Otras actividades informales pueden ser más subterráneas, ocultas, oscuras.
Soy Ismael Grau, editor de Economía en Búsqueda y autor de esta newsletter, Detrás de los números.
Medidas de la informalidad
Lo que, sin tecnicismos, denomino como rebusque es, básicamente, trabajo de subsistencia y más bien ocasional, aunque puede perpetuarse como fuente de ingresos. Se llega ante la imposibilidad de conseguir un empleo formal —debido, por ejemplo, a una insuficiente capacitación, por ser demasiado joven o muy mayor, por tener adicciones, por ser un liberado—, al no lograr acceder a alternativas laborales mejores, o porque la plata de la pasividad o el salario se esfuma antes del siguiente cobro (según el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, en 2025 unas 160.000 personas percibieron menos de $ 15.000 líquidos mensuales equivalentes a 40 horas semanales y otras 352.000 se ubicaron en la franja de $ 15.000 a $ 25.000; ambos grupos eran el 30% de todos los ocupados formales e informales). Es también la opción de los poco afectos a la “cultura del trabajo”, esa que, con razón, reivindica el exsindicalista de la bebida Richard Read.
Para las estadísticas oficiales, el rebusque generalmente es una actividad por “cuenta propia” (aunque esta categoría es bastante amplia). Casi siempre es un trabajo en la informalidad.
En los datos del mercado laboral que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), si una persona ocupada responde a la Encuesta Continua de Hogares que no hace aportes a la seguridad social, es trabajador informal o “no registrado” en el sistema previsional. El porcentaje se ha mantenido en los últimos años en torno a 21% de los ocupados.
Es un enfoque acotado, y la publicación anual titulada Informalidad y subutilización de la fuerza de trabajo, también del INE, sirve para complementar el análisis.
Ese estudio considera ocupados informales a los trabajadores por cuenta propia o empleadores dueños de una unidad económica informal, a todos los familiares no remunerados del hogar, además de los asalariados y contratistas dependientes que no aportan a la seguridad social (y los que lo hacen declarando una paga menor a la real).
Con esta definición más abarcativa, la tasa de ocupación informal se situó en 22,8% en 2025. Es decir, más de un quinto de las personas que trabajaban eran informales a escala nacional. El porcentaje mostró un ligero aumento cada año, desde 21,9% en 2022.
Por departamentos, en 2025 esta ocupación informal era significativamente más alta que ese promedio del país en Cerro Largo (44,5%), Rivera (41,6%) y Artigas (39,1%); los mínimos estaban en Flores (13,4%) y Montevideo (15,5%).
El informe confirma que los grupos ocupacionales para los que, en general, se requieren menos estudios formales tienden a presentar más informalidad. El año pasado, el mayor porcentaje se daba entre “oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios” (43,1%), los “agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros” (37,6%) y las “ocupaciones elementales” (34,4%), una categoría que incluye, por ejemplo, al lavador de ventanas y al vendedor ambulante (no de alimentos). Por el contrario, entre los “profesionales científicos e intelectuales”, el “personal de apoyo administrativo” y los “directores y gerentes”, los informales rondaban el 5% o menos.
En un artículo publicado este mes en el blog Razones y personas, el economista Horacio Rueda planteó otro abordaje, desde la perspectiva del entramado empresarial.
Si se dividen los hogares en diez (deciles) según su ingreso por integrante, en el primero —el más “pobre”—, el 65% son cuentapropistas informales y asalariados informales, categorías que, en el décimo decil —el más “rico”—, representan apenas un 4% del total, según su cálculo. Como una “asociación” y no una causa probada, señala dos cosas: que las personas del primer decil acceden menos a las empresas grandes y que en nuestro país “faltan empresas medianas”, aparentemente por las “fricciones” existentes para que las unidades productivas crezcan de tamaño.
La economía “oculta”
Algunas actividades productivas y laborales forman parte de lo que se denomina economía “oculta”, “sumergida” o “clandestina”, identificada también con colores, como “gris” o “negra”, aunque refieren básicamente a lo mismo: eluden normas y controles, ya sea para evadir impuestos y contribuciones a la seguridad social o para jopear a la burocracia gubernamental, la carga regulatoria o la de tipo “institucional”, lo que incluye la corrupción. Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2019 sobre el tema señalaba que esta parte de la economía es más fácil de etiquetar que de medir, por su propia naturaleza.
En promedio, la economía latinoamericana y caribeña tiene una estructura de tercios: uno formal, otro informal y un tercero ilegal. Así se planteó en el Primer Seminario sobre el Impacto de la Delincuencia Organizada en la Economía de América Latina y el Caribe, realizado en setiembre del año pasado en Santiago de Chile. Una relatoría del evento elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que, si bien esa proporción puede ser motivo de discusión, está fuera de debate que la delincuencia organizada “ya no es un fenómeno marginal. Por el contrario, tiene un peso significativo, interactúa con las economías formal e informal y se superpone a ellas”.
Menciona que las actividades relacionadas con las economías ilegales en la región podrían representar hasta un 13% del Producto Interno Bruto (PIB), según qué se incluya. Pueden considerarse, por ejemplo, los costos de la violencia (un 3,4% del PIB, estima el Banco Interamericano de Desarrollo), la evasión fiscal (6,7%, conforme con la Cepal), la corrupción (2,0%, de acuerdo con el Banco Mundial), el lavado de activos (calculado por el FMI entre un 2% y 5% del Producto), o la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas.
Además de las cifras agregadas del PIB afectado, en ese seminario se documentaron otros costos económicos concretos que, por otro lado, “recaen de manera desproporcionada en los territorios marginados y las comunidades en las que la presencia del Estado es débil o ambivalente”. Es fácil asociar tal diagnóstico con barrios del oeste y otros periféricos de Montevideo que han sido tomados por clanes narco.
¿Qué mide nuestro PIB oficial?
En las Jornadas de Economía del Banco Central (BCU) del 2015, Maira Caño-Guiral presentó una medición del peso en Uruguay de las actividades subterráneas, informales e ilegales, como el contrabando o el tráfico de drogas. Estimó que esta “economía no observada” por las estadísticas representó el 37,5% de los empleos y su contribución en valor agregado —el PIB— fue de 17,7% del total, en promedio anual entre 2001 y 2010. La economista consideró “no desdeñable” esa cifra, y estoy de acuerdo.
Para esta newsletter, al BCU le recordé aquella investigación y le pregunté qué actividades de la economía “no observada” contempla actualmente para estimar nuestro PIB.
El organismo me indicó que la compilación de datos de Cuentas Nacionales —que incluyen la medición del Producto— “se realiza con la exhaustividad necesaria para tener cobertura del 100% de la actividad económica”, para lo cual debe tener estimaciones de la economía “no captada en las estadísticas básicas tradicionales”, por ejemplo, de la “comercialización ilegal de mercancías de contrabando para todos los destinos económicos”.
Insistí rebuscando alguna cifra concreta, pero me dejó con las manos vacías: la compilación “no permite desagregar la parte que corresponde a la economía no observada debido a la menor disponibilidad de estadísticas básicas”.
Una recomendación de lectura de Búsqueda antes de despedirme: este completo y emotivo obituario del Negro Rada, a quien cité en esta anterior entrega de la newsletter sobre el racismo económico.
Si querés escribirme comentarios, críticas o sugerencias, podés hacerlo a [email protected].
Vuelvo a escribirte dentro de un mes.
¡Saludos!
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