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    Preocupan a empresas las exigencias “desmedidas” del Ministerio de Ambiente

    Gremiales sectoriales y firmas industriales, comerciales, agrícolas y forestales señalan que algunos requisitos son “extremos” y aumentan costos, como un plan de recolección de aparatos celulares, hornos y notebooks

    Las exigencias crecientes que en materia medioambiental están requiriendo organismos del Estado a empresas de distintos rubros causan “preocupación” en el sector privado por los altos costos que demandan y porque —en algunos casos— implican inversiones “millonarias” o que consideran “desmedidas”.

    “Estamos convencidos de que cada vez es más importante la sostenibilidad, que Uruguay tiene muchísimas ventajas que podemos capitalizar, pero también estamos empezando a ver con preocupación que no nos vayamos para el otro lado”, dijo a Búsqueda el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez. Señaló que si bien hay “mandatos globales” a los que Uruguay adhirió, hay que ser “pragmáticos y claros con lo que le conviene al país. Hay que poner un ojo en eso, para que adoptar algunos marcos, que no son obligatorios, no terminen perjudicándonos”, advirtió.

    En la misma línea, la Confederación de Cámaras Empresariales señaló en su Agenda para el desarrollo 2025-2030 presentada hace pocos días que el país debe “adelantarse a posibles restricciones” medioambientales que se pretendan “imponer” en los mercados de exportación pero “cuidando que no se trate de barreras no arancelarias, no asumiendo compromisos que no sean viables para el sector productivo, evitando cargar con costos adicionales a los exportadores”.

    Por su parte, la plataforma de acción con planteos para el próximo gobierno elaborada por la Cámara de Industrias —institución que se encarga del Plan Vale (exgestión de envases)— señaló que el sector está “comprometido” con la recuperación de envases pero que las metas no son alcanzables, por lo que sugirió “revisar los plazos” establecidos por el Ministerio de Ambiente (MA) considerando las capacidades del país. Además, propuso “ampliar los incentivos a nivel nacional” para fomentar el involucramiento de la población e implementar “exoneraciones impositivas” para favorecer la implantación del plan y “acelerar” el cumplimiento de los objetivos.

    Normativa ambiental

    En los últimos años hubo varios ajustes en la normativa ambiental de la actividad forestal, algo que a los ojos del sector privado pero también de parte de algunas autoridades puede desincentivar negocios y limitar la expansión del sector.

    “Somos un sector certificado en normas internacionales, con más de 30 años de experiencia en el país, tenemos auditorías anuales y además todos los controles de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Ambiente y de las intendencias. Sin embargo, hoy las replantaciones —que ya han tenido uno o dos ciclos de corte— tienen que pasar por el MA, con todos sus requisitos, demoras de proceso y aprobaciones, y en algunos casos se reducen las áreas para volver a forestar. Hay una exigencia extrema, injustificada desde el punto de vista científico y técnico. El péndulo se ha ido hacia el otro extremo y está desestimulando y perjudicando la inversión”, dijo a Búsqueda Nelson Ledesma, que preside la Sociedad de Productores Forestales.

    A su juicio, no hay “razonabilidad” en la legislación nacional y consideró que no está alineada con las normas internacionales. Opinó que ello se agudizó durante esta gestión con los criterios para clasificar los proyectos forestales en el proceso de autorización ambiental previa y a las “capas de prioridad ambiental” o “parches de campo natural”. “Dependiendo del criterio discrecional de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), si la capa cubre 60% del predio, el proyecto forestal tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Es una exigencia desmedida”, sin importar el tamaño del predio, sostuvo. Explicó que hay empresas con más poder económico que pueden contratar a expertos en flora, fauna, suelos, pero no es el caso de productores de menor porte.

    En el rubro agrícola, un ejecutivo de operaciones de una empresa de gran porte —que pidió el anonimato— señaló a Búsqueda que los requisitos de cumplimiento y condiciones que establece el MA han venido aumentando en los últimos años tanto en la fase primaria como en la industrial. En general, las demandas se están pudiendo cumplir, dijo. Sin embargo, planteó “preocupación” sobre la falta de “alternativas viables” para la gestión de residuos agrícolas vinculados a la producción de biomasa, por ejemplo. En ese eslabón de la cadena, dijo el gerente, el MA está solicitando tomar medidas de disposición final que exigirían a la empresa realizar inversiones “millonarias” en un plazo breve, lo que volvería “inviable” la actividad de generación de energía.

