Al igual que Rodolfo Saldain, uno de los padres de la reforma jubilatoria que puso en vigor a partir de diciembre el actual gobierno, el directivo de esa cámara Carlos Matyszczyk comparó la papeleta por el Sí con lo que hizo el kirchnerismo al eliminar las AFJP, lo que son las AFAP uruguayas: “Cuando se habla de las consecuencias para Uruguay, de riesgo país aumentando, pérdida del grado inversor, que hace que vengan menos inversores y se genere menos trabajo, que se pierda el respeto a la propiedad privada..., bueno, Argentina es un ejemplo”.
El alto porcentaje de la ciudadanía que desconoce por completo o sabe poco de lo que contiene esa papeleta blanca con letras negras es lo que atemoriza a muchos actores, también del sistema político, y a sus asesores económicos. El lunes 19, representantes de los partidos del oficialismo se reunieron para coordinar estrategias por este plebiscito y el que promueven para habilitar los allanamientos nocturnos de los hogares.
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Los candidatos presidenciales Guido Manini Ríos, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres al firmar una declaración en contra del plebiscito por la seguridad social
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“El escenario del plebiscito es muy complejo, por ser cauto. Es un escenario que quienes lo promueven creo que no han tomado total conciencia de los números, de los costos, de los efectos que va a tener”, afirmó Diego Labat, hasta hace poco presidente del Banco Central (BCU) y quien sería el ministro de Economía si Álvaro Delgado es el próximo mandatario. También advirtió consecuencias negativas en la “confianza” y en el apalancamiento de la inversión que se hace con los fondos previsionales manejados por las AFAP, que dejarían de existir si prosperara la reforma del PIT-CNT. “No me gusta ser tremendista, pero en este caso” se debe pensar en las responsabilidades ante los potenciales efectos, dijo entrevistado la semana pasada en el programa Periodistas, de Canal 5.
“¿Hay un plan B por si se aprueba?”, le repreguntaron. Labat dio a entender que están proyectando un eventual nuevo gobierno sobre la base de que el plebiscito fracasa. Pero si prospera “habrá que corregir (subir) aportes” y “hacer un montón de otros recortes”, advirtió.
Agustín Iturralde, coordinador del programa de gobierno de Delgado, escribió en El País en julio: el Sí en octubre próximo “puede ganar. En 2014 y 2019 tuvimos dos plebiscitos que no llegaron pero quedaron cerca. Ambos plebiscitos con menos estructura de la que cuenta este. Creer que porque la mayoría de las listas no ‘ensobran’ la papeleta no saldrá es una actitud temeraria. Las pocas encuestas conocidas muestran que más del 40% de las personas ya estaría dispuesto a votar y más de un 20% no sabe”. Tituló su columna Olor a Brexit, comparando con cuando, en 2016, la mayor parte de la élite política e intelectual británica explicaba la “brutal inconveniencia” para el Reino Unido de dejar la Unión Europea. “Así fue como una noche de junio de ese año toda esa élite estaba totalmente desconcertada buscando explicaciones a lo que no creían realmente posible”, pero sucedió. “No está muy lejos de lo que vemos estos días en Uruguay. Estamos caminando al borde del abismo alegremente”, avisó.
Varios economistas del Frente Amplio comparten esa preocupación, por sus efectos y porque, de aprobarse la enmienda constitucional, entienden que la agenda de un eventual gobierno de Yamandú Orsi se verá condicionada.
Las encuestas
Los promotores de la reforma constitucional recolectaron unas 430.000 firmas, superando largamente el requisito de un mínimo de 10% del padrón electoral. Para que la enmienda sea aprobada, el 27 de octubre debe haber introducido la papeleta por el Sí la mitad más uno de los votos válidos emitidos ese día. Si así sucede, una persona podrá jubilarse a los 60 años de edad (y no a los 65 como es tras la más reciente reforma) y con 30 años de trabajo; ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor a un Salario Mínimo Nacional (SMN, hoy en $ 22.268) y las pasividades ajustarán al menos en la misma magnitud que lo haga el SMN (y nunca menos de 0%); quedarán prohibidos los “sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”; la actividad de las AFAP cesará dentro del plazo que fije la reglamentación pero no más allá de 24 meses desde que rija la enmienda; como medida de transición se constituirá un fideicomiso con la totalidad de los fondos gestionados por esas administradoras previsionales, “respetando y garantizando el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su período de actividad así como la no pérdida de derechos o beneficios”, reza la polémica papeleta.
