El sueldo básico de Yamandú Orsi es de $ 734.046,97, a lo que se agregan “gastos de representación” con y sin aportes jubilatorios, y conceptos que en su recibo figuran como “aumento mayo/2023”, “recuperación salarial 2006”, “recuperación salarial 2007” y “antigüedad”. Todo suma haberes nominales mensuales por $ 1.068.404,71, aunque con los descuentos para la seguridad social, el Fondo Nacional de Salud y el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, al presidente de la República le queda “en la mano” —líquido— una remuneración de $ 571.196,68. Como jefe del Poder Ejecutivo, su paga es la máxima dentro de una estructura salarial en esa área estatal que muestra disparidades entre los escalafones de los distintos incisos.
Son diferencias que se arrastran desde hace décadas; a comienzos de este siglo era un aspecto señalado como una distorsión para la gestión de recursos humanos en la administración por el entonces mandatario colorado Jorge Batlle (2000-2005). También José Mujica durante su presidencia (2010-2015) aludió varias veces a los funcionarios, su paga y la supuesta baja constricción al trabajo de algunos, lo que provocó el enojo de los gremios de empleados públicos.
Por su lado, quienes han estado al frente de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en períodos recientes han coincidido en que se trata de un problema que, sin embargo, ninguno pudo resolver.
En junio pasado, en la Presidencia de la República y los ministerios trabajaban algo menos de 75.000 personas. La remuneración mensual por todo concepto en ese perímetro gubernamental rondaba los $ 70.900 nominales en promedio, aunque con brechas relativamente amplias por escalafones y por incisos. Ese panorama surge de datos solicitados por Búsqueda a la ONSC provenientes del Sistema de Gestion Humana (SGH 1.0) utilizado para llevar la información de los funcionarios de la administración central.
Una “tarea titánica”
Conrado Ramos integró gobiernos de distinto color político; fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entre 2007 y 2010, en el primer mandato del Frente Amplio, mientras que ya vinculado al Partido Independiente dirigió la ONSC en los primeros cuatro años del período de gobierno de la coalición republicana. En setiembre de 2020, cuando empezaba esa gestión, este politólogo especializado en gestión pública dijo entrevistado por Búsqueda que en el Estado sucedía que “un administrativo en un ministerio cobra $ 100.000, en otro $ 70.000 y en otro $ 50.000”. Según él, eso obedece al “sistema irracional de compensaciones que se ha ido acumulando de manera aluvional, haciendo que el salario de una persona no depende de lo que hace sino del lugar donde trabaja y las compensaciones corporativas que fue logrando en ese lugar, sean justas o injustas. Esto rompe completamente con el concepto de a igual función, igual remuneración, y hace que las respectivas jurídicas de los organismos digan: ‘Se prohíbe el pasaje de un funcionario de un organismo a otro, salvo que lo pidan en comisión de algún lado’”.
A fines de 2023 Ramos renunció a la ONSC para asumir como secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con sede en Caracas. Se fue conforme con haber logrado que esa oficina de Presidencia maneje información de mejor calidad, pero, al mismo tiempo, con la “insatisfacción” de no haber podido implementar una ley, votada por el entonces oficialismo republicano, que proponía una nueva carrera para los funcionarios que, entre otras cosas, asignaba un valor salarial a más de un centenar de ocupaciones dentro de la administración central. Su temor, dijo en aquella entrevista, era que la norma terminase “en el cementerio de las reformas”; en ese sentido, las actuales autoridades de la ONSC son partidarias de enterrarla, con el argumento de que carecería de apoyo de los sindicatos de funcionarios públicos.
Sergio Pérez, el hoy director de la ONSC, también se refirió entrevistado en junio por Búsqueda a algunas cuestiones que pretende modificar: “Hay que trabajar en aras de que las cosas pasen como deben pasar, capaz que ir limando cuestiones para que esas compensaciones y esas asignaciones de funciones vayan desapareciendo. Eso sería lo ideal. Pero cuando abrís el Estado en toda su dimensión, encontrás que se arrastra un sueldo base y compensaciones que vienen de presupuestos de épocas inmemoriales. A su vez, es una práctica que a veces, cuando no tenés un cargo para llenar o por la situación que sea, asignás funciones y estás pagando una diferencia de sueldo. ¿Es (un tema) a corregir? Entiendo que sí, pero son tantas las cosas que tiene el Estado para hacer, ¿no? Nuestra intención es avanzar en el sentido de que todas esas cuestiones se resuelvan. Pero también vivimos en Uruguay y sabemos que es una tarea titánica”.
