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    Su director prepara una “reestructura barata” del INE, para darle mayor independencia y flexibilidad

    En el Poder Ejecutivo “están de acuerdo”, pero “no tienen plata”; el instituto estadístico oficial lleva seis meses intentando contratar herramientas de inteligencia artificial que le costarían unos US$ 500 mensuales

    El director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), Marcelo Bisogno, empezó a preparar una reforma de la ley estadística, vigente desde 1994, para darle mayor autonomía al organismo, crear un directorio y flexibilizar su gestión.

    Cuando asumió el cargo hace casi un año y medio, el jerarca había adelantado en una entrevista con Búsqueda que pretendía sacar al organismo de la órbita de Presidencia. “Lo sigo pensando (...). En mi cabeza está y estoy trabajando para eso. Si se va a materializar o no, no sé”, afirmó ahora.

    Para convertir la idea en una propuesta, pretende reunir a cuatro o cinco especialistas con experiencia que revisen la normativa y ayuden a redactar una nueva ley. El proyecto requeriría un acuerdo entre el oficialismo y la oposición porque, según explicó, trasciende su gestión: “Esto no es para mí, no es para mi período. Esto va a redundar en futuras administraciones”.

    Según Bisogno, le dio “para adelante” al Poder Ejecutivo para que presente la iniciativa, aunque admite que hay una restricción de tipo presupuestal. “Están de acuerdo, no tienen plata”, resumió. El director del INE tiene la convicción de que esa transformación va a prosperar, pero con un alcance acotado: “Sé que va a ser, a diferencia de lo que yo pensaba, sin plata”. Por eso, trabaja en la propuesta de una “reestructura barata”, centrada en aumentar la independencia técnica y darle al instituto mayor flexibilidad para administrar los recursos disponibles.

    El INE se encarga de la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas nacionales. A partir de marzo de 1985 —entonces Dirección General de Estadísticas y Censos—, pasó a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

    Una institución de Estado

    A comienzos de este mes, Bisogno llevó esta discusión a la XXV Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya presidencia ejerce Uruguay durante el bienio 2026-2027. Allí propuso separar las oficinas estadísticas de los gobiernos para convertirlas “verdaderamente en instituciones de Estado”. También planteó flexibilizar su gestión, documentar mejor los procesos, prepararlas para el cambio tecnológico y profundizar la cooperación regional.

    La independencia, argumentó, adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la desinformación. “Vivimos en una era en la que la verdad misma está en disputa. En este contexto, un dato confiable, producido con independencia, rigor y transparencia no es solo un insumo técnico, es un acto de defensa de la confianza pública”, afirmó durante el encuentro en Santiago de Chile, donde Cepal tiene su sede.

    En Uruguay, aclaró, la independencia técnica del INE no está comprometida. “Todavía tenemos increíbles instituciones”, dijo a Búsqueda. La reforma que impulsa apunta a protegerlas frente a eventuales presiones futuras: “Cuando la desinformación se abarata, el valor de las buenas informaciones sube. Entonces, hay que protegerlo”.

    Entre las formas jurídicas que analiza están transformar el instituto en un ente autónomo o en un servicio descentralizado, con una lógica más cercana a la de una empresa pública. Descartó convertir el INE en una persona pública no estatal, como Ceibal, porque el cambio de régimen laboral exigiría mejores condiciones para retener a los funcionarios. “Esa vía está cerrada. No hay plata”, afirmó.

    Oficinas del INE, en el anexo de la Torre Ejecutiva.

    Oficinas del INE, en el anexo de la Torre Ejecutiva.

    La estructura en la que piensa Bisogno incluiría un consejo o directorio que orientara las decisiones estratégicas y supervisara al director ejecutivo. “Yo necesito un consejo sabio (…) que controle al director del INE, en líneas técnicas, que dé orientaciones”, señaló. Esa contrapartida es necesaria, sostuvo, porque el organismo es el productor oficial de estadísticas y funciona como un monopolio. “Yo no tengo ningún problema con el control. Mejor si no fuera político, si fuera técnico. Pero veámoslo”, agregó.

    Bisogno puso como ejemplo la preparación de los censos. Mientras el instituto estadístico de México mantiene una división permanente dedicada al siguiente operativo, Uruguay no conserva un equipo trabajando exclusivamente en esa tarea, tras el censo de 2023. “Hoy nadie está trabajando en el censo y habría que estar trabajando en el censo. No tenemos recursos”, aseguró.

    La reforma también podría dar al Parlamento un papel relevante en la designación del director, protegerlo frente a una eventual remoción por decisiones técnicas y desacoplar su mandato del ciclo electoral. Una posibilidad sería nombrarlo a mitad del período de gobierno para que continuara durante los primeros años del siguiente. “Tratar de hacer estas instituciones de Estado, no de gobierno. Esa es la idea”, resumió.

    Menos personal y “las cajitas” cerradas

    Al asumir, Bisogno había calificado como “impensable” que el INE continuara funcionando con poco más de 200 empleados. El diagnóstico persiste: el organismo perdió alrededor de 32% de su plantilla durante los últimos seis años y medio, pese a que mantuvo o incrementó la cantidad de estadísticas y encuestas que produce.

    A eso se agrega la dificultad para retener especialistas, cada vez más demandados por el sector privado. “Esto es profesional, no se arregla sin plata”, sostuvo. Como no espera recibir un aumento significativo, Bisogno puso el foco en obtener mayor libertad para administrar los recursos disponibles: “Más flexibilidad, tengo esperanzas; más plata, no tengo esperanzas. Me lo han dicho básicamente”.