El lunes 19, en Canal 10, Equipos Consultores presentó su última encuesta sobre este plebiscito. Los uruguayos “están divididos sobre su preferencia o inclinación hacia votar este plebiscito. La opinión colectiva se estructura en tercios casi perfectos”: 36% dice que votaría a favor, 33% asegura que no pondrá la papeleta y 31% no tomó una decisión. “El escenario está abierto”, sentencia la encuestadora en su informe.
Según Cifra, desde que se confirmó que estaban las firmas para convocar el plebiscito creció la proporción de quienes lo apoyan: de 36% en febrero a 52% en mayo, aunque en la encuesta de julio, presentada el jueves 15 en Canal 12, bajó a un 48%. Otro 29% aseguró que no acompañará el Sí y el restante 23% no opinó.
El informe de esa consultora recuerda que en los plebiscitos anteriores solo tuvieron éxito los que contaron con un apoyo explícito mayoritario desde el sistema político. Si bien la papeleta para reformular la seguridad social “tiene respaldo de casi la mitad del electorado, quienes lo impulsan son sobre todo el movimiento sindical y algunas organizaciones sociales y no los principales líderes políticos”.
La encuesta abarcó a 1.001 entrevistados y se hizo en las últimas semanas de julio; días después, el 9 de agosto, la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cosse, anunció —alineándose con su compañero de fórmula— que no pondrá la papeleta, pese a que en su momento firmó para habilitar la consulta popular. Según Cifra, la mayoría absoluta (55%) de quienes piensan votar al Frente Amplio apoya esta reforma; la coalición de izquierdas dio libertad de acción.
La encuesta de Opción divulgada el lunes 12 mostró una baja en el porcentaje de respaldo a la iniciativa del PIT-CNT (de 44% en mayo al 41% en el sondeo más reciente). Uno de cada cuatro (44%) admitió estar “nada informado” sobre el tema, otro 40% dijo que sabe “algo” y solo un 13% se reconoce “muy informado” de lo que está en juego.
“Haciendo ruido”
El Banco Central (BCU) elabora un “mapa de riesgos” para su manejo monetario. Actualmente, a escala local identifica dos amenazas, y una es el “ciclo político-electoral”, por ser un factor que puede transmitirse a variables económicas y financieras y afectar en forma negativa a la actividad económica, la inflación y las expectativas de los agentes. La probabilidad de que se materialice “se mantiene en zona medio-baja, persistiendo el nivel de incertidumbre por el planteo del plebiscito” previsional, consignó en su último Informe de Política Monetaria divulgado hace pocos días.
Las AFAP no pueden ignorar un evento que puede terminar de forma abrupta con un negocio en el que están hace casi tres décadas.
Consultado esta semana por Búsqueda, Ignacio Azpiroz, presidente de la asociación que agrupa a Itaú (antes UniónCapital), Sura e Integración —las tres privadas—, ratificó que continúan pensando lo mismo que en diciembre, cuando la central sindical llevaba recolectadas solo un cuarto de las firmas que precisaba para convocar la consulta popular: “Seguimos pensando que la probabilidad de ocurrencia es baja, pero en caso de que suceda tendría un impacto altísimo, por lo que obviamente es un riesgo que tenemos presente y tomamos todas las medidas necesarias para poder mitigarlo. Al margen de eso, seguimos trabajando normalmente, invirtiendo en tecnología y contratando colaboradores”.
Al menos por ahora, en el mercado financiero hay murmullos que podrían transformarse en ruido. ¿Y si se aprueba?
En su análisis de coyuntura de agosto que envía a clientes, Itaú Uruguay augura el fracaso del Sí. O al menos es su “escenario base”, por lo que no visualiza “ningún impacto económico de esta iniciativa”.
“Ni las proyecciones económicas de consenso para la segunda mitad de la década de Uruguay ni los precios de los activos uruguayos están reflejando los riesgos de una aprobación del plebiscito de la seguridad social. Asumen que no se aprueba”, escribió Aldo Lema en la red X, el viernes 16. El economista linkeó una columna suya publicada en El País en junio en la que analizó la perspectiva de ciertas variables y afirmó que al inestable entorno global y regional “se agrega cierta incertidumbre a nivel local ligada a un ciclo electoral muy marcado por el plebiscito de reforma constitucional a la seguridad social y señales (o falta de ellas) en materia monetaria, cambiaria y compromisos antiinflacionarios. Todo eso, combinado con la falta de autonomía del BCU, obliga a los inversores a calibrar mejor los premios por riesgo en todas esas dimensiones. En estos meses estarán bajo mayor escrutinio el spread soberano y las expectativas de depreciación del peso e inflación”.