    En el sector comercio y servicios la inquietud está centrada en la reglamentación del plan de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que el MA viene trabajando desde setiembre del año pasado, dijo a Búsqueda el gerente general de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Luis Bajac. Explicó que ese plan implicaría un costo “muy alto” y una responsabilidad “grande”, según lo que ha planteado el ministerio en reuniones que está realizando con la gremial.

    Bajac comentó que el MA proyecta para una “primera etapa” la recolección, cuando queden en desuso, del 40% de los artefactos que se importen (desde un pendrive hasta celulares, hornos, heladeras, notebooks y demás) en un período anual o en los últimos tres años, por ejemplo. El importador pagaría un canon por los bienes importados para contemplar el costo de la operativa de acopio y recolección posterior. De no pagarse esa tasa, la mercadería podría ser retenida por Aduanas, apuntó.

    “Queremos colaborar con el ministerio, con el medio ambiente, de forma seria, responsable, pero sin que eso afecte la economía de las empresas de un día para otro. Uruguay es caro, ¿le vamos a sumar más costos?”, dijo el gerente general en el entendido de que el costo del plan se trasladaría al precio final del producto, lo que también podría afectar el nivel de consumo. Bajac dijo que si bien todavía no está claro cuál sería el canon, en el intercambio con el MA se planteó desarrollar una ecuación que considere la vida útil del producto, su valor, la posibilidad de reciclar algunos materiales, para que no todos los bienes paguen lo mismo.

    Agregó que Ambiente se está asesorando con expertos europeos y en las últimas semanas convocó a la CCSU para evacuar dudas. En ese diálogo, dijo, quedó en evidencia que en el primer mundo se han revisado objetivos de recuperación de este tipo de aparatos y a la luz de esa experiencia, opinó, el MA establece metas “complicadas” de alcanzar. Sin embargo, afirmó que desde la cartera se defiende poner la “vara alta” porque considera que es algo alcanzable con el compromiso y la participación de los distintos actores de la sociedad uruguaya.

    En la industria las visiones son diversas, según los sectores de actividad y la estructura de las empresas. En general, plantean que cumplir con parámetros de sostenibilidad demanda mayores gastos. Y afirman que ello, en tiempos donde la rentabilidad está en jaque, puede llevar a decisiones “no tan sostenibles”.

    Ana Paula Demaría, directora de Arenas de Vidrio —una empresa que procesa botellas de vidrio posconsumo para fabricar productos para la construcción—, señaló que hay un “gran agujero negro” sobre la gestión que recibe ese material en el país, porque no existen alternativas “reales de gestión del descarte”. Dijo que actualmente la mayoría “se entierra”. “Esto va a cambiar cuando comience a funcionar el sistema de depósito, devolución y reembolso que implantará el Plan Vale que lleva adelante la CIU con el aporte económico enorme de las empresas adheridas”, comentó.

    En la industria farmacéutica señalaron que la Dinacea está solicitando “cosas muy difíciles de cumplir” para la realidad del país. “Hace tres o cuatro años empezaron con exigencias de una magnitud que no son trasladables aquí”, dijeron fuentes del sector. Se refirieron también a cambios de criterios de infiltración del agua utilizada en los procesos industriales al terreno o a un cauce natural y explicaron que, luego de que el agua se analizó y se comprobó que no contaminaba, se regaba en el predio. Sin embargo, hace unos meses, con la recategorización de los padrones rurales a suburbanos, las autoridades cambiaron ese criterio y varias empresas “quedaron en el medio”, porque se les dijo “de un día para otro que no podían seguir haciendo lo que hacían” sin darles hasta ahora una alternativa clara.

    “Está siendo muy difícil tener respuestas; en los últimos años, finalizada la pandemia se empezó con exigencias que se van para el otro lado, sin gradualidad, lo que es un error", señaló un ejecutivo de la industria farmacéutica, y planteó que se exigen “normativas europeas, pero hay que hacer que el marco sea coherente con el mercado uruguayo”.

    En el rubro de envases de plástico y embalajes de espuma, en tanto, una fuente comentó que el deber del MA es regular la gestión y la valorización de envases y embalajes y afirmó que en esa línea “se está trabajando bien” en el sector privado a través del Plan Vale.

    Apuntó que será “importante” la fiscalización para quienes no adhieran al plan y sigan importando y comercializando “como si nada”. La fuente también planteó que es preciso medir la huella de carbono de los distintos materiales para “no castigar” con un mayor costo a aquellos que tengan un “mejor impacto ambiental” con relación a otros.