    El director ejemplificó esa rigidez con las partidas presupuestales. “Yo, cuando tengo plata para gastar, la tengo que gastar en el 2026. Si no la gasto en el 2026, la pierdo”, explicó. Aun cuando surjan otras necesidades, tampoco puede cambiar el destino del dinero: “Si yo tengo un presupuesto para gastos, no puedo usarlo para recursos humanos. Y para inversión tampoco (...). Las cajitas están cerradas”.

    La reforma buscará, por tanto, que el INE pueda trasladar recursos de un año al siguiente y tenga mayor margen para decidir si los destina a personal, tecnología u otras inversiones.

    Tecnología para reducir costos

    Bisogno utiliza una dificultad aparentemente menor para ilustrar los efectos de la rigidez administrativa. Desde hace seis meses, el INE intenta contratar herramientas pagas de inteligencia artificial por unos US$ 500 mensuales, pero todavía no consiguió completar la compra.

    “Acá, donde podría ahorrar muchísima plata, hace seis meses que estamos tratando de conseguir inteligencia artificial paga”, contó. Según explicó, esas herramientas permitirían reducir horas de programación y acelerar distintos procesos de producción.

    Su incorporación también requiere personal especializado. “Para eso tengo que traer dos tipos que sepan de esto, que nos enseñen. Pero acá no puedo contratar nada, no puedo pagar inteligencia artificial”, sostuvo.

    El INE necesita, dijo, “ingenieros en sistemas, muestristas, economistas, sociólogos, antropólogos, demógrafos” y otros profesionales con formación avanzada. Por eso vincula la modernización tecnológica con la transformación institucional del organismo: “Si pienso en reestructura, es mayor independencia, pero mayor flexibilidad también. Porque la inteligencia artificial la tengo que incorporar”.

    Durante la reunión de la Cepal, Bisogno ilustró otro efecto de la escasez de recursos: el instituto consigue sostener la producción habitual, pero tiene poco margen para investigar y mejorar sus métodos. “En el caso de Uruguay, estamos todos dándole vuelta a la máquina de producir ravioles y nadie piensa cómo mejorar el raviol”, afirmó. En investigación y desarrollo, agregó, el organismo tiene “poquísimo, poquísimo”.

    El jerarca resumió sus dos reclamos de esta forma: “Independencia técnica y flexibilidad de ejecución. Son las dos cosas que pido”.

    Encuestas en 15 días

    Pese a las restricciones, el INE comenzó a desarrollar encuestas no probabilísticas que permitirían obtener algunos resultados con mayor rapidez. “Estamos desarrollando una metodología estadística que nos permitiría hacer encuestas en 15 días”, anunció Bisogno.

    En lugar de seleccionar inicialmente una muestra representativa, el instituto enviaría cuestionarios por correo electrónico o WhatsApp a personas que participaron en la Encuesta Continua de Hogares y luego corregiría los desequilibrios mediante la información sociodemográfica disponible. Si respondieran proporcionalmente más personas de Pocitos que del Cerro, ejemplificó, las primeras recibirían una ponderación menor. El método podría funcionar incluso con tasas de respuesta de entre 6% y 7%.

    La herramienta serviría para determinadas consultas de opinión, pero no sustituiría las mediciones tradicionales. “No vamos a sacar el IPC con eso”, aclaró, refiriéndose al índice que elabora para medir la inflación de precios.

    Bisogno vincula este proyecto con la construcción del “INE 2.0” que había anunciado cuando asumió. Considera que durante lo que va de su gestión se fortaleció primero el funcionamiento básico del organismo —el “INE 1.0”— al cerrar el censo 2023 y publicar la nueva metodología de pobreza monetaria, que llevaba años atrasada.

    “Creo que el INE 2.0 se viene, por ejemplo, con las encuestas no probabilísticas. Pero para desarrollar el INE 2.0 necesito flexibilidad de ejecución”, dijo.

    Registros que todavía no alcanzan

    Otra parte de la transformación será utilizar más intensamente los registros administrativos. “Hay que usarlos. Es el futuro de las estadísticas”, afirmó Bisogno, aunque dudó de que algún país latinoamericano cuente hoy con información suficiente para realizar un censo combinado basado exclusivamente en esas fuentes.

    Las bases uruguayas fueron construidas con fines administrativos y todavía presentan duplicaciones y problemas de identificación. “Hay que mejorar la calidad de los registros y, sobre todo, limpiarlos mucho”, explicó. Destacó como un punto a favor la cooperación entre las instituciones públicas y la facilidad para comunicarse con sus autoridades.

    Sin embargo, el país aún está lejos de los sistemas que utilizan más intensamente esos registros. Como ejemplo, el jerarca mencionó a Croacia, donde los cambios de domicilio se informan a las autoridades y la población puede ser localizada territorialmente con mayor precisión.

    El mismo principio de recalibración previsto para las encuestas rápidas fue utilizado para corregir los sesgos del último censo en Uruguay. “Lo que tuvo malo fue la omisión (…) y el tratamiento que le dimos fue muy óptimo”, sostuvo.

    El INE ya trabaja en depurar esas bases, aunque Bisogno evitó fijar un plazo para avanzar hacia un uso más intensivo; “es el futuro, estamos trabajando; la falta de plata nos complica. Pero a qué ritmo, no sé”.