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    Reforma previsional mejora la sostenibilidad financiera, pero los riesgos “no están despejados”

    El Observatorio de la Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas analizó diversos escenarios, incluido uno —como insumo para el futuro diálogo social— en el que la edad de retiro es a los 60 o a los 63 años

    La reforma aprobada en 2023 (Ley 20.130) “mejora la dimensión de sostenibilidad del sistema respecto al régimen previsional anterior”, que presentaba “importantes problemas” financieros a largo plazo, “pero claramente los riesgos en esta materia no están despejados”, sostiene el Observatorio de la Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

    En el régimen vigente, la sostenibilidad financiera del sistema “depende de forma crucial de las decisiones que se tomen” sobre el nuevo Suplemento Solidario, creado para compensar las prestaciones más bajas, señala en un documento presentado el miércoles 11.

    La ley otorga cierta flexibilidad a los gobiernos para concretar el ajuste anual de los parámetros del nuevo Suplemento Solidario.

    En un contexto de crecimiento del salario real a largo plazo, como, según el Observatorio, es esperable, la opción de hacerlo de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) determinaría que, con el paso del tiempo, se redujera la cantidad de personas a las que les correspondería el beneficio y la magnitud de esta prestación (evaluada en salarios constantes). Esto redundaría en una reducción de la suficiencia promedio de las prestaciones, al menos en términos relativos a los salarios de la economía. Las proyecciones divulgadas por el gobierno asumen que, durante las próximas dos décadas, los gobiernos optarán por ajustar los parámetros de cálculo del Suplemento Solidario de acuerdo al IPC, y, posteriormente, a partir de una combinación entre el IPC y el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), lo que implica un deterioro en la suficiencia y el alcance del Suplemento en relación con el total del gasto jubilatorio.

    En ese sentido, según el Observatorio del Cinve, la flexibilidad planteada en la ley “propone un claro dilema entre sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones más bajas, al que se enfrentarán año a año los futuros gobiernos”.

    Según sus estimaciones, si los parámetros de cálculo del Suplemento Solidario implementado para mejorar la suficiencia de las jubilaciones más bajas se ajustaran atendiendo la evolución del IMSN, el impacto financiero de la reforma será “reducido”. En este contexto, habría un gasto del Banco de Previsión Social (BPS) creciendo hasta un máximo del orden de 12% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2080, lo que representa casi cuatro puntos porcentuales de incremento respecto al año base del período de análisis y tres puntos por encima de la proyección central del gobierno. En este caso, el resultado del sistema se proyecta alcanzando un déficit máximo levemente superior al 7% del PIB hacia la década del 2080, esto es “solamente una mejora del orden de 1% del PIB” comparado con la situación previa a la reforma (Ley 16.713), en lugar del 3% de ajuste esperado en el escenario planteado en las proyecciones oficiales.

    El Observatorio apunta que los resultados en materia de sostenibilidad “son mucho menos auspiciosos si se considera que los futuros gobiernos actualizarán los parámetros de cálculo del Suplemento Solidario de acuerdo al IMSN (opción legalmente válida), para mantener la suficiencia y cobertura de dicho beneficio”.

    Agrega que, en caso de que el ajuste de los parámetros del Suplemento Solidario se realice de acuerdo al IMSN, el impacto financiero de la Ley 20.130 “se obtiene completamente a partir de la postergación del retiro”, que, con la reciente reforma, es a partir de los 65 años de edad.

    Escenarios

    Por otra parte, la perspectiva financiera del régimen reformado también es sensible a los supuestos macroeconómicos a largo plazo utilizados en las proyecciones. Al respecto, el Observatorio modeló escenarios alternativos al propuesto por el gobierno, bajo el cual el “déficit del sistema resulta más elevado”.

    Con el primero de esos escenarios alternativos (de evolución equivalente entre la masa salarial de los trabajadores y el PIB) proyecta un déficit máximo del orden de 8,5% del Producto, y con el segundo (que supone crecimiento de la masa salarial con relación al PIB) el desequilibrio se eleva en su punto máximo hasta algo más de 9% del PIB. Para ambas proyecciones se mantuvo el supuesto de ajuste de los parámetros del Suplemento Solidario en línea con el IMSN.

    Estos escenarios macroeconómicos alternativos “alertan de posibles trayectorias sustantivamente menos favorables que la divulgada por el gobierno y en el escenario base”, por lo cual —según el Cinve— la reforma “está lejos de garantizar” una perspectiva de sostenibilidad financiera del sistema.

    Diálogo social

    El Observatorio considera probable que el fortalecimiento de la suficiencia en las prestaciones más bajas y cambios en la edad de retiro integren el conjunto de temas a discutir en el diálogo sobre la seguridad social al que convocará el futuro gobierno de Yamandú Orsi, según se anunció en la campaña electoral.

    Como un insumo para ese ámbito, el documento presenta dos ejercicios de proyección asumiendo bajas en la edad normal de retiro, uno a los 60 años y otro a los 63 (con la misma transición temporal fijada en la Ley 20.130, solo que en este caso se interrumpe el proceso al alcanzar los 63 años), y manteniendo los demás parámetros del régimen.

    Señala que el retorno de la edad de retiro a los 60 años “eliminaría cualquier impacto positivo” en la sostenibilidad financiera generada por la reciente reforma, si no se opta por erosionar el Suplemento Solidario; este escenario reinstalaría los “riesgos” que se buscaron disipar.

    A su vez, fijar la edad mínima de retiro a los 63 años produce un “escenario intermedio” entre las proyecciones para el régimen actual y el previo.

    En síntesis, según el Observatorio, estos escenarios “reflejan de forma clara los dilemas existentes entre las dimensiones de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera del sistema”. Adicionalmente, enfatiza que el impacto en materia de sostenibilidad generado únicamente por los cambios en la edad de retiro “no despejan” de manera contundente esos problemas financieros.