—La impronta de esta gestión es intentar volver a que la DNE tenga un rol preponderante en la definición de todos los temas que tienen que ver con la política energética, no solo con el eje de demanda de eficiencia energética, sino también con la oferta de energía, cuestiones institucionales, cuestiones vinculadas a lo social, con el acceso, y cumplir con los objetivos de asesorar en política energética, de articular con todos los actores y dar seguimiento de los distintos procesos y proyectos que vayan surgiendo.
—El gobierno aspira a alcanzar un acuerdo multipartidario para la segunda transición energética, reeditando aquel de 2010 que posibilitó una matriz eléctrica casi 100% de fuentes renovables. ¿Cómo se trabaja para lograrlo?
—Uno de los objetivos principales para este quinquenio es poder dar la rediscusión de la política energética con un horizonte de más largo plazo, al 2050. En marzo lo planteamos al equipo técnico de la DNE, que tiene profesionales que vienen, inclusive, desde aquella primera transformación. Hicimos un par de talleres de discusión interna, y un grupo de trabajo se enfocó en preparar un documento “mártir” —que no es público— para que las autoridades tengan los insumos. Esta política tiene que ser trabajada por todos los actores: las empresas energéticas públicas, la academia, las empresas privadas, los sindicatos, la sociedad organizada. Ahora estamos diseñando una serie de talleres para que esa discusión sea ordenada, prolija y dé un producto que luego se pueda llevar a una discusión multipartidaria.
—En el corto plazo, ¿qué decisiones Uruguay debería tomar en términos de generación, movilidad y transmisión de electricidad?
—Estamos trabajando en cómo se va a dar la expansión de la generación eléctrica en los próximos meses y años. Porque los planes muestran una necesidad de introducir generación, principalmente fotovoltaica y eólica. Estamos viendo con UTE cuáles serían los mejores mecanismos o formatos. En el pasado se han usado los (contratos) PPA, las licitaciones, también algunos parques se hicieron por fideicomiso, la gente participó... Todo eso está arriba de la mesa.
En cuanto a movilidad eléctrica, uno de los compromisos de este gobierno tiene que ver con llegar al 2030 con el 50% de la flota de ómnibus eléctricos. Queremos que suceda en Montevideo y el área metropolitana, pero también en alguna ciudad del interior. La semana que viene se va a estar citando a la comisión de movilidad sostenible de alto nivel (que surge de un decreto que quedó de febrero de este año) para trabajar muchas de las temáticas.
Direccion de Energia
Spinelli durante la presentación del Balance Energético Nacional de 2024, realizada en agosto en la Torre de las Telecomunicaciones.
MIEM
En transmisión, hay grandes desafíos, sobre todo porque estamos muy bien en la oferta de energía respecto a la demanda, pero si llegamos a tener proyectos importantes que demanden mucha energía, por ejemplo, con data centers —que pegan un escalón impresionante en la demanda— o proyectos relacionados al hidrógeno, pueden llegar a desbalancear totalmente lo previsto no solo en cuanto a la generación, sino también a la transmisión. Es muy importante el lugar donde se vayan a querer instalar. Estamos trabajando con UTE para empezar a mirar esas proyecciones y escenarios para que esos proyectos, que muchas veces son solamente proyectos que están en la vuelta, no le impliquen a la UTE dar pasos y que después aquellos no se concreten…
—En el período pasado surgieron varios proyectos de hidrógeno de gran escala. En el caso de HIF Global, el gobierno planteó reparos y demandó cambios. ¿Eso desestimuló o frenó el avance de la inversión?
—Ninguno de los proyectos de hidrógeno, ni el de HIF ni el de Enertrag, en Tambores, tienen decisión de inversión. El único concreto que sí se está construyendo es un piloto de camiones, que es el de Kahirós.
En el caso de HIF y Enertrag, se presentaron en el Ministerio de Ambiente para tener primero la viabilidad ambiental de localización, después avanzaron más y ya están solicitando la autorización ambiental previa. En el caso de HIF, además, puede tener intervención de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay); no sabemos qué tiempos hay por delante.
Este gobierno heredó esta realidad de algunos proyectos avanzados en el sentido de dar los pasos que tenían pensado dar antes de tomar su decisión. Lo digo así porque a veces parece como que ya estaba todo pronto, pero no, y no por culpa del gobierno, sino porque las empresas están en un mercado que es totalmente nuevo, con un producto que todavía tiene un costo mayor que los fósiles que van a sustituir, y en un mercado como el europeo, que está brindando ciertos fondos. Esto hace que algunas empresas estén dando esos primeros pasos; no es que está todo en el aire, pero dependen de poder tener asegurada su cuenta.
La posición que tuvo este gobierno, lo explicó la ministra, era que los proyectos se evaluarían para intentar que aporten el triple impacto: ambiental, social, económico. Y en eso se está. Particularmente, ahora lo que estamos discutiendo en ese documento mártir que mencioné sobre la política energética, es que con todos los grandes proyectos energéticos, y más industriales, Uruguay debiera tener un sistema de abordaje multidimensional; equipos de alto nivel para valorar todas las aristas, como en su momento se hizo con UPM. Y entiendo que es un poco lo que ahora está haciendo este gobierno con algunos proyectos.
—El empresariado se queja porque los costos de la energía en Uruguay son de los más altos de la región, y avanzar hacia combustibles verdes no es más barato. ¿Usted qué dice?
