Plebiscito de la seguridad social: 111 técnicos del Frente Amplio firman una declaración contra papeleta por el “Sí”

“La reforma constitucional que se plebiscita tendría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”, dice el documento firmado por Mario Bergara, Gabriel Oddone, Fernando Calloia, Fernando Lorenzo, Gustavo Viñales, Germán Deagosto, Pablo Ferreri, Álvaro García, Bruno Gili, Gabriela Mordecki, Jimena Pardo, Santiago Soto, Jorge Polgar y Martín Vallcorba, entre otros.

Sobre la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas con el SMN, el grupo de frenteamplistas también tiene una mirada crítica. “Termina castigando a las y los trabajadores de menores ingresos, por su efecto sobre el salario mínimo nacional, y no logra cumplir con la promesa de mejorar a futuro las pasividades mínimas”, expresan. Esta incorporación no implica “ninguna garantía”, explican, porque se incorpora en la Constitución una variable cuyo valor “es fijado discrecionalmente” por los gobiernos de turno. En 2004, recuerdan, “se castigaba al SMN para frenar el gasto de jubilaciones y pensiones”. Esto provoca que, si se aprobara, el plebiscito no garantizaría una mejora de las pasividades mínimas pero sí produciría el “riesgo” de que un futuro gobierno limite el aumento del SMN.

Otra “injusticia” que provocaría esta modificación es que las pasividades se aumentarían hasta el nivel del salario mínimo sin tener en cuenta el ingreso total de la persona, “tal como quedó expresamente redactada la iniciativa”. Los economistas frenteamplistas estiman que este cambio causaría un efecto inmediato de US$ 1.500 millones anuales de costo. Los promotores del PIT-CNT, sin embargo, interpretan ese artículo de diferente manera —el aumento es por persona y no por prestación— y estiman el gasto anual en US$ 400 millones.

El ahorro previsional

La prohibición de esquemas como las AFAP, señalan los firmantes del documento, es una de las diferencias que tiene la propuesta con las líneas programáticas del Frente Amplio, que apuesta por un pilar de ahorro individual “no lucrativo”.

La papeleta establece que el dinero que administran las AFAP debe pasar a un fideicomiso en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS). “El BPS, a cambio del dinero que recibe de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores a las que se hubieran pagado por el sistema actual. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”, estiman los técnicos.

El dinero del Fondo de Ahorro Previsional, cercano hoy a US$ 23.000 millones, se agotaría en menos de 15 años. Desde ese momento, el gasto adicional que eventualmente habrá provocará un “aumento del déficit previsional”, señalan. En 2045, ejemplifican, crecerá en US$ 4.000 millones por año, una cifra que equivale al presupuesto anual que actualmente se destina a la educación pública.

Plantean, además, que las consecuencias del plebiscito son “injustas” con los trabajadores más jóvenes: tendrán que “contribuir a financiar las prestaciones más altas que el plebiscito promete, pero no se van a poder jubilar en las condiciones prometidas, porque esos beneficios no se van a poder sostener en el futuro”. “La promesa de mayores pasividades no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros, y que soluciona el enorme costo adicional”, agrega el texto, que cuantifica ese incremento del gasto en el equivalente a duplicar el impuesto a las ganancias para todas las empresas, a multiplicar por cuatro los aportes patronales o a aumentar el IVA del 22% al 35%.

El gobierno que asuma el 1^o de marzo estará “fuertemente condicionado por los efectos” que habría si se aprueba el plebiscito, según el documento. Agrega que producirá “desequilibrios que pondrán en riesgo la estabilidad macroeconómica, esencial para poder mejorar el bienestar de la sociedad y avanzar en el desarrollo económico y social del país”. Estos integrantes del Frente Amplio advierten que el “altísimo costo” implicaría “renunciar a destinar mayores recursos a atender otras necesidades prioritarias que tiene la sociedad, como la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados”.

“Desde una perspectiva progresista y de izquierda, y pensando en el futuro del país, estamos comprometidos con la estabilidad económica, con la construcción de un sistema de seguridad social justo y sostenible y con la consolidación de un potente Estado de bienestar (...). Eso con el plebiscito no es posible”, señalan.

Otro efecto negativo del plebiscito, según la interpretación de estos economistas, es que “convierte en intocables los privilegios de la caja militar”.

Estos economistas opinan que la última reforma jubilatoria “avanzó en algunos aspectos”, pero no solucionó los “problemas principales” y causó nuevos. En cambio, y en línea con las bases programáticas del Frente Amplio, impulsan un “diálogo social” para alcanzar una propuesta que genere las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años, garantice un “piso de protección social básica” y fortalezca un sistema multipilar, que le asigne al Estado un “rol central” en su organización y supervisión y se mantenga la “gestión profesional” de las inversiones.

Por último, sugieren “revisar integralmente el sistema de financiación” de la seguridad social, lo que implica una corrección de las “inequidades existentes” que modernice las “formas de aportación” y revise las “exoneraciones”.