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    Ministerio de Vivienda asumirá con “déficit” de 23% de recursos, por “sobre programación” de inversiones

    La restricción presupuestal prevista para el 2025 equivale a unos US$ 71 millones, según surge del informe de transición entregado a las futuras autoridades de la cartera

    De los documentos de transición que recibieron las autoridades designadas para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) del próximo gobierno surge que la cartera tendrá “poco aire” en materia de recursos en el primer año de gestión para definir y ejecutar nuevas políticas.

    Según la previsión financiera de programas en ejecución —considerando los convenios, licitaciones y sorteos firmados— y en trámite con los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FNV), en 2025 la cartera asumirá con una “sobre programación” del entorno al 23%. En las planillas que conforman el informe de transición los valores están expresados en pesos y ese porcentaje se consigna como un “déficit” entre el crédito que se le asignará al MVOT y las inversiones comprometidas para este año. En monto, esa diferencia ronda los US$ 71 millones, dentro de un crédito final estimado en unos US$ 309 millones en total.

    Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que “es habitual” que en los primeros años de gobierno haya un porcentaje importante de presupuesto comprometido para que el funcionamiento del MVOT no se detenga, mientras la nueva administración vuelca su impronta de política al definir el nuevo plan quinquenal y la próxima Ley de Presupuesto.

    Luego de su presentación pública como futura ministra, Cairo y quien será el subsecretario, Christian Di Candia, se reunieron con las actuales autoridades para recibir la información de la cartera y realizaron algunas consultas, dijeron las fuentes. Uno de los temas fue los problemas que tuvieron algunas cooperativas de vivienda en Paysandú y Río Negro con métodos constructivos no convencionales, que mostraron deficiencias estructurales y por las que se iniciaron acciones legales e investigaciones técnicas.

    Otro asunto de conversación, también relacionado con las cooperativas, fue el de la rebaja de la tasa de interés al 2% para los buenos pagadores que se aprobó en este período, y que se aplicará con retroactividad al 1º de marzo de 2020, pero cuya implementación está pendiente.

    Las actuales autoridades destacaron los avances en el plan Avanzar de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), que atiende la situación de los asentamientos irregulares. Detallaron la cantidad de obras ejecutadas, en marcha y aquellas adjudicadas, que en total significarán la dedicación de US$ 596 millones, entre los recursos presupuestales y los adicionales del fideicomiso creado para administrar partidas del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para intervenir en unos 120 asentamientos.

    Según las fuentes, las nuevas autoridades no adelantaron las definiciones u orientaciones que tomarán en materia de asentamientos. Cairo, quien fue la coordinadora del Plan Juntos entre 2015 y 2020, reconoció que lograr erradicar los asentamientos llevará, por lo menos, 15 años.

    Presupuesto

    Además del detalle de los recursos comprometidos en 2025, el informe de transición hizo puntualizaciones a considerar en la formulación del presupuesto del próximo quinquenio.

    En esa línea, los documentos detallan que a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se transferirán US$ 9 millones a esa cartera desde el fideicomiso creado para el programa habitacional Entre Todos, “con el compromiso de restituir dicha partida”. Agrega que, a partir del 1º de marzo próximo, el MEF “dejará de respaldar el Sistema de Garantía (SIGA) para el programa Entre Todos, por lo que se sugiere destinar recursos del FNV para ello. Y aclaran: “Ambos fondos son requeridos para continuar ejecutando” ese programa, ya que existen “proyectos presentados que deberán contar con respaldo para su viabilidad”.

    Entre Todos, Sueños en Obra, como se denomina, fue un plan implementado por esta administración que facilita el acceso a la vivienda construida por privados, pero con ayuda del MVOT, que suplementa el ahorro inicial o la cuota mensual a través de una contribución económica no reembolsable. Es complementario al régimen de “vivienda promovida” al alcanzar a hogares de ingresos medios bajos.