La conversación en la red de Elon Musk en torno al plebiscito se intensificó después de difundida la encuesta de Cifra, sobre todo por lo que mostró en cuanto a los apoyos entre los no frenteamplistas y los indecisos (rondando el 40% en todos los partidos). Un tuitero anónimo que entiende de mercados financieros y que tiene casi 10.000 seguidores escribió: “Las mesas de dinero (por las tesorerías de los bancos y otras instituciones financieras) acá están dormidas, ninguna priceando la posibilidad de que esto salga; el dólar a 50 va a ser barato si esto sale”. En las últimas semanas la cotización de la divisa en la plaza local ha oscilado unos $ 10 por debajo de esa cifra, ligeramente arriba de los $ 40 (para operaciones mayoristas o “interbancarias”).
Más allá de que los inversores en general opinan que “de fondo esto no debería salir”, las “encuestas están poniendo un poco nerviosa a la plaza. He recibido preguntas, inquietudes de acá y de afuera”, dijo a Búsqueda Ángel Urraburu, corredor y presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. “Esto altera todas las normas de convivencia y propiedad, contratos, compromisos y sistemas. En algún lado está haciendo ruido”, si bien eso no se ha reflejado en los precios de los bonos de deuda uruguayos, agregó.
Para Urraburu, la falta de “mensajes mucho más contundentes” de algunos referentes políticos en contra de lo que propone el PIT-CNT contribuye a que se esté conformando “todo un ambiente” de preocupación “alrededor de lo financiero”. Según él, eso trasciende la suerte que corra el plebiscito. “Si pierde con más de 40%, cuando un eventual gobierno del Frente Amplio se plantee reformar la seguridad social con ese gran diálogo nacional, ¿va a tener en cuenta eso? (…) Una cosa se empieza a combinar con lo otro”, señaló. Ante ese escenario, comentó: “No quisiera estar en el pellejo de los directivos de las AFAP”.
“La seguridad jurídica de Uruguay, la calificación de riesgo, la reputación del país están en juego. No es un tema de partido. Esto altera todas las normas de convivencia y propiedad, contratos, compromisos y sistemas”, insistió.
La mirada de afuera
Las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad de pago de la deuda; por razones demográficas, las crecientes transferencias para cubrir el bache financiero en la seguridad social son un desafío para Uruguay. Una marcha atrás en la reforma aprobada por el gobierno sería vista como un retroceso por estas agencias. Algunos de los analistas consultados, ahora con el plebiscito a la vuelta de la esquina, no quisieron hacer comentarios.
Según cálculos realizados por los servicios técnicos del Banco de Previsión Social, con la reciente reforma el déficit de ese organismo representaría 0,9% del Producto Interno Bruto y se estabilizaría en torno al 2% a partir del 2100. Los cambios propuestos en el plebiscito, en tanto, llevarían el resultado en rojo a 5% del Producto al 2050 y a 8,1% al final de este siglo. Bajar la edad mínima de retiro a los 60 años aumentaría 11% la cantidad de jubilaciones al 2100.
Si la campaña del PIT-CNT tiene éxito, los “futuros gobiernos probablemente enfrentarán algunas decisiones difíciles”, dijo en noviembre a Búsqueda, cuando todavía no estaba claro si habría o no consulta popular, el vicepresidente senior de Riesgo Soberano Global de la agencia canadiense DBRS, Michael Heydt. Además, advirtió, la eliminación de las AFAP podría “ser disruptiva para los mercados financieros locales”.
En cambio, para las calificadoras, el resultado de las elecciones en Uruguay es casi un trámite. El último informe sobre el país emitido por Standard & Poor‘s en mayo decía que “si bien existen diferencias de opinión entre los partidos y las coaliciones tales como sobre el papel del gobierno y las prioridades de gasto, existe un consenso sobre el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el Estado de derecho. No esperamos amplios cambios en la política económica”.
Desde los organismos internacionales miran al Uruguay de los últimos tiempos como a un alumno abanderado en una región volátil. Pero el plebiscito de la seguridad social, si se aprueba, podría llevarlo al grupo de reprobados.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) entiende que el actual gobierno hizo bien en atacar los problemas de sostenibilidad del sistema jubilatorio mediante la última reforma, a la cual golpea en su línea de flotación la papeleta por el Sí. En parte gracias a su aprobación “mejoró la calificación crediticia de la deuda soberana de Uruguay, lo que ha ayudado a que los diferenciales de las tasas de interés en dólares se encuentren en mínimos históricos y sean, además, los más bajos de la región. Un regreso a la situación anterior a la reforma haría necesario un recorte del gasto en otras partidas o una subida de impuestos si se quiere evitar un incremento de la deuda pública”, declaró el jefe de la misión del organismo internacional, Pau Rabanal, entrevistado el mes pasado por Búsqueda.