Disparidades por incisos
De los datos entregados a Búsqueda por la ONSC en respuesta a un pedido de acceso a la información pública surge que, en junio de 2025, el inciso que pagó las remuneraciones —en promedio— más altas de toda la administración central fue el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF ($ 133.537); esa cartera, encabezada por Gabriel Oddone, tenía 2.941 funcionarios y otros vínculos laborales. Si se excluye del cálculo a la Dirección General Impositiva —cuyos salarios son relativamente altos— y sus 1.864 empleados abocados a la recaudación, la cifra baja a $ 103.018.
El segundo mayor sueldo medio fue el que percibieron los 357 trabajadores del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), de $ 127.269, seguido por los $ 121.639 cobrados por el personal de la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial (285 vínculos laborales).
Otros cuatro incisos del Poder Ejecutivo —Presidencia y los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Trabajo y Seguridad Social y de Ambiente— también retribuían a su personal con salarios y otras compensaciones por encima de los $ 100.000 mensuales.
En el otro extremo, los $ 50.841 de remuneración promedio en el Ministerio de Defensa Nacional —con 27.815 vínculos laborales en junio— eran el monto más bajo de toda la administración central; eso significa un 38% del salario abonado en la cartera que mejor remuneraba. Al mismo tiempo, el personal del Ministerio del Interior —la plantilla más amplia, con 33.353 vínculos— cobró en promedio $ 72.561 mensuales, poco más de la mitad que la del MEF (incluyendo a la DGI).
La remuneración promedio considerando a todos los ministerios y a la Presidencia era de $ 70.898.
Por escalafones
Los incisos y su personal cumplen tareas diferentes, que requieren también tamaños de plantilla y niveles de formación, habilidades y especialización distintos. Eso explica, en parte, las brechas salariales promedio por organismo.
El análisis dentro del actual sistema escalafonario muestra disparidades. Los mejor retribuidos —en promedio— eran una quincena de personas que figuraban en el escalafón de conducción “CO3” y percibían $ 201.271 nominales al mes. Pero los de Ganadería y de Salud Pública estaban unos $ 55.000 por debajo del que trabajaba en Presidencia.
A la vez, los cinco del “CO2”, una categoría similar, tuvieron una remuneración de $ 134.582 mensuales; todos se desempeñaban para el Ministerio del Interior.
El escalafón “A”, que comprende al personal profesional (con estudios de duración no inferior a cuatro años), es uno de los más numerosos de la administración central. A junio, los 5.449 vínculos de esta categoría cobraron, en promedio, $ 129.179, aunque con montos extremos de $ 84.153 en Interior y de $ 177.281 en el MEF.
En junio, 1.297 vínculos laborales integraban el escalafón “B” de técnico profesional (nivel terciario universitario o no universitario, con una carga horaria igual o superior a 750 horas, o una duración no menor a un año y medio, o un mínimo de 50% del total de los créditos necesarios para obtener la titulación de una carrera universitaria). La remuneración media era de $ 110.142, aunque en el Ministerio del Interior —el más bajo— no llegaba a los $ 80.000.
El escalafón “C” son los administrativos y comprende cargos y contratos de función pública asignadas a tareas de registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, así como actividades de planificación, coordinación, organización, dirección y control. La paga percibida por los 3.356 vínculos de esta categoría era de $ 91.203, aunque ese promedio esconde una brecha superior a los $ 40.000 entre algunos incisos.
Había 2.129 en el escalafón “D”, de personal especializado capacitado en centros de formación de nivel medio o en los primeros años de los cursos universitarios de nivel superior. Ganaban $ 97.864 nominales en promedio, con un mínimo de $ 77.411 en Ambiente y un máximo de $ 122.238 en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El resto de los escalafones son más específicos que ciertos incisos, como el personal militar (con remuneraciones promedio de $ 49.667) y el policial ($ 72.636), que involucran en conjunto a 58.607 vínculos, más de la mitad de toda la administración central. El “M”, del servicio exterior que trabaja para la Cancillería, percibía $ 77.524.