    En la jornada de hoy el programa Juntos del MVOT celebró la entrega de la vivienda n.° 1000 de este período de gobierno 5.jpeg
    La vivienda número 1.000 del Plan Juntos entregada en este período, en diciembre pasado

    La vivienda número 1.000 del Plan Juntos entregada en este período, en diciembre pasado

    En materia de soluciones habitacionales destinadas a los pasivos, en los documentos de transición se recomienda, para la planificación financiera de los programas para vivienda nueva y subsidio de alquiler, coordinar con el Banco de Previsión Social. Señalan que, entre enero y diciembre de 2024, se pasó de 976 subsidios de alquiler mensuales a 2.000, y se prevé “alcanzar los 3.000” mensuales para diciembre de 2025, según informe de la Gerencia de Prestaciones Sociales de ese instituto previsional.

    En otro orden, el informe aclara que en este período de gobierno se inició el análisis para generar una “nueva modalidad de adjudicación de proyectos para la construcción de viviendas. El objetivo fue —explica— disminuir la participación” de la Dirección Nacional de Vivienda como desarrollador/inversor, trasladando ese rol a las empresas y liberando recursos del FNV para el otorgamiento de préstamos y subsidios a la cuota y alcanzar “en forma directa a la población más vulnerable”. Apunta que ese nuevo instrumento “permitiría a su vez disminuir los costos asociados a la titularidad de las obras por parte del MVOT y a los recursos humanos que se dedican a su gestión”. En esa línea, se sugieren “finalizar el diseño” del instrumento y “realizar una transición de los actuales procedimientos competitivos (licitaciones públicas) para la contratación de obra hacia la nueva modalidad”.

    Monitoreo

    Uno de los temas que, a juicio de la actual administración, requiere “especial atención” de las autoridades entrantes tiene que ver con la “prescripción extintiva de deudas”, un asunto regulado por la Ley de Urgente Consideración (que redujo el plazo de prescripción) y que estuvo cerca de provocar pérdidas millonarias para el Estado por las carteras hipotecarias que administra la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario y el MVOT. En julio de 2022, ello se evitó aprobando a contrarreloj la prórroga del plazo con la Ley 20.061.

    Ahora, en el documento de transición se hace hincapié en “el próximo vencimiento de plazos a partir de los cuales se podría generar la prescripción extintiva de deudas por incumplimiento en el pago de los préstamos otorgados y en particular, los del Programa Cooperativas de Vivienda”.

    También vinculado a las cooperativas, allí se sugiere tener en cuenta en el presupuesto la reducción de intereses a las cooperativas (del 5% al 2%) y su reincorporación a la cadena de pagos (suspendidos a fines de 2019). Esa medida, anunciada por la entonces ministra Irene Moreira y celebrada por el movimiento cooperativo dado que era una demanda histórica, está condicionada al comportamiento de “buen pagador”.

    “Con este acuerdo se logra fortalecer y recuperar el FNV en la medida que se volcarán recursos que durante cuatro años no ingresaron” por el conflicto y reclamo que mantenía el sistema cooperativo, según el documento elaborado por las autoridades salientes del MVOT. Sin embargo, en los hechos, todavía no se ha implementado.

    Agrega que se están realizando los “ajustes finales” para firmar un convenio con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y “obtener su compromiso en retomar la cadena de pagos” al MVOT, a cambio de que la cartera aplique un “nuevo criterio de otorgamiento de los beneficios de buen pagador, que sea acorde a las exigencias” de la federación. Sin perjuicio de los avances que en ese sentido se logren alcanzar previo al cambio de gobierno, se recomienda su “seguimiento y monitoreo”.

    Cantidad de soluciones

    El informe elaborado por las autoridades salientes detalla que las “soluciones habitacionales” en el actual período de gobierno volcadas por el sistema público totalizaban 93.779 al 30 de junio de 2024. De esa cifra, se contabilizan 24.537 como “nuevas” viviendas, entre las cuales el 58% fueron en cooperativas. Además, hubo 20.880 “acciones sobre el stock” habitacional existente, entre las que se incluyen, por ejemplo, 14.205 reparaciones en viviendas de pasivos y 3.418 préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación.

    Además, hubo 6.483 “alquileres”, 12.597 por el programa de “Mejoramiento barrial”, 5.875 préstamos hipotecarios del banco estatal y 21.793 soluciones gestionadas por la Agencia Nacional de Vivienda (donde se incluyen las más de 18.300 viviendas de proyectos promovidos con exoneraciones fiscales por la Ley 18.795 que desarrollan promotores privados de la construcción).