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La seguridad social y los riesgos que no se apagan
Fracasó el plebiscito que impulsaban el PIT-CNT y algunos sectores de la izquierda, pero el Frente Amplio, si llega al gobierno, instalará un diálogo para debatir parte de las bases del actual sistema previsional
Pasó la primera vuelta de las elecciones nacionales y tendremos por delante otro mes de campaña, de cara a lo cual vendrán los alineamientos programáticos de los partidos de la coalición republicana y los reacomodos estratégicos, también en el Frente Amplio. Tras la instancia del pasado domingo, también hay mucho para analizar en cuanto a la configuración del Parlamento para los próximos cinco años.
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Pero, más allá del resultado de la votación de los partidos políticos, desde estas páginas no queremos dejar pasar por alto el fracaso del plebiscito de la seguridad social, si bien el decaimiento del apoyo popular a la papeleta por el Sí en las últimas semanas anticipaba lo que pasó. Estaba mucho en juego desde el punto de vista de la confianza en el país y sus perspectivas a futuro.
Más allá de lo legítimo que podía ser la propuesta de establecer en la Constitución que las personas pueden elegir jubilarse a los 60 años de edad (y no a los 65, como dispone la ley vigente que quedó ratificada), de elevar las pasividades más bajas y de prohibir cobrar por administrar los ahorros jubilatorios, todo esto hubiese implicado un costo fiscal insostenible sin aumentar impuestos o recortar gastos, además del costo derivado de los juicios contra el Estado. Pero las consecuencias hubieran ido mucho más allá y, de haberse eliminado las AFAP, también se habrían sembrado dudas sobre la seguridad jurídica en los negocios que tanto resaltan los inversores extranjeros.
Por suerte, eso no ocurrió. Sin embargo, el fracaso de la papeleta blanca que impulsó el PIT-CNT, junto con otras organizaciones sociales y los partidos Comunista y Socialista, no cierra del todo el tema.
El Frente Amplio, que salió de la elección de este domingo con posibilidades de ganar en la segunda vuelta, prevé en sus Bases Programáticas como una de las primeras acciones, si es gobierno, “convocar a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales, representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social, atendiendo a las necesidades y características de la sociedad actual”. Plantea como objetivo “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”, así como “impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo) y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025”. El documento programático frenteamplista también propone “revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más”, profundizando “los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social”. Lo que está insinuado allí son cambios que pueden ser profundos.
La reforma jubilatoria que aprobó en 2023 el gobierno de la coalición republicana puede que tenga varios aspectos a corregir, pero, sin duda, dio pasos en una dirección necesaria. Si finalmente el Frente Amplio gana el balotaje, habrá que ver cómo pesa el sindicalismo y los sectores más radicales de la izquierda en ese eventual diálogo. Y si los ajustes al sistema de seguridad social que emerjan de allí no terminan siendo tan peligrosos como los que implicaba la papeleta del PIT-CNT junto con los sectores más radicales de la izquierda. A estar atentos.
