El Ministerio de Ambiente otorgó 937 autorizaciones de impacto en 2023, cifra en ascenso desde 2016

El tipo de trámite al que se refiere es la llamada Autorización Ambiental Previa (AAP), que se enmarca en la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental. Se trata de un permiso que otorga el Ministerio de Ambiente antes del inicio de determinadas actividades, construcciones u obras con el fin de eliminar o mitigar potenciales impactos ambientales negativos.

Crecimiento

Aunque el crecimiento de las autorizaciones ambientales excede este período, Lucas explicó que la impronta de cada administración tiene incidencia en el tipo de proyectos que las solicitan. “Por ejemplo, en la época de la primera transición energética había muchos proyectos de generación de energías renovables. Pero en este gobierno hubo mucho vinculados a la construcción de rutas y puentes. Es decir, cambia el sector de acuerdo al desarrollo que tiene el país”, indicó.

Entre los trámites en curso en este momento, destacó tres puertos (uno en Colonia y otros dos en Soriano) y algunos “proyectos relacionados al hidrógeno verde”. Sobre este último punto, detalló que en lo que va de este año el Ministerio de Ambiente analiza propuestas que equivalen a “la misma capacidad de instalación de megavatios que lo que se instaló en 10 años en parques eólicos en Uruguay”. Se trata de iniciativas privadas, la mayoría vinculadas a H2 verde.

“Es un desarrollo especulativo, porque no es que los proyectos ejecutivos ya estén listos. Pero están en trámite de evaluación ambiental, vinculados al desarrollo de la cadena de hidrógeno”, detalló sobre los proyectos de HIF en Paysandú y el de la localidad de Tambores, que ya presentaron estudios de impacto.

Lucas también atribuyó el aumento de las solicitudes a la ampliación del alcance del decreto reglamentario de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental, que fue incluyendo cada vez más actividades. “Eso implica que nos tengamos que preparar para dar respuesta y mejorar en la gestión con los recursos que tenemos, que siempre son pocos y menos de los que deberíamos” tener, opinó.

Por ejemplo, luego de que en 2023 la Intendencia de Canelones denunciara ante la cartera de Ambiente la extracción irregular de arena por parte de privados en el río Santa Lucía, el ministerio comenzó este año a solicitar una autorización para el desarrollo de la actividad. “Son cosas que se van agregando al sistema porque se detecta que hay un riesgo ambiental o porque es algo nuevo en el país”, explicó.

Consultada respecto al porcentaje de AAP que se otorgan, Lucas dijo que “se autorizan casi todas las solicitudes que se presentan”. Incluso, dijo, los proyectos o iniciativas rechazados “son menos del 2%”, una tendencia que también se mantiene desde hace algunos años. Esto se debe, indicó, a que casi la totalidad de los proyectos son aprobados con ciertas modificaciones o bajo ciertas condiciones.

En la misma línea, la gerenta dijo que el rol de su división no es valorar si el proyecto “pasa o no pasa”, sino que el objetivo es proteger la calidad del ambiente y acompañar la promoción del desarrollo sostenible. “No es decir ‘no al desarrollo’”, sostuvo.

Consultada sobre los tiempos de aprobación, un aspecto que a veces es cuestionado desde el sector privado, señaló que todos los trámites demoran menos de un año. En promedio, el análisis demanda entre seis y nueve meses.

Los tiempos, precisó, son un aspecto donde hacen un “trabajo constante”, que se lleva adelante a través del Sistema de Gestión de Calidad, auditado por la norma ISO 9001. “Siempre la preocupación es mejorar, porque entendemos que hay alguien del otro lado esperando una resolución, pero sin perder la rigurosidad técnica de la evaluación”, afirmó. En esa línea, se trazaron el objetivo interno de lograr en este período de gobierno que el 60% de los proyectos que requieran evaluaciones más robustas se tramiten en menos de 120 días.