—Si miramos, por ejemplo, el sector eléctrico, logramos ir hacia los renovables y, además, bajar el costo de abastecimiento de la demanda; hay quienes dicen que eso no se reflejó tanto en las tarifas. Bueno, más o menos. Si uno mira la tarifa, por ejemplo, del residencial, en términos reales fue bajando.
Uruguay tiene unas ciertas características de las cuales no podemos escapar... nuestra escala. Es verdad que si miramos algunos sectores comparados con países vecinos, en electricidad somos más caros. Pero también es cierto que si uno mira en otros sectores, como en el industrial, depende con quién se compare. Por ejemplo, con Chile estamos bastante parejos. Con Brasil, dependiendo del lugar, porque hay diferencias enormes dentro de ese país. No quiere decir que se podría hacer más.
En combustibles, tenemos una realidad, que es que el impuesto que se les pone a las naftas es casi el 50% del valor final, y es muy difícil no contar con él. En el gasoil, entiendo que estamos a precio internacional hoy en día respecto a lo que importamos; después la distribución es lo mismo, tiene los costos que tiene distribuir en este país...
—¿Fue una buena decisión dejar de mezclar biodiésel para reducir el costo del gasoil?
—Creo que no. En definitiva, teníamos un contrato con Cousa, que igual había que pagar, se cortó la mezcla y se ha tenido que pagar de todas formas.
Teníamos compromisos ambientales; hubiera sido bueno que siguiéramos con el 5% y ayudar particularmente al cumplimiento de las metas del bono verde. Y porque en definitiva, (dada) toda la reconversión que uno espera que tenga la refinería en los siguientes años, estábamos como en una curva de aprendizaje y fue como cortarla abruptamente.
El gobierno pasado, en la transición, le dejó dicho a este que sugería se volviera a incorporar (biodiésel), pero son discusiones complejas porque una vez que lo retirás, volverlo a incorporar tiene un impacto... Son discusiones que hay que volver a dar. Estamos trabajando con Ancap y poniendo todo esto arriba de la mesa. El impacto en la tarifa tampoco es tan disruptivo. Depende del porcentaje que se mezcle, y los beneficios son los mejores que podés tener en cuanto a una medida de descarbonización importante.
—Al inicio de este gobierno, también se revisó y ajustó la política de fijación de precios de los combustibles definida por la anterior administración. Usted, que estuvo en la gerencia del Área de Hidrocarburos de la DNE en ese momento, ahora como directora, ¿qué opina de la reforma impulsada?
—Creo que el gobierno pasado partió de un preconcepto; primero, que Ancap hacía las cosas mal. Entonces, sacó a Ancap del rol histórico y eso mostró que al final Ancap no hacía las cosas tan mal.
Fijando las tarifas ahora, a partir del precio de importación, igualmente quedó demostrado —incluso en el período pasado— las ganancias que puede tener Ancap y el país por refinar el petróleo en vez de comprar los combustibles importados. Si algo estuvo bueno, es que quedó claro que en la actividad de refinación hay derrame para Uruguay.
Cardona y Oddone
Fernanda Cardona y Gabriel Oddone en la presentación de los cambios del mecanismo de ajuste de las tarifas de los combustibles.
MIEM
Respecto a la distribución secundaria, el gobierno anterior se propuso una serie de pasos y en el camino se dio cuenta de que para ahí no podía ir, por lo que fuera, porque había intereses de todos los actores que están involucrados. Si hubiera contemplado eso, nunca hubiera planteado ese cronograma de reforma.
Yo estaba a cargo del área de Hidrocarburos, pero no participé, por ejemplo, del famoso grupo de expertos que citaron para tratar el tema en el principio del período pasado. Tampoco fueron parte los técnicos de la Ursea, que hace muchos años trabajan en el asunto, así que creo que hubo una mirada más política que técnica.
Con la distribución secundaria no hubo una reglamentación integral, donde todo el mundo tuviera claro dónde estaba parado, cuáles eran sus obligaciones y, en algunos casos, hubo dificultades de interpretación que han generado mucho recurso contra el Estado.
—¿Qué cambios se evalúan en la cadena de distribución secundaria?
—Hace unos cinco meses, desde que se nombraron los delegados de la Ursea, de la DNE, se está trabajando en el tema, también con participación del MEF. Hemos tenido entrevistas con todos los actores clave de la cadena secundaria: transportistas, sellos y estacioneros.
La idea es encontrar los razonables equilibrios, que todos puedan seguir trabajando sin que se genere mucho ruido, sin que se corte el suministro, que el mercado pueda seguir funcionando más o menos como hasta el momento, que viene bastante bien. Básicamente, lo que pretendemos de este proceso es que se puedan tener las reglas bien claras, transparentes, cuáles son los requisitos para estar, que no haya dos, o tres, o cuatro interpretaciones de una misma normativa, porque en lo que sí estamos todos de acuerdo es que es un mercado que funciona bien, se llega al cliente final con calidad, con seguridad.
Estamos a un mes de que el grupo pueda elevar insumos al Poder Ejecutivo, y a partir de ahí se van a dar pasos seguramente de modificación de reglamentación, sin volver a cometer ninguno de los errores que se cometieron en el pasado. Probablemente, todo será con suficientes tiempos de implementación, de gradualidad, de poner las cosas en consulta, para que todos opinen.
