Siempre las medidas de prevención son mejores a actuar cuando estos hogares que tienen tan comprometidos sus ingresos no pueden pagar más y pasan a un alquiler en el mercado informal, a viviendas que no están ajustadas, que no tienen la habitabilidad necesaria, o a un asentamiento. No hay muchas alternativas.
—¿Las nuevas políticas que se planificaron al inicio del período en materia de vivienda ya se implementaron?
—Las políticas principales que queríamos impulsar ya están en la cancha. Crece desde el Pie, que es esta atención a la emergencia, ya se lanzó. Hicimos un piloto, pero ahora estamos en el momento de escalar y en el 2027 vamos a estar en todo el territorio nacional.
El tema del alquiler social, el alquiler público, acabamos de lanzarlo y va a ir aumentando.
La ministra de Vivienda en la recorrida por un barrio en el interior del país.
Ministerio de Vivienda
El programa Más Barrio también está. Para este año se preveía la implementación en cinco zonas y así va a ser.
Otra línea importante que trabajamos con el Banco Hipotecario, que ya está implementándose, es poder reducir el requerimiento de ahorro previo y bajarlo al 5%.
Para el sistema cooperativo, una política central que tiene el 50% del presupuesto, se incluyó en la Rendición de Cuentas la exoneración de IVA para los materiales, un reclamo histórico, que estamos cumpliendo.
—¿Los resultados de las políticas podrán ser capitalizados por el Frente Amplio en una mejora de la aprobación o en las urnas?
—Quien va a capitalizar es el Uruguay todo, porque la vivienda es un derecho que garantiza otros derechos. Desde el ministerio entendemos que la vivienda en sí misma no es suficiente, no alcanza. En este período de gobierno la estamos poniendo en el centro y trabajando en este concepto de vivienda y hábitat desde el lugar de entender lo importante que es el llegar juntos, como política pública. Ese es el objetivo que tiene el programa Más Barrio. Además de ser una estrategia nacional, tiene dos concepciones bien importantes, que son la sostenibilidad de la presencia del Estado y que la política pública llegue junta.
Entonces, como sociedad sí vamos a poder capitalizar esto y darle un empuje. Como ministerio y como gobierno del Frente Amplio entendemos que hay que estar con la gente, y no es una frase hecha, estamos con la gente, con equipos técnicos en territorio. El estar con la gente es escucharla, sentarla en la mesa también a pensar la política pública, y no es la idea de la asamblea permanente, no, es la idea de generar las instancias que venimos generando con el sistema cooperativo, en los distintos barrios con el Plan Juntos, con el programa de mejoramiento de barrios, con el Más Barrio para ver cómo mejoramos la convivencia.
—¿Qué respuesta han tenido, por ejemplo, en Cerro Norte o en Las Piedras con el Más Barrio? ¿La situación de violencia e inseguridad no genera resistencia a la presencia del Estado?
—No hay ninguna resistencia, al revés, sino la necesidad de que el Estado esté presente. Lo estaba, por supuesto, lo que pasa que no de la manera que se necesita para atender esta situación. Hay una escuela, un liceo, una policlínica, ahora tenemos que reforzar esa presencia del Estado para acompañar a la gente en esta situación, ayudarla con obras y acciones concretas. Cuando hablás con la gente, lo que pide es que el barrio vuelva a ser como era. En octubre vamos a sacar las primeras licitaciones para Cerro Norte y vamos a estar en obra en el primer trimestre del 2027.
—¿Sienten que estaban olvidados?
—Es difícil decir olvidados, también es injusto... Pero no tenían la presencia suficiente para atender con la urgencia que necesita esa emergencia, eso sí, sin duda. El propio Estado no había podido actualizar la información; de hecho, el censo (de 2023) no pudo. Entonces, hablar de olvidados capaz que es mucho, pero hay situaciones que se han dejado y no se visualizaban. Por eso, visualizarlas y generar herramientas para trabajar concretamente sobre esa situación es fundamental.
—Al inicio de su gestión había 667 asentamientos irregulares. ¿Qué cambios o resultados hubo en este año y medio en la política dirigida a esa población?
—Estamos próximos a hacer una nueva publicación de la capa de asentamientos, del número. Nos proponemos anualmente demostrar qué cantidad de asentamientos, pero no focalizar en el número, sino en la relevancia que tiene el ocuparse de las características que tienen esos asentamientos, de la consolidación, etcétera. No es lo mismo un asentamiento de 30 familias que uno de 300. Nos tenemos que focalizar, y no es una frase hecha, en mejorarle la calidad de vida a la gente de los asentamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo se compone, cómo se llega a la cantidad de asentamientos, es una construcción que tiene sus complejidades desde el fondo de la historia, o sea, no es ni del gobierno pasado ni del anterior ni de este.
Un asentamiento en Montevideo.
Javier Calvelo, adhocFOTOS
Como gobierno duplicamos el presupuesto para atender esas situaciones. La idea conceptual que queremos instalar es que si hay un asentamiento que le pasa una cañada, que tiene 30 familias con viviendas que se inundan, podemos mejorar la calidad de vida encauzando esa cañada, para que no se inunden más, actuar sobre esas viviendas que tienen precariedad habitacional. Ese lugar sigue siendo asentamiento, pero le cambiaste algo.
Y por supuesto, seguir trabajando como ahora en la cartera de proyectos para regularizar más de 120 asentamientos. Pero no podemos llegar de la misma forma a todos.
—¿Eso es lo que va a mostrar la nueva evaluación?
—Estamos terminando los últimos ajustes y esperamos que entre setiembre y octubre podamos conversar sobre eso y el cómo, porque no queremos que sea un hecho político, sino que sea un aporte en la gestión pública, en una manera de mirar y construir el dato, porque es un dato tan sensible y tan utilizado políticamente que queremos sacarlo de ese lugar, parándonos en lo importante, que es la respuesta y no el número.
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